Lo que organizaciones defensoras del patrimonio arquitectónico porteño no consiguieron en la Legislatura lo obtuvieron a través de la Justicia. El viernes por la noche, pocas horas después de recibir en su juzgado una acción de amparo firmada por varias ONGs, la jueza Andrea Danas le prohibió al Gobierno de la Ciudad que autorice la demolición de cualquier edificio porteño anterior a 1941.El expediente deberá pasar esta semana a otro juez ya que el viernes, día inhábil para los Tribunales, Danas era la jueza de turno.
La decisión fue tomada debido a que el último día de este año vence la protección establecida por la ley 2.548 . Esta norma dice que los pedidos para demoler edificios de más de 70 años de antigüedad deben ser analizados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sólo si este organismo entiende que el inmueble no tiene valor patrimonial, queda liberada la demolición.
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