D´Elía fue sobreseído por la toma de la comisaría 24

El titular de la Federación Tierra y Vivienda quedó de esta manera desafectado por la toma de la comisaría del barrio de La Boca, ya que la Cámara Federal porteña declaró "extinguida por prescripción" la causa iniciada por ese hecho, ocurrido en 2004.

D'Elía había tomado la seccional en protesta por el homicidio de un militante de su agrupación. El beneficio del sobreseimiento alcanza también a Angel "Lito" Borello y Luis Bordón -padre del fallecido estudiante Sebastián Bordón- quienes junto con D'Elía habían sido procesados por el juez federal Sergio Torres (ver datos en Funcionarios)

El dirigente kirchnerista había tomado esa dependencia para exigir a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia que fuera detenido un sospechoso por el homicidio de Martín "Oso" Cisneros, militante barrial y miembro de su agrupación.

Fallo completo - Sobreseímiento de Luis D´Elía

Anulan la preventiva de Palacios pero seguirá preso

La Cámara Federal porteña ordenó al juez Norberto Oyarbide que rehaga el fallo con que procesó y envió a prisión al ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, en la causa por el espionaje desde el Gobierno porteño.

La Sala I del tribunal de alzada decretó la nulidad de la parte del fallo referido a la prisión preventiva, así como del requerimiento hecho por el fiscal federal Jorge Di Lello, aunque no revocó la orden de mantener encerrado al ex jefe de la Policía Federal.

Así, pues, ahora el titular del juzgado federal número cinco deberá reescribir los fundamentos de aquella decisión por la que el "Fino" Palacios cumple prisión preventiva en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

El ex titular de la policía porteña está acusado como presunto organizador de una asociación ilícita dedicaba a realizar escuchas telefónicas y, en concreto, de la intervención de las líneas de Sergio Burstein -de la asociación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA- y varias personas más.

La defensa de Felipe y Marcela habló sobre el cotejo

La abogada de Felipe y Marcela Noble Herrera señalaron hace unas horas que aún no fueron notificados sobre si finalmente se podrán cotejar con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) las prendas secuestradas de los mismos y "de confirmarse el fracaso del análisis, estaríamos ante un hecho gravísimo", señaló Roxana Piña.

"Marcela y Felipe soportaron hace un mes un allanamiento en condiciones vejatorias, pese a que ya habían padecido otro anterior en diciembre. Se dijo públicamente que este procedimiento era el único adecuado para garantizar la seguridad de la prueba y ahora aparece esta hipótesis", añadió. Para la abogada que representa a los hermanos, “no hay que olvidarse" que, desde hace un mes, "ellos están enfrentando la angustia por la espera del resultado de un análisis no consentido".

Piña añadió que, de confirmarse la situación, "esto vulneraría sus derechos y ratificaría la falta de garantías que veníamos denunciando desde hace tiempo y que incluso motivaron planteos en el expediente". Por su lado, el abogado de Ernestina Herrera, el ex juez Gabriel Cavallo, coincidió en que "institucionalmente sería terrible que se confirmara que el Estado no haya podido conseguir un resultado. ¿Cuántas veces se va a accionar sobre el cuerpo de estos jóvenes?".

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Caso Noble Herrera: sugestivo fracaso de los análisis de ADN

Aborto: debate suspendido, mientras siguen las muertes

El Aborto hoy es todavía una problemática sin fecha de tratamiento en el Congreso. Sin embargo, las muertes de mujeres crecen año tras año. En paralelo, aumenta el debate entre la Justicia y los médicos por la interpretación del Código Penal respecto a los abortos solicitados productos de violaciones. Un tema que va más allá de lo legal cuando es la salud la que está en juego.

Hablan sobre el tema: Juliana Di Tullio, diputada Nacional FPV; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y la Defensora oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Silvina Bardelli.

Coimas con Venezuela: fiscal pide testimonios

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que técnicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Auditoria General de la Nación (AGN) declaren en la causa en que se investiga si empresarios argentinos debieron pagar comisiones para comercializar con Venezuela.

El pedido fue efectuado al juez federal Julián Ercolini para que los funcionarios expliquen aspectos técnicos de información enviada por los bancos del extranjero que tienen cuentas con los fondos del Fideicomiso creado para pagar los productos argentinos. El fiscal también pidió que la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) presente los contratos de operaciones que realizaron con Venezuela.

Solicitó, además, que la Unidad de Información Financiera envíe los datos que posee de las empresas Palmat y Madero Training, que actuaron como intermediarios de las exportaciones a Venezuela, señalaron las fuentes del caso.

En tanto, también hoy los abogados de Palmat pidieron al juez que cite a declarar como testigo al ex defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino. La Defensoría recibió en 2007 una denuncia anónima sobre el pago de comisiones a Venezuela pero el organismo la desestimó al no encontrar pruebas para avanzar en la investigación.

Siete represores que seguían a Menéndez, procesados

Se trata del coronel Heriberto Goenaga; el suboficial de Gendarmería Eulogio Vilte; el cabo primero de Gendarmería Nicolás Granillo; el policía Manuel Gordillo; el comisario (R) de la policía Miguel Ramacione; el sargento de policía Faustino Barrionuevo y el subcomisario (R) Enrique Félix Moreno.

