30.9.10

Cierran una denuncia contra Faggionato

El Consejo de la Magistratura cerró una denuncia contra el ex juez federal de Campana, Federico Faggionatto Márquez, quien había sido acusado por sus propios empleados de llevar adelante "acuerdos económicos" con abogados, según la resolución a la que accedió el portal Online-911.

Le mediático ex juez había sido señalado por quien lo reemplazó en el cargo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, por supuestos "arreglos económicos con una red externa de abogados".

Así se desprende de documentación del Consejo de la Magistratura, que precisa que la magistrada llevó hasta allí su denuncia, de la que tuvo conocimiento a raíz del relato de empleados del juzgado federal que comanda.

El Consejo cerró la causa contra Faggionato Márquez porque sólo tiene facultades disciplinarias con los jueces que están en actividad, y el ex magistrado fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento el 25 de marzo pasado.

No obstante, del expediente se desprende que Arroyo Salgado promovió la causa 348/2009, donde Faggionato Márquez aparece investigado por la "presunta comisión de un delito de acción pública". Arroyo Salgado da cuenta allí de "supuestas irregularidades que se desprenderían de la declaración realizada por Mariana Verónica Pose, prosecretaria administrativa interina del Juzgado Federal de Campana".

La funcionaria -se indicó- expuso "circunstancias fácticas en las cuales habrían participado Federico Efraín Faggionato Márquez, Juan Manuel Arroquigaray, Andrés Barbero, Roberto Dios, Miguel Fernández Madero y Daniela Farías, las que serían lesivas al sistema normativo".

Cabezas: Prellezo vuelve este viernes a su casa

El ex policía condenado a reclusión perpetua por asesinar al periodista José Luis Cabezas, regresaría mañana a su casa (en la foto, su padre charla con una periodista en La Plata) luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores rechazó hoy un recurso de la fiscalía que se oponía a ese beneficio.

A partir de esta decisión de los camaristas, el ex subcomisario de Pinamar "seguramente regresará mañana a su casa" para gozar del beneficio de arresto domiciliario.

El fiscal Diego Escoda había solicitado a los camaristas que revoquen la excarcelación de Prellezo, bajo el fundamento de que no es mayor de 70 años -tiene 48- ni padece una enfermedad incurable en fase terminal -sufre hernia de disco y lumbalgia-, dos de las condiciones que el artículo 159 del Código Procesal prevé para el beneficio del arresto domiciliario.

El funcionario del Ministerio Público también había argumentado que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores concedió la morigeración de la pena para el asesino de Cabezas sin dar vista previa a esa decisión a la fiscalía, tal y como establece el artículo 163 del Código.

Había planteado, además, que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no tendría en disponibilidad la pulsera electrónica para colocar a Prellezo y controlar que no salga de la casa de su padre, por lo que habría peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la prueba.

Reformas legislativas sobre políticas de drogas

El próximo lunes 4 y martes 5 de octubre, expertos, funcionarios públicos, profesionales y activistas se darán cita a debatir políticas públicas, temas de seguridad y estrategias de atención a personas con consumos problemáticos de drogas en el Congreso de la Nación.

A un año del fallo Arriola, las expectativas en la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas se concentran en la reforma legislativa pendiente. Además, el máximo experto en crack del Brasil, Antonio Nery Filho, realizará una presentación magistral. Organiza la asociación civil Intercambios.

Iniciada en 2003, la Conferencia sobre Políticas de Drogas es una plataforma para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras a las políticas represivas, que llevan a que en la Argentina casi el 70 por ciento de las personas con causas judiciales por temas de drogas sean usuarios o mulas y no integrantes del crimen organizado.

"El año pasado, la Conferencia estuvo signada por la expectativa ante la inminencia del fallo de la Corte Suprema en el caso "Arriola", que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. En ese marco, la participación del juez de la Suprema Corte Eugenio Zaffaroni, sirvió para que el tema se instalara en la agenda pública. Este año, el objetivo es abrir el debate sobre las reformas legislativas en marcha", explicó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios e investigadora de la UBA.

La asistencia es gratuita con inscripción previa. Para más información: 4954-7272 de 10 a 18 hs o en este link.

29.9.10

Descompuesto, el represor Menéndez se fue del juicio

En Córdoba, donde se investiga su rol en la represión de los setenta, Luciano Benjamín Menéndez sufrió hoy "una descompostura" y fue trasladado desde los Tribunales federales hasta su casa de barrio Bajo Palermo, en la provincia mediterránea.

El presidente del tribunal, Jaime Díaz Gavier, dijo luego de un cuarto intermedio de la audiencia de hoy que la condición de salud del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército había sido "constatada por el médico forense" de la Justicia Federal y que el juicio se desarrollaba con normalidad porque el imputado era representado por su abogado particular, Alejandro Cuestas Garzón.

Un militar que cumplió en forma "esporádica" funciones en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) afirmó que nunca se enteró de que hayan habido "ataques" durante el traslado de prisioneros.

Carlos Daniel Esteban, teniente coronel retirado, es el primer testigo en declarar en este juicio que comenzó el pasado 2 de julio. "Nunca sucedió ningún ataque a un convoy que trasladara detenidos (...), al menos que yo me haya enterado", indicó el testigo, quien admitió ser "amigo" de alguno de los imputados, entre ellos César Quiroga, con quien "salía a correr", dijo.

La cuestión de los traslados es clave porque 26 de los 28 asesinatos cometidos contra presos de la UP1 ocurrieron, según la versión de la dictadura, cuando se registraban supuestos ataques a móviles militares mientras se llevaba a los presos a sedes del Ejército.

Jueces ven con preocupación los dichos de Hebe

En una movilización que reunió a más de 20 mil personas en apoyo a la Ley de Medios, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, brindó un duro discurso contra los jueces del máximo tribunal a los que acusó de cobrar "sobres con plata" y llamó "a tomar los tribunales".

Esta mañana, la Asociación de Magistrados que conduce Ricardo Recondo emitió un comunicado en repudio a sus palabras asegurando que su institución "deplora que las autoridades del gobierno de la Nación, hubieran convocado a un acto masivo, con el único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas, y que para el logro de tan criticable objetivo el jefe de gabinete hubiera recurrido al agravio y a la descalificación pública de los jueces, en un claro desconocimiento del respeto que exige la división de poderes".

