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Hugo Quintana, secretario general de
APOC La contaminación del Riachuelo ha cumplido también doscientos años. Es el bicentenario que no se ha recordado oficialmente, aunque habría motivos para hacerlo, malos motivos, por supuesto. Recordar, por ejemplo, que es el cauce más contaminado de Sudamérica, que los niños que habitan en la zona son propensos al síndrome del "bebé azul", un tipo de cianosis mortal, que la Cuenca afecta en forma directa a casi de 6 millones de personas, de los cuales 3,3 millones carecen de redes cloacales y 2 millones no cuentan con agua potable, y que sólo el 5% de los residuos vertidos en el curso de agua recibe tratamiento previo.
Lejos de allí, en Londres, el Támesis está mostrando su mejor estado de limpieza, un río que había sido declarado biológicamente muerto en 1957.
La historia negra del Riachuelo se ha construido con una combinación de desaprensión, corrupción, ineficacia, etc. Todas las malas disposiciones del espíritu humano concurren allí, aportadas desde el lado público y desde el privado. Como el "río inmóvil", nada ha cambiado, sólo puede ser que hayan variado las dosis de indolencia, deshonestidad e inutilidad.
La erosión de la confianza pública en las instituciones políticas se explica, en gran parte, por la escasa capacidad de la dirigencia política y de los funcionarios que la acompañan en abordar y resolver los problemas que preocupan a las personas comunes. Estos son los auténticos “problemas públicos” de que habla la ciencia política. Al contrario, la política se legitima a los ojos de los ciudadanos cuando identifica y soluciona problemas públicos. Para resolver problemas públicos es esencial, además de la voluntad política de hacerlo, la existencia de capacidad de gestión. Sin ésta, la disponibilidad de recursos es vana, ya que no ha de estar presente la inteligencia directiva que los organice y que encamine los esfuerzos en el buen sentido.
El estado actual de la Cuenca Matanza Riachuelo es un problema público de primer orden; es causante de creciente deterioro ambiental, enfermedades y mortalidad en la zona de influencia. La intensidad y extensión que van tomando estos daños no parecen ser suficientes como para movilizar la administración del ente creado para ejecutar el saneamiento de la Cuenca. Existe ahora un mejor marco jurídico, están los recursos, pero lo que no hay es una dirección eficaz, que acierte con el curso que debe tomar la solución efectiva del problema. Como falta esa capacidad, el programa no termina de arrancar. Una evidencia de ello es la baja utilización de los créditos específicos otorgados por los organismos multilaterales, en particular, y de los créditos presupuestarios, en general.
El juez federal, Luis Armella, requirió al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, que informe a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado de los créditos internacionales afectados al plan de saneamiento del Riachuelo. Además, solicitó al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, y a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo. La orden del magistrado se dio luego de que constatara que no se estaba ejecutando la totalidad de las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto, ni siquiera los créditos internacionales tomados para el fin específico de la limpieza de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
La resolución efectiva de un problema público, como lo es el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, requiere capacidad de gestión. Tener capacidad de gestión en un organismo del Estado significa:
-Entender qué resultados deben alcanzarse.
- Estar bien organizado para lograrlos.
- Ser tan eficiente como sea posible.
- Reconocer los resultados reales alcanzados y demostrar lo que se ha logrado, es decir, rendir cuentas y responder por los resultados obtenidos.
Precisamente, son los requisitos que no puede exhibir la ACUMAR y esas carencias la convierten en un problema en lugar de ser un instrumento para la solución. Greenpeace lo observa de esta manera: "Es alarmante que todavía, a tres años de creada la ACUMAR, no tengamos un diagnostico del total de industrias existentes, ni de las emisiones contaminantes que realizan a la Cuenca,
esta información es clave para la implementación de un plan de reducción de la contaminación".
Las acciones de APOC y de otras organizaciones de la sociedad civil y las actuaciones de la Justicia lograron poner de relieve la mezquindad de quienes contaminan y la inoperancia y falta de control de los organismos del Estado responsables de revertir la situación.
Merced a la intervención de la Corte Suprema existe la obligación cierta y exigible de sanear el Riachuelo, de informar al público, con claridad y a tiempo, sobre las acciones ejecutadas al respecto, y de permitir el funcionamiento de instancias de control externo, estatal y social.
APOC mantiene su compromiso de contribuir a la sensibilización de los políticos y de la comunidad en torno de este problema que ofende a la dignidad y a los derechos humanos de nuestros hermanos asentados en la zona de la Cuenca.