El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja los procesó con prisión preventiva acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

A excepción del Goenaga, el resto fue detenido ayer en operativos cumplidos en Capital y Chilecito por orden del magistrado, que evitó identificar a las personas buscadas hasta último momento. De esta manera, en esta 'megacausa' ya hay 66 sospechosos y nueve procesados detenidos.

Capitanich contra el titular de la Corte chaqueña

A través de su fiscal de Estado Edgardo Aguirre Hayes, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, elevó un pedido de destitución del actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, Rolando Toledo, por considerar que su designación durante el anterior gobierno habría sido violatoria de los mandatos constitucionales.

El fiscal de Estado sostuvo que el pedido de remoción del presidente del STJ, quien fue designado como miembro del alto cuerpo el 23 de octubre de 2006 durante el gobierno del radical Roy Nikisch, "no debería llevar más de tres meses por el cuestionamiento de fondo que se hace y la gravedad inconstitucional".

A su vez, Aguirre Hayes adelantó que la semana venidera se harán presentaciones similares respecto a las designaciones de otros dos ministros del STJ, en este caso los jueces Ramón Avalos y Ricardo Franco, ambos designados durante el gobierno del líder del radicalismo chaqueño, Ángel Rozas.

El fiscal de Estado indicó que "la Constitución provincial prevé para la designación de todos los jueces el proceso de concurso de antecedentes y de posición como método de selección, cuestión que la Ley Saife (norma por la cual los ministros podían ser designados sin concurso) no prevé, y de ahí su inconstitucionalidad".

Una nueva denuncia complica a Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz fue denunciado hoy penalmente como supuesto instigador del secuestro y torturas en 1980 del banquero Eduardo Saiegh.

En la denuncia el ex titular del Banco Latinoamericano, principal acreedor entonces de Austral, se mencionó también al ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Reynal, y a su primo William Reynal, hasta ese momento presidente de la línea aérea.

Según el ex banquero, el 31 de octubre de 1980 fue secuestrado y llevado al Departamento Central de Policía, donde recibió torturas para obligarlo a desprenderse del Banco Latinoamericano del que era vicepresidente ejecutivo y principal accionista.

Los captores, insistió, pretendían la eliminación de su entidad crediticia pues era la única acreedora, por más de 7 millones de dólares, de Austral, una compañía aérea con más de 300 millones de pasivo, de los cuales 290 se adeudaban al estatal Banco Nacional de Desarrollo (Banade).

En el Departamento de Policía los secuestradores le entregaron un arma para que se suicide y le dijeron "Entregate Turco, estás liquidado", consignó en la denuncia. Ante lo cual, manifestó, él contestó: "Si hay liquidación 'el Turco' (en referencia a sí mismo) puede hacer una oferta".

Pericia para medir la credibilidad del Indec, demoradísima

Había sido pedida el último 3 de mayo por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para determinar si fue correcto el procedimiento que encararon las nuevas autoridades del INDEC para medir el índice de precios al consumidor, y que es cuestionado por los propios empleados del organismo, está demorada desde hace dos meses.

Canicoba Corral dispuso un "peritaje en materia estadística con intervención de los peritos designados por la Facultas de Ciencias Económicas de la UBA a efectos de dar respuesta" a una serie de 26 interrogantes.

La pericia debía comenzar de inmediato, pero los abogados de la ex interventora del INDEC Beatriz Paglieri objetaron a un perito porque se había pronunciado previamente en sentido crítico hacia las mediciones del organismo.

Esa recusación luego devino abstracta, porque el propio perito, Marcelo Basualdo, terminó excusándose. Ente ese trámite, y otras cuestiones burocráticas, el informe que apunta a determinar si las nuevas autoridades del INDEC modificaron la forma de medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC) para "dibujar" los guarismos, aún no ha comenzado.

Lesa humanidad: arrancan juicios en Tucumán y Córdoba

Se iniciarán esta semana nuevos juicios contra dos figuras claves de la represión en los setenta en los tribunales de Córdoba y Tucumán: el dictador Jorge Rafael Videla y el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez.

Mañana, la justicia tucumana iniciará la etapa de alegatos en el proceso contra Menéndez y otros cuatro imputados por delitos de lesa humanidad, mientras en Córdoba Videla y otros 24 acusados serán sometidos a juicio a partir del viernes por la desaparición de personas en esa provincia durante la dictadura.

En ese marco, Videla quien cumplía arresto por otras causas fue trasladado a Córdoba el sábado y quedó alojado en el penal de Bouwer, la cárcel de máxima seguridad de la provincia.

En Tucumán, el Tribunal Oral Federal 1 iniciará el martes los alegatos en el juicio oral contra Menéndez, Roberto Albornoz, Carlos De Cándido, Armando De Cándido y María Elena Guerra, también por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia.

En ese mismo proceso era enjuiciado el ex gobernador Antonio Bussi quien, en abril, fue apartado por recomendación del Cuerpo Médico Forense por problemas de salud.