En su comunicado, la entidad señaló que "frente a estas actitudes, que no solo ignoran groseramente que en una república la Corte Suprema es la última interprete de la Constitución Nacional, sino que a su vez afectan gravemente la independencia del Poder Judicial, esta Asociación destaca el total respaldo del conjunto de jueces y funcionarios al más Alto Tribunal del país y el compromiso de defender los valores de la Justicia".

Parte del discurso de Bonafini se puede ver y escuchar a continuación:

Buena política, buena gestión, buen gobierno

Por Hugo Quintana, secretario general de APOC

La contaminación del Riachuelo ha cumplido también doscientos años. Es el bicentenario que no se ha recordado oficialmente, aunque habría motivos para hacerlo, malos motivos, por supuesto. Recordar, por ejemplo, que es el cauce más contaminado de Sudamérica, que los niños que habitan en la zona son propensos al síndrome del "bebé azul", un tipo de cianosis mortal, que la Cuenca afecta en forma directa a casi de 6 millones de personas, de los cuales 3,3 millones carecen de redes cloacales y 2 millones no cuentan con agua potable, y que sólo el 5% de los residuos vertidos en el curso de agua recibe tratamiento previo.

Lejos de allí, en Londres, el Támesis está mostrando su mejor estado de limpieza, un río que había sido declarado biológicamente muerto en 1957.


La historia negra del Riachuelo se ha construido con una combinación de desaprensión, corrupción, ineficacia, etc. Todas las malas disposiciones del espíritu humano concurren allí, aportadas desde el lado público y desde el privado. Como el "río inmóvil", nada ha cambiado, sólo puede ser que hayan variado las dosis de indolencia, deshonestidad e inutilidad.



La erosión de la confianza pública en las instituciones políticas se explica, en gran parte, por la escasa capacidad de la dirigencia política y de los funcionarios que la acompañan en abordar y resolver los problemas que preocupan a las personas comunes. Estos son los auténticos “problemas públicos” de que habla la ciencia política. Al contrario, la política se legitima a los ojos de los ciudadanos cuando identifica y soluciona problemas públicos. Para resolver problemas públicos es esencial, además de la voluntad política de hacerlo, la existencia de capacidad de gestión. Sin ésta, la disponibilidad de recursos es vana, ya que no ha de estar presente la inteligencia directiva que los organice y que encamine los esfuerzos en el buen sentido.


El estado actual de la Cuenca Matanza Riachuelo es un problema público de primer orden; es causante de creciente deterioro ambiental, enfermedades y mortalidad en la zona de influencia. La intensidad y extensión que van tomando estos daños no parecen ser suficientes como para movilizar la administración del ente creado para ejecutar el saneamiento de la Cuenca. Existe ahora un mejor marco jurídico, están los recursos, pero lo que no hay es una dirección eficaz, que acierte con el curso que debe tomar la solución efectiva del problema. Como falta esa capacidad, el programa no termina de arrancar. Una evidencia de ello es la baja utilización de los créditos específicos otorgados por los organismos multilaterales, en particular, y de los créditos presupuestarios, en general.


El juez federal, Luis Armella, requirió al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, que informe a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado de los créditos internacionales afectados al plan de saneamiento del Riachuelo. Además, solicitó al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, y a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo. La orden del magistrado se dio luego de que constatara que no se estaba ejecutando la totalidad de las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto, ni siquiera los créditos internacionales tomados para el fin específico de la limpieza de la Cuenca Matanza-Riachuelo.


La resolución efectiva de un problema público, como lo es el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, requiere capacidad de gestión. Tener capacidad de gestión en un organismo del Estado significa:


-Entender qué resultados deben alcanzarse.

- Estar bien organizado para lograrlos.

    - Ser tan eficiente como sea posible.
    - Reconocer los resultados reales alcanzados y demostrar lo que se ha logrado, es decir, rendir cuentas y responder por los resultados obtenidos.
Precisamente, son los requisitos que no puede exhibir la ACUMAR y esas carencias la convierten en un problema en lugar de ser un instrumento para la solución. Greenpeace lo observa de esta manera: "Es alarmante que todavía, a tres años de creada la ACUMAR, no tengamos un diagnostico del total de industrias existentes, ni de las emisiones contaminantes que realizan a la Cuenca, esta información es clave para la implementación de un plan de reducción de la contaminación".

Las acciones de APOC y de otras organizaciones de la sociedad civil y las actuaciones de la Justicia lograron poner de relieve la mezquindad de quienes contaminan y la inoperancia y falta de control de los organismos del Estado responsables de revertir la situación.


Merced a la intervención de la Corte Suprema existe la obligación cierta y exigible de sanear el Riachuelo, de informar al público, con claridad y a tiempo, sobre las acciones ejecutadas al respecto, y de permitir el funcionamiento de instancias de control externo, estatal y social.

APOC mantiene su compromiso de contribuir a la sensibilización de los políticos y de la comunidad en torno de este problema que ofende a la dignidad y a los derechos humanos de nuestros hermanos asentados en la zona de la Cuenca.

AMIA: procesan a Anzorreguy por encubrimiento

El ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem sufrió un revés judicial al confirmar la Cámara Federal su procesamiento sin prisión preventiva por supuesto encubrimiento en la investigación del atentado terrorista a la AMIA.

La Sala I ad hoc del tribunal de alzada rechazó el planteo de nulidad que había hecho la defensa del ex "Señor Cinco", objetando el llamado a declaración indagatoria, el acta de dicha diligencia, y el auto de procesamiento.

Para los jueces "no habiéndose detectado irregularidad alguna en los actos señalados por la defensa técnica del imputado Anzorreguy, ni el perjuicio alegado, corresponde homologar la decisión recurrida", es decir el procesamiento sin prisión preventiva.

Anzorreguy está procesado como supuesto "autor material" del encubrimiento en la investigación de la llamada "pista siria" por el atentado a la AMIA, a la vez que el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, y el ex comisario Jorge "Fino" Palacios.

También se encuentran procesados el ex Coordinador General de Audiencias de la Presidencia y hermano de Menem, Munir Menem; el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar y el ex comisario Carlos Castañeda.

