Preocupación por las condiciones en las cárceles bonaerenses

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por "las dramáticas condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad" en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, constatadas por el Relator para las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar Gil, en la visita que realizó al país en junio de 2010. En aquella ocasión, Escobar Gil examinó distintas cárceles y comisarías de la provincia y exhortó al Estado a “asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana”.

En la audiencia realizada esta tarde en la sede de la CIDH en Washington, representantes de la Comisión por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron imágenes y un diagnóstico extenso sobre las terribles condiciones de detención que sufren los presos bonaerenses. A su turno, el Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales de la provincia César Albarracín, negó las denuncias formuladas por las organizaciones.

El contraste entre la denuncia y la voz oficial impactó a los comisionados presentes en la audiencia, quienes reclamaron al representante del gobierno bonaerense que reconociera si las imágenes presentadas correspondían a casos reales. Ante esta pregunta, Albarracín debió admitir la veracidad de esas denuncias. Escobar Gil preguntó también por las políticas públicas implementadas para mejorar “la dramática situación en que se encuentran las personas privadas de libertad” en la provincia e indagó sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas luego de su visita. Albarracín no respondió de manera clara. Tampoco pudo contestar las preguntas de los otros comisionados, que apuntaron a las investigaciones judiciales y administrativas por los casos de tortura y muerte de detenidos, y a las políticas específicas para personas LGBT privadas de libertad.

Por último, el CELS y la CPM pidieron una intervención activa de la Comisión Interamericana para garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a seis objetivos fundamentales:

1. Establecer criterios oficiales acorde con el principio de trato digno para determinar el cupo penitenciario y sancionar una ley de control de la sobrepoblación.

2. Sancionar e implementar el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura y el Mecanismo provincial.

3. Desarrollar una política de producción y acceso a la información sobre la situación de las personas privadas de libertad en la provincia y eliminar los obstáculos que hoy existen para contar con información pública.

4. Implementar políticas de prevención y sanción de la tortura, los malos tratos y la violencia intramuros y un programa efectivo de protección de víctimas y testigos de tortura.

5. Establecer un sistema de salud penitenciaria que reduzca las muertes por enfermedades evitables y asegure un trato digno a los detenidos e incorporar ese Área al Ministerio de Salud provincial.

6. Impulsar una reforma estructural del Sistema Penitenciario Bonaerense.

A lo largo de los últimos 10 años la CIDH ha monitoreado de manera permanente la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina, por considerar que éste es uno de los principales grupos sobre los que se focalizan las violaciones de derechos humanos en el país.