Aportes para una nueva política de drogas

Hoy a las 16hs en la Sala 1, segundo piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Av. Rivadavia 1853 se presenta Aportes para una nueva política de drogas editado por Intercambios Asociación Civil y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Un libro que reúne las ponencias de un reconocido grupo de expertos nacionales e internacionales, que participaron de la V y VI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires en 2007 y 2008.

Esta publicación apunta a fortalecer una agenda de trabajo y contribuir a repensar los modelos regulatorios, ayudando a identificar políticas que protejan el orden público, la salud pública y los derechos humanos, garantizando la vigencia de estos valores para todos los ciudadanos.

Presentarán: Monica Cuñarro, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción; Adriana Clemente, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El moderador será el diputado Fabián Peralta, Presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Ley de Medios: la Cámara de Salta revocó otra cautelar

Los camaristas Roberto Loutayf Ranea, Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Jorge Villada firmaron el fallo que revoca la cautelar presentada en la provincia que suspendía la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, dejando sin efecto la medida dictada por el juez de primera instancia Miguel Medina.

El 15 de junio último había sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que había adoptado una decisión parecida pero destraba la cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas en Mendoza.

Fallo completo - La Cámara Federal de Salta revocó cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Medios

Sobreseen al Chaqueño por la causa de la Hummer

La Justicia sobreseyó al folklorista Oscar "Chaqueño" Palavecino y al polista Adolfo Cambiaso, que estaban procesados por haber comprado camionetas 4 x 4 más baratas por tratarse de vehículos con franquicias diplomáticas, se informó hoy en los tribunales.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo, quien había procesado a ambos pero su superior jerárquico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, revocó esas medidas y las cambió por "falta de mérito".

Luego el magistrado profundizó la investigación y concluyó que no existían nuevas pruebas de cargo contra Palavecino y Cambiaso y, en consecuencia, resolvió desvincularlos de la causa, en la que estaban acusados por el delito de "contrabando agravado".

Cambiaso y Palavecino admitieron haber adquirido costosas camionetas, pero explicaron que lo habían hecho como compradores de buena fe, desconociendo que los vehículos habían ingresado al país con beneficios aduaneros especiales para el cuerpo diplomático.

En el expediente están procesados y rumbo al juicio oral el ex jefe del Departamento de Franquicias de la Cancillería Jorge Matas y el dueño de una concesionaria de autos de lujo, Ricardo Manrique. Ambos están acusados de la supuesta comisión de "contrabando agravado".

Aprueba acción de clase por sobreventa de pasajes

La Justicia aceptó tratar como "acción de clase" el reclamo de una asociación de defensa de los consumidores contra la práctica de "overbooking", la sobreventa de pasajes en que incurren las líneas aéreas.

La Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar al planteo de la Asociación de Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) para tratar una demanda contra Iberia Líneas Aéreas de España SA.

Proconsumer pidió que Iberia "sea condenada a cesar en la práctica ilegal de la denominada sobreventa de pasajes, entendida como la venta de más plazas que las que se encuentran disponibles en una aeronave para un vuelo determinado".

Además, reclamó un resarcimiento de "una suma de dinero a todas las personas que acrediten haber sufrido las consecuencias de esa conducta durante los últimos tres años". En primera instancia, el juzgado número ocho había rechazado la "legitimación activa" de Proconsumer, pero los jueces Alfredo Gusman, Ricardo Guarinoni y Santiago Kiernan corrigieron esa apreciación.

El tribunal recordó que la "acción de clase", es decir la vía legal que alcanza a un colectivo de personas afectadas por una misma situación, fue consagrada por la Corte Suprema cuando dictó el "Fallo Halabi", que declaró la inconstitucionalidad de la denominada "ley Espía".

Link relacionado: vuelva a ver La acción de clase y los derechos colectivos. Lorena Maciel entrevista al abogado Ernesto Halabi, quien obtuvo un fallo histórico; Norberto Dorensztein, asesor de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del GCBA; y Alejandra Gils Carbó, fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Oyarbide, salvado: el Consejo rechazó la sanción

El Consejo de la Magistratura desestimó hoy aplicar un "apercibimiento" al juez federal Norberto Oyarbide por su actuación en la causa denominada "mafia de los medicamentos", con los votos de los consejeros kirchneristas y un independiente.

En una ajustada votación de seis a cinco, los miembros del Consejo rechazaron un dictamen impulsado por el senador radical Ernesto Sanz que promovía el "apercibimiento" al magistrado.

En tanto, el Consejo postergó analizar otra denuncia por mal desempeño contra Oyarbide por haber sobreseído a Néstor y Cristina Kirchner por su incremento patrimonial, en la que cuenta con un dictamen del oficialismo para rechazar la acusación.

Los cinco representantes del kirchnerismo en el Consejo, más el consejero abogado Pablo Mosca, votaron a favor de rechazar el dictamen de Sanz e impusieron su mayoría aprovechando la ausencia del consejero juez Luis Bunge Campos, de viaje, y del abogado Santiago Montaña, afectado por un problema familiar.