Todos están acusados por los presuntos delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y recibieron embargos de hasta 400 mil pesos cada uno. Para el juez federal Ariel Lijo, Carlos y Munir Menem fueron quienes "habrían instigado" a encubrir la investigación penal contra el empresario sirio Alberto Kanoore Edul, lo que fue cumplido por el resto de los procesados "que fueron directamente determinados a hacerlo".

28.9.10

Se tensa la relación entre gobierno y Justicia





El recorte presupuestario al poder judicial que alcanza el 40 % es apenas la punta del iceberg de un vínculo cada más ríspido entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En las últimas semanas, el gobernador santacruceño desoyó un fallo del máximo tribunal que le ordenaba reincorporar al ex procurador provincial Eduardo Sosa y la mismísima presidenta se quejó por una medida cautelar en favor de Fibertel.

Hablará del tema la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, que acompañó el pedido de intervención de Santa Cruz.

Además: ¿Qué ocurrirá con la Ley de Glaciares? Analiza el tema Enrique Matías Viale, presidente de Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

27.9.10

Sagarra: "Este juez no tiene presión alguna"

Elvio Sagarra, el juez federal de La Plata, cuestionado el último fin de semana - a través de su cuenta de Twitter - por la mismísima presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, salió al cruce de sus declaraciones y defendió su posición al librar una medida cautelar a favor de Fibertel.

"Me sorprendió que la presidenta haya criticado mi fallo porque en una República se deben tener muy firmes la división de los tres poderes, que son la base. Esto es una medida cautelar a la que le han dado una trascendencia extrema porque después falta la sentencia", señaló.

En este sentido, dejó en claro que "este juez no tiene presión alguna, ni por la Presidenta ni por nadie. Me extraña que haya colocado un nombre muy distinto y apolítico al lado de San Martín y Rosas. Para mí es San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Ese mi ideario fuera de la Justicia, dentro, es hacer Justicia con todos por igual, incluso con el Estado que es una persona más al igual que todos los ciudadanos".



Audio: Elvio Sagarra, juez federal de La Plata, responde a Cristina (Radio El Mundo AM 1070)

El recorte del presupuesto tensa la relación con la Corte

La Corte Suprema hizo saber hoy su malestar por la decisión del Poder Ejecutivo de recortar casi 40 por ciento el presupuesto asignado al Poder Judicial, que ahora deberá ser considerado por el Congreso, y advirtió que la partida establecida "impide la proyección y realización de acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de Estado".

Así se afirmó en una nota publicada en el sitio Centro de Información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema, y que se da a conocer en el marco de la conflictiva relación que están viviendo el Gobierno de Cristina Fernández y la Justicia.

Hace doce días el ministro de Economía, Amado Boudou, presentó ante integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011.

Y del análisis de esos números se desprende que hay una reducción de 778 millones de pesos para el área de la Justicia, se precisó hoy. "Ello impide la proyección y realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de Estado fijadas por el Poder Judicial".

De acuerdo a esa información, el Poder Ejecutivo recortó unos 355 millones de pesos a la caja de la Corte Suprema (un 39 por ciento), mientras que hizo lo propio con el Consejo de la Magistratura, pero en 423 millones, lo cual implicó una merma de 12 por ciento.

La nota del CIJ advierte que "la quita al presupuesto de la Corte está reflejada especialmente en el recorte de los créditos presupuestarios para las obras proyectadas por el Alto Tribunal: el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la Refacción del Palacio de Tribunales, y en los cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer".

Lesa humanidad: Patti abandonó la sala de audiencias

El ex comisario fue autorizado por el Tribunal Oral Federal 1, en una medida que despertó rechazo del público presente. La decisión se tomó al retomar la lectura de las acusaciones de los querellantes y a pedido del abogado de Luis Patti, Luis Duarte, quien argumentó que durante la mañana le había bajado la presión y había sufrido "incomodidad y dolores" que obligaron a atenderlo en la ambulancia.

Patti, acostado en una camilla, y el ex dictador Reynaldo Bignone comenzaron a ser juzgados desde esta mañana por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona de Campo de Mayo durante la dictadura.

El juicio oral contra el ex intendente de Escobar y el ex presidente se inició esta mañana en una sala de la Municipalidad de General San Martín, y está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de ese partido bonaerense.

En el banquillo de los acusados estaba también Santiago Omar Riveros, quien se desempeñó como comandante del Comando de Institutos Militares durante los años 1976/77.

Dos meses de indagatorias

Comenzarán desde mañana martes. El juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, trazó un cronograma de presentaciones entre las que se cuentan la del ex recaudador de campaña, Héctor Capaccioli y el ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin.

El primero comparecerá ante el magistrado el próximo 5 de octubre y el segundo el 26 del mismo mes. La lista continúa con Ana Kapfer (28 de sep), Carlos Bonano (30 de sep), Sabrina Alegrino ( 1 de octubre), Juan Carlos Rinaldi (12 de oct), Ana Mará Navas (14 de oct), Hernán Diez (19 de oct), Sebastián Gramajo (21 de oct), Diego Tarruela (28 de oct), José Luis Di Leva (2 de noviembre) y Carlos Horacio Torres (9 de nov).

24.9.10

Cúpula relevada: la ex plana mayor de la 49, en la mira

La Cámara del Crimen porteña dispuso hoy la detención de la ex plana mayor de la comisaría 49a. de la Policía Federal, procesada por "asociación ilícita" tras ser acusada de cobrar por la seguridad de comercios, proteger a ladrones de pequeños objetos en locales y exigir dinero para permitir la venta ambulante y el servicio de estacionamiento.

La medida fue dictada por la Sala VI de la Cámara, que procesó a nueve integrantes de la comisaría del barrio porteño de Saavedra (hoy en disponibilidad) y ordenó la "prisión preventiva" de todos ellos, entre quienes se encuentra el ex comisario.

Siete de los nueve uniformados involucrados se presentaron esta tarde con sus respectivos abogados en la Superintendencia de Asuntos Internos. Los imputados "quedaron a disposición del juzgado interviniente", indicaron fuentes policiales, quienes agregaron que se esperaba de un momento a otro similar actitud de los dos uniformados restantes.