El pedido de juicio político había sido elevado por el líder sindical bancario Juan José Zanola, detenido desde diciembre pasado en el marco de la investigación de la "mafia de los medicamentos". La defensa de Zanola le había imputado a Oyarbide el presunto mal desempeño por el alto grado de exposición mediática que tuvo en la causa, motivo por el cual incluso fue reprendido por su superior jerárquico, la Cámara Federal.

Además, Oyarbide tiene otra denuncia en su contra que presentó el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa por haber sobreseído en enero pasado a los Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito por su incremento patrimonial en 2008 del 158 por ciento.

Zanola preso, su sindicato intervenido

El gremio de los empleados bancarios fue intervenido hoy por decisión de la Justicia, que ordenó avanzar con las investigaciones sobre denuncias de irregularidades en el funcionamiento del sindicato y en las últimas elecciones de autoridades.

La medida fue dispuesta por la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de esta capital, que designó a Rodolfo Emilio Alonso como interventor del poderoso gremio cuya conducción nacional apoya al Gobierno kirchnerista.

El fallo de los jueces Gregorio Corach y Daniel Stortini ordenó "designar un interventor informante, para que informe con una periodicidad de 30 días sobre el funcionamiento de la Asociación Bancaria respecto de la totalidad de sus actividades".

El interventor Alonso recibió mandato para que "indague sobre la gestión llevada a cabo por sus actuales autoridades, hasta atento se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones".

"El interventor designado deberá contar con acceso a todos los registros de la Asociación accionada y con la facultad de solicitar informes y recibir denuncias y presentarse ante las autoridades de la citada Asociación", precisaron los jueces. La causa se inició a raíz de la denuncia de Raúl Fontana, ex secretario general de la seccional Capital de la Bancaria y opositor a Zanola, quien reclamó la nulidad de las elecciones sindicales realizadas el 8 de octubre pasado.

Sobre ese punto, la nulidad de las elecciones, la Cámara revocó la desestimación de primera instancia y ordenó "remitir la causa a la instancia anterior". Y dispuso que "el juzgado que sigue en orden de turno sustancie debidamente el proceso, proveyendo las pruebas que se estimen conducentes para la dilucidación del pleito".

Consejo de la Magistratura: hablan las ONG's

Organizaciones que trabajan desde hace años en la promoción de reformas judiciales en pos de democratizar el Poder Judicial, elaboraron un documento con una serie de reflexiones para contribuir al debate legislativo y a la mejora sustantiva del Consejo de la Magistratura, en ocasión de la discusión que tendrá lugar en la Cámara de Diputados de la Nación acerca de una nueva reforma de la ley que regula su funcionamiento.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios y Consumidores observaron en este documento que el dictamen de mayoría de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento contiene propuestas que constituirían avances en el diseño y las reglas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. También contiene reformas sustantivas en el trabajo y las atribuciones del Consejo que podrían contribuir a una mayor eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

Sin embargo, observan que dichos avances podrían no cristalizarse debido a confusiones conceptuales y serias deficiencias de técnica legislativa que, de mantenerse en la redacción final de la norma, atentarían de forma lamentable contra los objetivos perseguidos por la reforma. Estas confusiones y deficiencias se observan en aspectos relacionados con la composición de las comisiones del Consejo, con los mecanismos dispuestos para la elaboración del proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación, en la regulación de los procesos de selección de jueces y en la técnica legislativa utilizada para regular los procedimientos de acusación y disciplina.

Las observaciones presentadas por estas organizaciones de la sociedad civil se dirigen a plantear algunas modificaciones necesarias al texto del dictamen de mayoría para garantizar que se concreten los avances en el diseño y las reglas de funcionamiento de este órgano constitucional. Estas propuestas remiten a cuatro aspectos principales:

1. La composición del Consejo y sus comisiones. Las suplencias.

Garantizar la integración equilibrada de comisiones clave para evitar el debilitamiento del estamento político. Corregir confusión conceptual en cuanto a los consejeros suplentes. No deben funcionar como reemplazos circunstanciales de los consejeros legisladores.

2. Administración y control de gestión del Poder Judicial.

Garantizar que se respete el mandato constitucional y que el diseño presupuestario esté reservado al Consejo de la Magistratura.

3. Los procedimientos de selección.

Reducir los amplios márgenes de discrecionalidad en la resolución de los concursos y precisar el sistema de confección de ternas de manera de evitar arbitrariedades.

4. Los procedimientos de acusación y disciplina.
Clarificar la técnica legislativa de manera de evitar ambigüedades y la ineficacia de los procesos.

Cada punto está ampliamente desarrollado en el documento presentado (que puede descargar aquí). Las organizaciones firmantes consideran que su concreción permitiría destacables avances en el diseño y las reglas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Procesan a un aviador por los "vuelos de la muerte"

Por Lucio Fernández Moores, en Clarín

El juez federal Sergio Torres procesó al ex aviador naval Julio Poch por 615 casos de víctimas de la dictadura que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Si bien algunas sobrevivieron, la mayoría de esas víctimas permanece desaparecida.

Poch está acusado de haber piloteado aviones desde los que se tiró a los secuestrados al mar aun con vida y sedados. El marino, de 57 años y retirado con el grado de teniente de fragata, había sido denunciado por sus compañeros de trabajo en una línea aérea holandesa, donde residía hace varios años.

"Poch formó parte de la cadena que funcionó en la ESMA", dijo una fuente judicial al reseñar el extenso fallo firmado por el juez Torres, de unas 750 carillas. El ex piloto naval fue detenido en setiembre pasado en España —en un viaje que hacía para una compañía aérea holandesa— y luego de ser extraditado cumple prisión preventiva en el penal de Marcos Paz.

En su resolución el juez Torres valoró las declaraciones que prestaron en Holanda los compañeros de trabajo de Poch en ese país. Estos dijeron que el piloto se jactó de haber participado de los llamados "vuelos de la muerte" de la dictadura en la Argentina. El juez consideró como "creíbles" los dichos de los testigos holandeses, compañeros de trabajo de Poch en la línea aérea Transavia. Además, tuvo en cuenta que son "ajenos al proceso", es decir que no fueron víctimas de Poch.

El ex piloto naval había negado en su indagatoria haber participado de los “vuelos de la muerte”. Al defenderse, sostuvo que sus compañeros de trabajo lo acusaron por una disputa interna dentro de la empresa holandesa.

Fuentes judiciales destacaron que Torres también tuvo en cuenta la confesión del ex capitán Adolfo Scilingo, otro marino que admitió haber participado de los "vuelos de la muerte". Otros elementos importantes para el juez fueron el diario personal y un "libro de viajes" secuestrados en el allanamiento realizado el año pasado en la casa de Poch en Holanda.

Torres procesó al ex piloto naval por los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas seguidas de muerte. Además, dispuso un embargo sobre sus bienes por un total de 615 millones de pesos, es decir un millón de pesos por cada una de las víctimas. Entre ellas se encuentran las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, la joven sueca Dagmar Hagelin y el periodista Rodolfo Walsh.

Cabezas: quieren que Ríos vuelva a ser juzgado

El procurador general adjunto ante la Corte Suprema de Justicia, Luis González Warcalde, dictaminó a favor de que se realice un nuevo juicio a Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia del empresario Alfredo Yabrán, condenado a prisión perpetua por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas.

En su dictamen ante el máximo tribunal, admitió "la violación de la garantía de imparcialidad como fruto de una deficiencia estructural del sistema de enjuiciamiento penal" y sostuvo que la Corte debe ordenar que se dicte una nueva sentencia.

La cuestión llegó a la Corte nacional por un recurso presentado por el abogado penalista Jorge Sandro, defensor de Ríos, quien afirmó que en la causa "fue afectada la garantía que le asiste a toda persona a ser juzgada por un tribunal imparcial".

El letrado calificó de esa manera la circunstancia de que los mismos jueces que intervinieron en la etapa de instrucción fueron quienes actuaron posteriormente en el juicio oral, en referencia a los integrantes de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores Jorge Dupuy, Raúl Begué (fallecido) y Susana Darling Yaltone.

Esos magistrados confirmaron la prisión preventiva de Ríos y ordenaron al juez a cargo de la pesquisa, José Luis Macchi, que ampliara la investigación en orden a los delitos de asociación ilícita y sustracción de persona seguida de muerte.

En febrero de 2000, los mismos jueces dictaron la condena a prisión perpetua del ex jefe de la custodia de Yabrán por ser el instigador del homicidio de Cabezas, cometido el 25 de enero de 1997 en una cava de General Madariaga, informó Télam.

El ex jefe de la Policía Metropolitna negó todo

El hombre que reemplazó a Jorge "Fino" Palacios en la Metropolitana, Osvaldo Chamorro, negó hoy haber espiado a dirigentes políticos de la oposición y del Gobierno porteño, así como ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba al espionaje ilegal.

Declaró durante cuatro horas como acusado ante el juez federal Norberto Oyarbide y en su declaración, reconoció que conocía a James, a quien se lo presentó Palacios, y que iba a comenzar a trabajar en la Policía con el cargo de inspector dentro de la Fiscalía General en la función de sumariante.

El ex jefe de la Policía porteña fue despedido del cargo porque en la computadora de su estudio jurídico se encontró información económica y financiera de diputados de la oposición, de funcionarios del Gobierno porteño y de dirigentes gremiales.

"No puedo explicarlo porque yo no lo hice", declaró cuando se le preguntó por esa información que requería a la empresa Nosis. "No sé ni cómo se ingresa a Nosis", dijo en otro momento.

La computadora de Chamorro se encontraba dentro de la consultora Strategic Security Consultancy, cuyo titular era Palacios, y en la que dijo se desempeñaba como asesor legal externo.

Se demora, otra vez, el juicio por el crimen de Bulacio

El juicio oral y público por la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio, quien murió poco después de un recital de los Redonditos de Ricota en el estadio Obras, en 1991, se realizará en principio en marzo de 2011.

La causa, que ya lleva 20 años de tramitación, tiene un único imputado: el ex comisario Miguel Angel Espósito, quien está acusado por el delito de "privación ilegal de la libertad" mas no por homicidio.