La investigación se originó en la denuncia realizada por dos policías de la propia comisaría, quienes expusieron los hechos que ocurrían en la seccional y con los que estaban en desacuerdo.

Una recurso de la fiscalía, demora la salida de Prellezo

El ex policía condenado a reclusión perpetua por asesinar al periodista José Luis Cabezas, seguía hoy en la cárcel platense Unidad 9 (U9) y no saldría de allí al menos hasta la semana próxima.

La demora de la excarcelación del ex subcomisario de Pinamar para ir a la casa de su padre a cumplir detención domiciliaria se debe a que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores antes tiene que expedirse sobre un recurso de la fiscalía, que se opuso al otorgamiento del beneficio.

El próximo acuerdo de los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone está previsto para el martes 28, por lo que al menos hasta ese día no se haría efectiva la eventual salida de Prellezo de la prisión, confiaron las fuentes.

Esta mañana, Anastasio Prellezo, padre del homicida, se presentó ante la Cámara y firmó el escrito por el cual asume la custodia de su hijo, si finalmente va a vivir a su casa, en la calle 60, número 2174, del barrio platense Los Hornos.

La mujer de Prellezo, Rosa Rodríguez, ya lo había hecho ayer al concurrir a los tribunales de Dolores y comprometerse a lo mismo. El fiscal Diego Escoda solicitó a los camaristas que revoquen la excarcelación de Prellezo y lo fundamentó en que no es mayor de 70 años -tiene 48- ni padece una enfermedad incurable en fase terminal -sufre hernia de disco y lumbalgia-, dos de las condiciones que el artículo 159 del Código Procesal prevé para el beneficio del arresto domiciliario.

El funcionario del Ministerio Público también argumentó que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores concedió la morigeración de la pena para el asesino de Cabezas sin dar vista previa a esa decisión a la fiscalía, tal y como establece el artículo 163 del Código.

Un amparo en Dolores cuestiona el cambio en la grilla

La decisión de modificar la grilla de canales, que se implementará el próximo 1 de octubre, sufrió su primer revés después de que el Juzgado Federal de Dolores hiciera lugar a una medida cautelar para detener la propuesta de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

El conjuez Adolfo Harisgarat hizo lugar a un amparo de la productora El Garage, que emite por Cablevisión, argumentando que la medida afecta "el derecho de libertad de expresión y de prensa; de propiedad, libre iniciativa, de ejercer industria lícita, de comer, de contratación y libertad comercial".

Harisgarat escribió en su resolución que "la autoridad de aplicación" puede "modificar o actualizar el régimen de ordenamiento de la grilla de programación y para autorizar el apartamiento de las suposiciones contenidas en el mismo, si se acreditan razones de fuerza mayor".

Al mismo tiempo consideró que "la Ley 26.522 (de Radiodifusión) se refiere a la correlatividad de las señales del mismo género y que se deberán incluir todas las emisoras públicas del Estado Nacional; con la reglamentación de la misma aparece posible que determinada programación deje de existir sin que se haya dado motivación al acto administrativo en cuanto a la imposibilidad de libre disponibilidad de la grilla, otorgándole absoluta potestad a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual excediendo el marco de la ley".

Por otra parte, el magistrado le ordena a la AFSCA que "se abstenga de dictar actos administrativos y/o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada Resolución hasta tanto en el presente proceso se dicte sentencia definitiva".
Fallo completo: un juez de Dolores frena el cambio de grilla de televisión

23.9.10

Esma: ahora reclaman que declare Bergoglio

El arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio podría ser citado a declarar como testigo en el juicio que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada luego que una detenida lo vinculara con el secuestro de dos jesuitas.

El pedido corrió por cuenta del Luis Zamora luego de la declaración de la ex detenida María Elena Funes, quien sostuvo que los jesuitas Francisco Jalics y Orlando Yorio fueron secuestrados luego de que Bergoglio les quitara su licencia religiosa. Zamora, que actúa como abogado querellante, hizo el planteo ante el Tribunal Oral Federal 5 que deberá resolver si cita a Bergoglio.

Funes señaló Jalics y Yorio fueron secuestrados el 20 de mayo de 1976 y llevados a la ESMA, una semana después de que, según contó, Bergoglio les retirara la licencia para ejercer el sacerdocio en una villa del Bajo Flores.

"Era de imaginar que Bergoglio estaba muy en contra de esa forma de trabajar. Ellos se quedaron sin el respaldo a partir de que Bergoglio les quita la licencia y justo esa semana llega el operativo de las Fuerzas Armadas", declaró Funes.

Argibay por Argibay

La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, insistió hoy con que la idea de bajar la edad de impubildad no conduce a nada y volvió sobre un tema que consideró necesario debatir en este momento: el aborto.

En diálogo con radio Continental, la magistrada se negó a hacer comentarios sobre el encono entre la provincia de Santa Cruz y el máximo tribunal de Justicia, que hace una semana denunció al gobernador Daniel Peralta por desobediencia y reclamó la asistencia del Congreso.



Audio: La vuelta, radio Continental AM 590

Archivan juicio político por el matrimonio igualitario

Lo decidió el Consejo de la Magistratura de la Nación. Martha Gómez Alsina, que había detenido casamientos entre personas del mismo sexo, estaba acusada por mal desempeño de sus funciones pero el órgano encargo de la elección y remoción de magistrados archivó el pedido.

El plenario del Consejo ratificó por unanimidad un dictamen de su comisión de Disciplina y Acusación, que la semana pasada rechazó las denuncias que presentaron contra la jueza la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), María Rachid, y la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori (ver sus datos en Funcionarios)

Rachid y Liberatori denunciaron que Gómez Alsina había anulado bodas que fueron autorizados por decisiones de jueces de la ciudad sobre las que no tiene competencia. La jueza civil había suspendido el casamiento entre Alejandro Freyre y José María Di Bello (ver el programa sobre matrimonio igualitario en Será Justicia), el primero de Latinoamericana entre gays que luego se concretó a fin de año en Tierra del Fuego.

El caso del ex procurador Sosa, a la CIDH

El actual agente fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Claudio Espinosa, presentó una denuncia contra la Corte y el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para permanecer en su cargo. Es que, de acatarse el fallo del máximo tribunal de Justicia - que ordena reponer al ex procurador Eduardo Sosa en su cargo - Espinosa sería desplazado.