De hecho, Espósito fue sobreseído por la acusación de "homicidio" y no podrá ser juzgado ni condenado por ello. Las fuentes revelaron que el tribunal ordenó exámenes médicos sobre el único imputado, quien sufre un cuadro de hipertensión arterial y padeció un infarto cardíaco hace poco más de un año.

El tribunal evalúa realizar el juicio oral con la presencia permanente de un médico en la sala y una ambulancia apta para cuidados coronarios intensivos en la puerta de la sede judicial, en la calle Paraguay al 1500, de esta Capital.

Bulacio fue detenido en el contexto del recital de los Redonditos de Ricota y sufrió un "aneurisma no traumático" cuando estaba alojado en una comisaría, y murió una semana más tarde. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que declaró al presunto delito como "lesa humanidad" y, en consecuencia, imprescriptible.

El fallo ordenaba, además, investigar toda la línea de responsabilidades de las fuerzas de seguridad y políticas en el episodio.

Riachuelo, materia pendiente

Pese al fallo de la Corte, pese al reclamo de larga data. Pese a todo, la limpieza de la Cuenca Matanza Riachuelo es materia pendiente. Ahora, el juez Luis Armella, de Quilmes, habló de "deficiencias" en últimos los informes publicados en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR, creada para dar cumplimiento al fallo de la Corte) y le ordenó intensificar el control sobre contaminación del agua, napas subterráneas y del aire en esa cuenca hídrica, bajo amenaza de imponer multas a los funcionarios involucrados.

"Lo realizado por ACUMAR hasta la fecha dista mucho de alcanzar los estándares exigidos por nuestra máxima magistratura y por el infrascripto para lograr el cumplimiento", indicó Armella.
Resolución completa - Riachuelo

Links relacionados:
Riachuelo, historia de una desobediencia. Opinan sobre el tema: Andrés Nápoli, director del área de participación ciudadana de la FARM, Beatriz Mendoza, vecina que inició la causa; y el abogado que representa a los vecinos del Riachuelo, Daniel Salaberry.
La pesadilla del Riachuelo. Hugo Quintana, secretario General de APOC, Daniel Sabsay, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Daniel Salaberry, abogado de querellantes causa Riachuelo.

Segundo juicio oral contra un represor en Santa Fe

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzó a juzgar hoy al ex comisario Mario Facino por la desaparición, en octubre de 1976, de la profesora de letras Alicia López, militante política de las Ligas Agrarias.

Facino es juzgado por segunda vez, ya que cumple una pena de 20 años de prisión recibida en el proceso al ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa, el 22 de diciembre pasado, por secuestros y tormentos en la comisaría 4ta., de la que era jefe.

Además es el primer represor de Santa Fe que será juzgado por "homicidio", delito para el que se prevé prisión perpetua.

El ex policía se encuentra con detención domiciliaria porque tiene más de 70 años de edad.
En diálogo con la prensa antes de la sesión, uno de los abogados querellantes, José Iparraguirre, expresó que "este es el primer juicio en nuestra capital donde se investiga un homicidio. Tenemos un testigo que afirmó haber visto muerta a Alicia, y por eso nosotros lo imputamos y Facino fue procesado por homicidio".

La hija de López, María Isabel Rodríguez, recordó que "en esa época tenía sólo 7 años y mi madre 30. La secuestraron en la casa de mis abuelos y la trasladaron a la 'Casita del Terror', donde le practicaron torturas, y después la llevaron a la comisaría 4ta., donde fue vista por varias personas".

Las dificultades para investigar la corrupción

Mañana el ex embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, se presentará en el Congreso a propósito del escándalo por las presuntas coimas entre ese país y Argentina. Cuáles son los casos de lavado y corrupción pendientes en la Argentina. Cuáles son las dificultades para investigar. Por qué tardan tanto en esclarecerse.

Hablan sobre el tema: Manuel Garrido, director de Programas de Justicia y Transparencia de CIPPEC, Alicia López, ex jefe la Unidad de Investigación Financiera y el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán.

Preocupación por las cárceles bonaerenses

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su "profunda preocupación por las condiciones de detención en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires".

En un informe elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de CIDH, el organismo internacional recordó que el Estado debe ser garante de los detenidos y "respetar su vida e integridad personal".

La CIDH destacó que también que el Estado "tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".

En tanto, hizo referencia a informaciones acerca de que "en los centros de detención se inflingen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes". "Entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales 115 fueron denunciados ante las autoridades", indicó. La Relatoría, inclusive, dijo tener "conocimiento" de "tratos crueles inflingidos a un miembro del Servicio Penitenciario como parte de un 'ritual de iniciación' para ingresar en un grupo de élite de ese cuerpo".

El documento, difundido hoy, detalló la visita que una delegación encabezada por el comisionado Rodrigo Escobar Gil realizó entre el 7 y 10 de junio pasado al país. Los representantes de la CIDH se reunieron, entre otros, con los ministros de Justicia nacional y bonaerense, Julio Alak y Ricardo Casal, respectivamente; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco; y la la procuradora General provincial, María del Carmen Falbo.

Critican la propuesta para reformar el Consejo

El Consejo de la Magistratura vuelve al centro de las polémicas. Un grupo de jueces criticó el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para reformarlo y propuso que el cuerpo vuelva a su composición original de 20 integrantes, de los cuales la mitad sean magistrados.

Las críticas vinieron de los integrantes de la Lista Celeste, actual oposición a la conducción de la Asociación de Magistrados, y de la que forma parte el integrante del Consejo Luis María Bunge Campos.

"La totalidad de los proyectos presentados por los distintos sectores políticos no nos satisfacen, pues los jueces seguirían siendo una minoría dentro del órgano, lo cual es inexplicable", sostuvieron los jueces a través de un comunicado y anunciaron la presentación de un proyecto propio.

Un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados aprobó elevar de 13 a 18 la composición del Consejo para quitarle la mayoría de representantes y el poder de veto al oficialismo. El proyecto aprobado establece que el Consejo quedaría integrado con tres jueces y el presidente de la Corte Suprema, cuatro abogados, tres diputados y tres senadores, tres representantes de las Universidades y el viceministro de Justicia.

Los jueces reclaman más espacio para ellos y proponen un Consejo de 20 miembros con 10 representantes de la Justicia nacional y federal, entre ellos el presidente de la Corte.

Mafia de los medicamentos: procesaron a Brito

El auditor farmacéutico Gabriel Brito fue procesado con prisión preventiva en la causa penal que investiga a la llamada "mafia de los medicamentos". El juez federal Norberto Oyarbide dictó el fallo y acusó a Brito de supuesta pertenencia a la asociación ilícita dedicada a la adulteración de remedios, comercialización de los mismos, y cobro de subsidios del Ministerio de Salud.

Brito está detenido desde mayo pasado en el penal bonaerense de Ezeiza y su nombre figura entre los aportantes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, con cuatro cheques por 310 mil pesos.

Escuchas: no investigarán al agente de la Side

El juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa por las escuchas ilegales en la ciudad, decidió esta semana traerle (nuevos) dolores de cabeza al jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Por un lado, envió un oficio a la justicia federal de Estados Unidos para que le informe a qué se dedica la empresa The Ackerman Group, compañía que Franco Macri contrató para investigar a su yerno y por el otro, minimizó el rol del agente del ex SIDE involucrado, Hugo Alvárez.

El magistrado quiere establecer los vínculos entre Ackerman y el fundador de Socma habida cuenta de que se trata una empresa que brinda servicios de seguridad e inteligencia, informó La Nación. La compañía trajaba para 65 de las 100 multinacionales más grandes de EE.UU y su titular es un ex agente de la CIA.

Oyarbide reclamó saber si enviaron gente a nuestro país y en ese caso solicitó que se de cuenta de "toda tarea investigativa". En este sentido, el juez quiere saber qué vínculos tenían con Ricardo Ford, sindicado como jefe de la seguridad de la familia Macri.

Al mismo tiempo, desestimó un pedido de la defensa del líder del PRO, que había pedido investigar a Alvárez, el espía que desde un locutorio avisó a Sergio Burstein que tenía el teléfono intervenido por el entonces jefe de la Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios. En este marco, además, desechó la posibilidad de llevar al hombre al mismo lugar de la llamada argumentado que de esa manera "vulnerarían las prerrogativas" de la confidencialidad de la ley de inteligencia, informó La Nación.

Esma: apartaron a uno de los jueces de la causa

Se trata de Oscar Alberto Hergott, integrante del Tribunal Oral Federal Nº5, que fue separado de la causa por "temor a parcialidad", se informó hoy. Los jueces Ricardo Farías, Oscar Almirante y Julio Panelo hicieron lugar a un planteo de recusación de las defensas contra Hergott luego de declaraciones que realizó el juez con respecto a otra causa de lesa humanidad, en donde manifestó "la importancia que los jueces debían tener para aclarar estas cuestiones y evitar la impunidad", publicó el CIJ.

"La finalidad de la recusación o la inhibición tiene que ver con salvaguardar la garantía del juez imparcial –y específicamente la imparcialidad intrajuicio- el derecho de defensa y la transparencia necesaria e inherente al debido proceso legal. Es decir, asegurarles a las partes que el magistrado que entenderá en el trámite y resolución del sumario valorará a efectos de dictaminar, solamente las probanzas acumuladas en la etapa del proceso en la que le toque intervenir, dejando de lado cualquier otra motivación que pudiera decidir la cuestión a favor o en contra de alguna de las partes legalmente constituidas, ya sea con o sin intencionalidad", justificaron los magistrados al momento de tomar la decisión.

Procesaron a Angie Sanclemente, la modelo colombiana

El juez federal en lo Penal Económico, Rafael Caputo, procesó a la modelo colombiana Angie Sanclemente Valencia con prisión preventiva como presunta integrante de una banda dedicada al tráfico de drogas con destino a Europa.

El magistrado usó para el procesamiento la figura del delito de tentativa de contrabando agravado y le trabó un embargo de 13 millones de pesos sobre sus bienes.

Archivo de Será Justicia Digital:
Mayo: Declaró la modelo acusada de narco
Junio: La modelo volvió a negar que sea "narco"

La AFIP no podrá dictar embargos sin autorización

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley que le permite a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) disponer embargos sobre los bienes de deudores sin autorización judicial.