El hombre inidicó que los fallos dictados por la Corte (el primero en 2009 y el "conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial” y confirma que denunciar también al órgano legislativo "a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamente ejerzo", publicó el diario Clarín.

Según el gobernador Daniel Peralta si se ejecutara el mandato de la Corte quedaría al borde un juicio político por violación de la Constitución santacruceña. En la Legislatura, en tanto, salieron a respaldar al patagónico: diputados provinciales criticaron el último fallo y rechazaron la intervención federal propuesta por el Congreso.

"Es un fallo escandalosamente institucional porque viola la autonomía de la provincia en el afán de dar respuestas favorables a quienes mantienen lazos opositores y el deseo de romper la paz social en la provincia de Santa Cruz", indicó la oficialista Ana Urricelqui.

Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal salieron al cruce del incumplimiento de Santa Cruz y le pidió "a las autoridades provinciales que acaten sin más la decisión de la Corte Suprema en orden al respeto que se merecen sus decisiones y la matriz republicana de gobierno que garantiza la Constitución Nacional".

En este marco, el CPACF "resultaría oportuno que el Congreso Nacional brinde una solución legislativa apropiada a las circunstancias, teniente a evitar que hechos como el que motiva la presente se sucedan sin más, habida cuenta el impacto negativo que genera en la ciudadanía y en las Instituciones", precio la entidad.

22.9.10

Cabezas: prisión domiciliaria para uno de los asesinos

El ex policía bonaerense Gustavo Daniel Prellezo, condenado a reclusión perpetua como autor material del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario porque "necesita un ambiente carente de humedad" y "aplicaciones de calor que calmen sus dolores".

Así lo resolvió esta mañana la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores con la firma de los camaristas Fernando Sotelo y Susana Miriam Darling Yaltone, que hicieron lugar a una solicitud de la defensoría oficial y dispusieron que Prellezo abandone la Unidad 9 de La Plata y viva en la casa de su padre, en el barrio platense Los Hornos.

Los jueces establecieron en su fallo que Prellezo "padece una enfermedad frente a la cual su situación de detención agudiza su patología por necesitar de un ambiente carente de humedad, someterse a tratamiento kinesiologico continuo, con aplicaciones de calor a fines de calmar sus dolores".

Prellezo, último de los ocho condenados en febrero de 2000 por el homicidio de Cabezas que quedaba en prisión, debía cumplir la pena de reclusión perpetua como autor material de los dos disparos a la cabeza que mataron al fotógrafo de la revista Noticias, pero ese castigo no se encuentra firme y está a consideración de la Suprema Corte bonaerense.

Tras el testimonio de Carolina, ¿habrá más detenidos?

Así lo confirmó su abogado, Fernando Burlando, que no descartó que tras la declaración de su defendida, que se producirá esta tarde, solicite nuevas detenciones, entre las que pudiera incluir a personal de la sucursal del banco Santander Río.

El letrado confirmó este mediodía que es intención de la familia Píparo solicitar nuevas detenciones, tras la declaración de Carolina. "Vamos a intentarlo, creemos que podemos solicitar algún tipo de detención más. No descarto nada, ni a empleados del banco, ni a alguna mujer que haya estado detenida y recuperado la libertad", dijo a la prensa este mediodía.

Burlando enfatizó que la "idea es llevarlos a todos a juicio oral y ahí que se defina la situación, tanto de las mujeres (procesadas por encubrimiento) como la del cajero, como la del Banco mismo".

Sobre el Santander Río, aseguró que "la idea es vincularlo a este proceso de alguna manera; sabemos que la única forma es esclarecer los hechos respecto a la participación del cajero".
El 29 de julio, Píparo, embarazada entonces de casi 9 meses, retiró dinero al Banco Santander Río de la esquina de 7 y 42 de La Plata.

21.9.10

Investigación criminal: el rol técnico en la Justicia





Hablan Manuel de Campos, juez de Instrucción y director Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas; Fernando Guillermo Cardini, de la Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas y Leonardo Ghioldi, psiquiatra y miembro del Cuerpo Médico Forense.

Otra derrota K en el Consejo de la Magistratura

El abogado Daniel Eduardo Ostropolsky, crítico del kirchnerismo, se imponía esta noche las elecciones de letrados de las provincias para el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

Ostropolsky, de la Lista 1 Para la recuperación de la Justicia, se imponía con 3.244 votos sobre los 2.508 que obtenía la Lista 3 Abogados por una Justicia Independiente, liderada por Juan Carlos Paris.

Desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), poco antes de las 22 se habían escrutado 108 de las 133 mesas habilitadas para los comicios (81 por ciento), y sólo faltaban recibir los datos correspondientes al sufragio en Mendoza, informó la agencia DyN.

Los voceros aclararon que la tendencia no es definitiva pero arriesgaron que la diferencia aparecía como "indescontable" a favor de Ostropolsky, debido a que las tendencias previas a la elección determinaron que Mendoza era un distrito favorable a su postulación.

Una junta médica para evaluar el estado de Zanola

El presunto deterioro de la salud del líder sindical preocupa, desde un tiempo a esta parte, a sus familiares y su defensa. Es por eso que el juez federal Norberto Oyarbide ordenó que una junta médica constate el estado de salud de Juan José Zanola, detenido y procesado por la "mafia de los medicamentos", para determinar si puede permanecer en el hospital de la cárcel de Villa Devoto o debe cumplir el arresto en su domicilio.

La defensa de gremialista pidió la semana pasada el beneficio del arresto domiciliario por su estado de salud, lo que ya fue rechazado por el fiscal federal Luis Comparatore, pero al mismo tiempo solicitó la realización de estudios médicos.

El magistrado citó a médicos de la cárcel de Devoto, del Cuerpo Médico Forense y del Hospital Argerich, donde Zanola estuvo internado hace 10 días, para que dictamen sobre el estado de salud del sindicalista.

Zanola, de 75 años y fumador crónico, padece un efisema pulmonar por el que sufrió una descompensación y un juez de instrucción ordenó su traslado desde la cárcel federal de Marcos Paz al Hospital Argerich.

Apablaza, por ahora, seguirá en libertad

Sergio Galvarino Apablaza Guerra, el hombre que hace semanas ocupa el centro de atención en las relaciones con Chile - en el país vecino se lo acusa de un asesinato y un secuestro, en pleno retorno democrático - se reunió hoy con el juez federal Claudio Bonadío.

Mientras se resuelve su situación - es decir, si el Estado argentino le otorga el asilo - el magistrado le prohibió salir del país y le exigió presentarse en su juzgado una vez por semana desde hoy.

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Felisa, la primera funcionaria K que va a juicio oral

La ex ministra de Economía, Felisa Miceli, se convertirá en la primera funcionaria del kirchnerismo en enfrentar un juicio oral por corrupción después de que la jueza federal María Servini de Cubría elevara el expediente que la tiene como protagonista por la bolsa de dinero hallada en su baño, en 2007.

El Tribunal Oral Federal número 2 realizará, en principio, una "instrucción suplementaria" y luego fijará el inicio de los procesos en su contra. Sobre la ex funcionaria del Palacio de Hacienda pesan los cargos de "encubrimiento de una operación financiera ilícita" y "destrucción del acta policial original".

El episodio se remonta al 5 de junio de 2007, cuando en medio de una inspección de rutina la división Explosivos de la Policía Federal, encontró un envoltorio con 100 mil pesos y 31.670 dólares ocultos en el baño de Miceli. En principio, la funcionaria - que en la actualidad asesora a Madres de Plaza de Mayo - dijo que el dinero era su hermano para comprar una vivienda y más tarde, que era suyo.

El fiscal Guillermo Marijuán, al reclamar la elevación a juicio, se apoyó en esa contradicción al señalar "la mendacidad con la que se desenvolvió la imputada a lo largo de la investigación" ya que esos billetes, según el funcionario judicial, "tenían un origen espurio" y "llegaron a su poder por afuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, que contara, además, con su correspondiente respaldo documental".

En un principio, se habilitó una segunda vía de investigación para determinar si el dinero había sido obtenido legítimamente por Miceli pero más tarde, después de pasar por el juzgado de Daniel Rafecas, la Sala I de l Cámara porteña decidió unificarlas en el de Servini.

Presentan un informe sobre el estado de las cárceles

Este mediodía, la Procuración Penitenciara de la Nación presentará su Informe Anual sobre el estado carcelaria hasta 2009 que "pone en conocimiento de los poderes públicos y de la sociedad civil la evaluación de este Organismo sobre los problemas más graves que afectan la vigencia de los derechos humanos fundamentales en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal", adelantó Francisco Mugnolo, su director.

Mugnolo recordó que "en el transcurso de los últimos años la Procuración Penitenciaria ha llevado a cabo investigaciones, protocolos de actuación, creación de bases de datos y otras iniciativas dirigidas a producir información confiable acerca de la Tortura en la Argentina. En base a la actividad desplegada, podemos sostener un diagnóstico grave acerca de la situación de la tortura en las cárceles federales argentinas".

El trabajo desarrollado por la Procuración en 2009 "nos permite afirmar categóricamente que la Argentina no ha adoptado medidas dirigidas a evitar la impunidad de los presuntos autores de actos de tortura", alertó.

"Como se pone de manifiesto -dijo el organismo de Mugnolo-, las denuncias por malos tratos y torturas en la inmensa mayoría de los casos terminan en archivo judicial, sin que se realicen investigaciones exhaustivas dirigidas a enjuiciar y en su caso condenar a los autores de actos de tortura", manifestó. "Tampoco se ha adoptado ningún tipo de medida dirigida a que los denunciantes de actos de tortura sean protegidos de las amenazas y posibles atentados a su vida e integridad física por parte de sus agresores", añadió.

20.9.10

Una asociación tilda de "dramática" la falta de jueces

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJFN) le pidió a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura una audiencia para tratar la "dramática situación" que vive la Justicia del Trabajo por la falta de jueces.

La entrevista fue solicitada por el presidente de la AMJFN y electo consejero, Ricardo Recondo, al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y al del Consejo, Luis María Cabral.

Recondo expuso en la carta enviada a las autoridades judiciales que la "dramática situación" del fuero laboral se expresa en que de los 80 juzgados laborales de primera instancia hay 17 vacantes y en las 30 vocalías de la Cámara, 13 están sin cubrir.

La mayoría de esas vacantes ya cumplieron con el proceso de selección en el Consejo "encontrándose las ternas de candidatos en el Poder Ejecutivo" para remitir los candidatos al Senado para su elección.

El presidente de la AMFJN señaló que el objetivo de la reunión será "analizar las soluciones que posibiliten superar el estado de emergencia en tribunales que tratan materias tan sensibles como son los créditos de naturaleza alimentaria de los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia".

El prófugo chileno, entre la Corte y el Ejecutivo

Sergio Galvarino Apablaza, el prófugo chileno acusado del asesinato de un dirigente pinochetista y el secuestro de un directivo del diario El Mercurio - en plena democracia, en 1991 - sigue en el centro del debate: el último martes, la Corte se expidió en favor del reclamo del país vecino (que viene pidiendo su extradición) argumentando que las acusaciones en su contra "son ajenos a la tradicional noción de delito político".

Sin embargo, el Ejecutivo le otorgaría el asilo apoyado por ONG´s y organismos de derechos humanos. Una de ellas, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), encabezada por el ex consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler, calificó de "cuanto menos polémica" la decisión del supremo tribunal de conceder la extradición: "Ningún refugiado, entendiéndose como incluido en este término al solicitante de asilo cuyo procedimiento de determinación de la condición de refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado".

Por su parte, la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, a cargo del abogado Javier Miglino, adelantó que enviarán un petitorio a la Presidencia para que "conceda la extradición a Chile y no refugie al presunto terrorista trasandino" porque "nos preocupa sobremanera que un presunto terrorista, acusado de homicidio y secuestro en Chile camine tranquilamente por nuestras calles. El primer derecho humano es el Derecho a la Vida", apuntaron en un comunicado.

En las últimas horas, los diarios chilenos dieron cuenta de las explicaciones que la presidenta Cristina Fernández le dio al jefe de Estado Sebastián Piñera. De acuerdo a La Tercera, la mandataria pidió tiempo para decidir.



Audio: El análisis de Gerardo Young - El club de la tarde, radio Mitre (AM 790)

Beneficiado en Morón, el cura abusador seguirá libre

El Tribunal Oral Criminal 1 de Morón ordenó que el cura condenado por abusos Julio César Grassi siga en libertad, pero le prohibió el ingreso a la Fundación Felices los Niños.

El fallo del TOC1 rechazó el pedido de detención de Grassi que habían formulado los abogados de la querella, es decir los dos menores internados en la Fundación a los que el cura había abusado sexualmente.

Así, Grassi podrá seguir disfrutando de la libertad a pesar de estar condenado hasta que ese castigo sea ratificado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense o, eventualmente, la Corte Suprema de la Nación.



Audio:
Federico Nieva Woodgate, fiscal general de Morón, en La Vuelta por radio Continental AM 590
Fallo completo: Grassi seguirá en libertad

Lesa humanidad: el 17 de noviembre, en Mendoza

El segundo juicio por crímenes cometidos durante la última dictadura, se llevará a cabo desde el próximo 17 de noviembre en la provincia de Mendoza. Allí, en el banquillo de los acusados, serán 9 los imputados por delitos de lesa humanidad. El que no participará del enjuiciamiento será el represor Luciano Benjamín Menéndez por encontrarse sometido a un nuevo juicio oral en Córdoba junto al dictador Jorge Rafael Videla.

Todo indica que antes de la fecha del nuevo juicio concluirá el primer debate que se realiza en San Rafael contra el ex teniente Aníbal Guevara y los ex policías Raúl Ruiz Soppe, Juan Labarta y Raúl Egea Bernal por las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón, informe el matutino mendocino El Sol.

El Tribunal Oral Federal 1 será el que llevará adelante el segundo juicio –que durará varios meses– y estará conformado por los magistrados Juan Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortes. Los acusados están implicados en 17 causas que incluyen a 24 víctimas.

Procurador Sosa: durísimo comunicado de los jueces

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) emitió el último viernes un crítico comunicado frente a la actitud adoptada por la provincia de Santa Cruz ante el fallo de la Corte, que ordena reponer en su cargo al ex procurador, Eduardo Sosa.

"Sin ningún tipo de matiz debe quedar en claro que los fallos se acatan. Este es el piso del funcionamiento del sistema democrático y republicano en el que hemos elegido vivir. Quienes se ven alcanzados por las decisiones jurisdiccionales son los responsables de hacerlas efectivas", dice el escrito.

En su fallo, el máximo tribunal denuncia penalmente al gobernador patagónico Daniel Peralta y pide que interceda el Congreso - de hecho, hay un pedido formal de intervención de la provincia - por lo que la "FAM hace un llamado a los poderes públicos de Santa Cruz a adoptar las decisiones que den cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de la Suprema Corte de la Nación, único punto de referencia inamovible e incuestionable a partir del cual deberán desplegar toda la creatividad jurídica necesaria y las gestiones que permitan que se materialice de inmediato lo dispuesto en el fallo del más alto Tribunal de la República, con los menores sacrificios de derechos que resulten indispensables e inevitables para el logro del objetivo superior: la supremacía del orden constitucional y el acatamiento del rol del máximo Tribunal del país como su intérprete y garante final".

17.9.10

"Gabriel" pidió la inmediata detención de Grassi

Una de las víctimas de los abusos sexuales por los que fue condenado el sacerdote Julio César Grassi, pidió hoy la "inmediata detención" del cura, tras la confirmación del fallo que le impuso 15 años de prisión.

A través de su abogado, Sergio Piris, "Gabriel" dvirtió que la confirmación de la condena significa un "peligro de fuga" de Grassi, por lo cual consideró que debe ser detenido.

El planteo fue formulado ante el Tribunal Oral Criminal número uno de Morón, el mismo que a mediados del año pasado dictó la condena ahora confirmada por la Cámara de Casación bonaerense.

El tribunal cuenta con cinco días para decidir si acepta o rechaza el planteo de la víctima.

Los números de la violencia

La Oficina de Violencia Doméstica que impulsó la ministra de la Corte Suprema, Elena Higthon de Nolasco, difundió hoy un informe sobre la cantidad de renuncias recibidas en los últimos dos años: en total, recepcionó 12.584 casos sólo hasta el 31 de agosto pasado y en el mismo período hubo denuncias para 12.762 personas. De esta última cifra, 1.825 son mujeres y 10.937 son varones.

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Violencia de género, durmiendo con el enemigo. Vuelva a ver la entrevista a Jorge Taddei, padre de Wanda, mujer del baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez; que murió por las quemaduras de una presunta pelea con el música. Guadalupe Tagliaferri de la Direccion de la Mujer del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Analía Monferrer, titular de la Oficina de Violencia Doméstica.
Servicios: lugares donde consultar en caso de violencia doméstica
Informe completo: violencia doméstica

16.9.10

Recuerdos de la muerte, en Córdoba

Un relato aterrador se escuchó hoy en una de las audiencias del juicio que le sigue al ex dictador Jorge Rafael Videla en la provincia de Córdoba, cuando un ex conscripto asignado a la Policía Militar contó detalles de cómo funcionaba esa unidad en la cárcel durante la dictadura.

Se trata de Daniel Eduardo Bozano, el segundo después de David Andelmatten y después de que el dictador Videla iniciara una denuncia por "intimidación" contra ex dirigentes de Montoneros.

Bozano dijo que a partir de abril de 1976 realizó patrullajes en un Jeep haciendo base en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) y que una noche que estaba de franco fue convocado para el traslado de un cadáver, que sería aparentemente René Moukarzel, fallecido el 14 de julio de ese año luego de cruentas torturas.

El testigo dijo que fue a bordo de su vehículo llevando al acusado Gustavo Alsina hasta el Hospital Militar, mientras que en una camioneta Ford F-100 se trasladaba el cuerpo. "Hacen bajar el cuerpo. Entonces el oficial Montes, que era compañero mío y trabajaba en una funeraria, vuelve consternado y me dice que lo hicieron entrar a un cuarto en construcción y dejar el cuerpo, que se tropezó con algo y al iluminar se encuentra con un montón de cadáveres mutilados", relató.

"Al volver me dice: 'No sabés lo que vi adentro, el que traemos nosotros es una pinturita, está lleno de cadáveres adentro'", declaró.

Bozano recordó que las pocas veces que ingresó a la UP1 pudo observar la violencia con la que se trataba a los detenidos, y que siempre los militares ingresaban armados, contra la norma.

Shulman: "Es una tomada de pelo que Grassi permanezca en libertad"

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, anticipó que apelarán "ante la Corte Suprema de la Provincia, la de la Nación y, si es necesario, iremos a los tribunales internacionales", tras conocerse el fallo de Casación.

Schulman calificó como "una tomada de pelo" de que Grassi, pese a la confirmación de su condena, siga libre: "Es un cachetazo a los chicos que lo denunciaron" y sostuvo que "es realmente grave cómo se manejo el proceso": "Para nosotros es un hecho insólito. Por más que confirmaron el fallo, seguimos con la misma situación que hace un año atrás. Pareciera que la impunidad que tiene este hombre no tiene límites: antes de conocerse el fallo, ya estaba hablando por televisión. Acaban de condenarlo y está pidiendo plata", indicó Shulman.



Audio: Magdalena Tempranísimo (radio Continental)

Están allanando una empresa que bordea el Riachuelo

Fue una decisión adoptada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ordenó allanar una metalúrgica ubicada en Avellaneda con la idea de liberar el "camino de sirga", una de los obstáculos en los márgenes de la cuenca.

Armella busca que se "eviten nuevas usurpaciones" en el lugar en virtud de la exigencia de que los propietarios de tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla (camino de sirga), publicó el CIJ.

Fallo completo: por orden de la Justicia Federal, allanan empresa de los márgenes del Riachuelo

Sale Servini, entra Martínez de Giorgi

A partir de hoy, el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi controlará todas las causas en las que se investiga una presunta defraudación por parte de empresas españolas que controlaron a Aerolíneas Argentinas, incluido el expediente en el que fue denunciada la supuesta responsabilidad de operadores locales y extranjeros en la caída de un avión de Austral en 1997 en la localidad uruguaya de Fray Bentos.

La jueza federal María Servini de Cubría declinó su competencia en la causa denunciada el 18 de agosto pasado por María Elena Blanco Seco, la viuda del piloto de Austral Rodolfo Cécere, quien comandaba el avión que cayó en Fray Bentos.

La denuncia alcanza al empresario Antonio Mata Ramayo; al titular del estudio de abogados Fargosi, Horacio Pedro Fargosi; a los representantes de la SEPI y de otros organismos estatales españoles que intervinieron en la operación y a la última propietaria antes de la reestatización, que demandó al Estado argentino ante el CIADI por 1.500 millones de dólares.

Blanco Seco denunció a Fargosi, a sus abogados y a los directivos españoles Manuel Morán Casero, Mata Ramayo, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Arias, Juan Gutiérrez, Juan Masso Garolera, Javier Monzón, Xavier de Irala Estévez y Pedro Ferreras Diez.

Pero el fiscal federal Federico Delgado, al analizar la presentación, entendió que la mujer expresó
que "el motivo del siniestro fue la gran estafa diseñada por los empresarios españoles, directivos de las sociedades Iberia, INI, TENEO, SEPI, Impsa, Marsans e Interinvest ejecutada en la argentina por Horacio Pedro Fargosi".

Así, concluyó que la presentación se refiere al presunto "vaciamiento realizado por los directivos de las empresas en cuestión, quienes compraron -entre otras cosas- aeronaves de descarte a empresas españolas a precios exorbitantes, para lavar dinero".

15.9.10

Magistratura: se impuso el voto antiK entre los jueces

Este miércoles cerca de 700 magistrados decidieron por elección quiénes los representarán en el Consejo de la Magistratura hasta el 2014.

En lo que significa un nuevo revés para el Gobierno nacional en el ámbito de la Justicia, la Lista Bordó, la más crítica del gobierno dentro del Poder Judicial, ganó hoy las elecciones para jueces por una diferencia de 40 votos por sobre la Lista Celeste.

De esta manera, la Bordó llevará al Consejo al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez de la Cámara Civil y Comercial Federal, Ricardo Recondo y al juez federal de primera instancia de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes. En tanto, por la Lista Celeste ingresará su primer candidato, el presidente de la Cámara Nacional del Trabajo, Mario Fera.

"No somos antikirchneristas, queremos que se respete la Constitución Nacional y el kirchnerismo no lo hace", dijo Recondo que adelantó que trabajarán para acentuar la independencia judicial y transparentar los concursos para jueces"

Sanción y pedido de intervención en Santa Cruz

El máximo tribunal de Justicia del país denunció al gobernador de Santa Cruz por desobecer un fallo de octubre del año pasado en donde se ordenaba restituir a su cargo al ex procurador provincial Eduardo Sosa.

Esta mañana, un día después de la sanción, el hombre de Néstor Kirchner en la provincia reconoció que resistirá el fallo: "No conozco a ningún gobernador que haya sido sancionado por la Corte", dijo Peralta al tiempo que aseguró que hasta el momento "no hemos tenido ninguna notificación".

Sosa fue desplazado de su cargo en 1995, cuando la provincia todavía era gobernada por Kirchner. En este marco, el santacruceño señaló que "esta no es la primera vez que me entero por los diarios Clarín y La Nación de notificaciones que se toman 24 ó 48 horas después. Las medidas que he tomado son las medidas que la ley me permite tomar".

En la tarde del martes, dos diputados de GEN, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman presentaron un proyecto de ley pidiendo la intervención federal de la provincia por desoir el fallo. Milman solicitó la caducidad de los mandatos del gobernador y vice "en cumplimiento de lo expresado en los artículos 6º y 75 inciso 31 de la Constitución Nacional, que otorgan al Congreso Nacional la potestad de garantizar la forma republicana de gobierno y preservar el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema para la resolución de controversias".



Audio: Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista y diputado de la UCR, opina sobre el fallo del tribunal (Magdalena Tempranísimo, radio Continental)

Qué dice la sentencia a 15 años para Julio Grassi

A continuación, el fallo completo de Casación que ratifica la sentencia a 15 años de prisión para el cura Julio Grassi:
Fallo completo: fundamentos de la sentencia que ratificó la condena a Julio César Grassi