El máximo tribunal, con una mayoría ajustada de votos de 4 a 3, consideró que esa facultad del ente recaudador es "una inadmisible delegación" de funciones propias de los jueces, quienes son los que pueden dictar embargos y otras medidas cautelares sobre bienes de personas, por lo que la norma objetada "violenta el principio constitucional de división de poderes".

La Corte avaló los embargos dictados por la AFIP hasta el momento para evitar cualquier interpretación que "lleve a obstruir o paralizar la adecuada y expedita percepción de la renta pública", por lo que estableció que la prohibición dictada rige para el futuro.

La Corte se pronunció en una causa donde la AFIP dispuso la ejecución fiscal contra la empresa Intercorp S.R.L. por 112.046,44 de pesos por deudas en Impuesto al Valor Agregado, Ganancias y el pago de jubilaciones correspondientes a 1998 y 1999.

La empresa objetó la decisión de la AFIP por lo que recurrió a la Justicia federal de Salta, donde en primera instancia le dieron la razón, pero la Cámara avaló el procedimiento del ente recaudador.

Ahora la Corte declaró la inconstitucionalidad del inciso quinto del artículo 18 de la ley 25.239 de reforma tributaria que establece que la AFIP puede disponer medidas cautelares con el solo hecho de notificarle al juez de su decisión.

"No resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional", sostuvieron en el voto mayoritario los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Fallo completo - La Corte sostuvo que es inconstitucional que la AFIP disponga embargos

La causa es mía, mía, mía

El mediático juez federal Norberto Oyarbide rechazó hoy un pedido de inhibitoria planteado por su par, Claudio Bonadío, en la causa donde se investiga la supuesta defraudación a la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud, a través de la obra social de los Camioneros, que preside Hugo Moyano.

El magistrado argumentó que "de conformidad a las directivas emanadas del Superior al confirmar los procesamientos de los imputados, me encuentro en este momento reuniendo pruebas a los fines de determinar de qué manera habrían participado distintas personas en la órbita de la Superintendencia de Salud y la Administración de Programas Especiales, como ser Héctor Capaccioli, Alejandra Ungaro, y Navas, entre otras, como así también el perjuicio que podrían haber causado al Estado, en connivencia con Néstor Lorenzo y los demás implicados en la investigación", informó el CIJ.

Redes sociales, privacidad y marketing: una relación abierta

Por Martín Elizalde, abogado (MFE consultores).
Especial para Será Justicia Digital



Esta columna se basa en un excelente artículo publicado por el Profesor William Mc Geveran: "Disclosure, Endorsement, and Identity in Social Marketing" en el que aborda el tema de la publicidad en Internet y los límites que impone nuestra privacidad. Las conclusiones que siguen corren por mi exclusiva cuenta.Supongamos que cuando vamos de compras de un comercio a otro, una persona desconocida nos siga anotando absolutamente todo lo que compramos. Irritante, persecutorio. Bueno, si en vez de la persona física se tratara de una red social, resultaría "default behavior", una práctica de marketing socialmente convalidada. Hasta hace poco tiempo, hacerse público era un esfuerzo, ahora mantenerse privado parece ser difícil. Cómo y cuándo pudo esto suceder?

La red social es una especie de plataforma virtual donde sus usuarios se comunican y comparten información de todo tipo. Una definición heterodoxa, pero que sirve. Cada miembro crea un perfil, donde "sube" sus preferencias, características, gustos personales. Los demás usuarios se conectan con él en la medida que encuentren coincidencias y afinidades. Los usuarios comparten sus actividades con sus amigos de la red de manera voluntaria, con el resto del universo web sin ser muy conscientes: la red social tiene acceso irrestricto a toda la información que transmite y ese material es indeleble-literalmente.

La cuestión más compleja que aparece es la de la privacidad. No creo que a todos sea indiferente que sus compras sean analizadas con fines comerciales por terceros, por no mencionar el grado de exposición, e inseguridad, que ello implica. Por ejemplo: si se suscriben a un diario conservador, es probable que sean segmentados en una edad, ubicación geográfica, nivel de educación, ingresos e incluso tendencias ideológicas parecidas a los de los demás compradores de ese diario. Es probable que el targeting resulte bastante acertado, pero de ahí a que toda la red se entere y comparta esta percepción sin que uno lo sepa, hay una gran diferencia. Y no sólo se descubren las compras: el browsing es público. Esa es la base de datos necesaria para una campaña de marketing. Facebook, tiene unos132M de usuarios, son ligas mayores.

Las redes sociales permiten el acceso a miles de anunciantes, que les representan una fuente de ingresos importantísima. También les brindan servicios: Facebook y Myspace, por ejemplo, permiten que sus anunciantes usen sus bases de datos para hacer targeting. Google busca –y vende- información de consumo a través del contenido de los mails que recorren su Gmail.

Las perspectivas de crecimiento del marketing online en las redes sociales parecen muy alentadoras. Sin embargo, los anuncios que aparecen en algunas de las más visitadas (Likedin,30M de usuarios es una excepción, pero está dirigida a un segmento muy reducido, el profesional) venden u$s0,13 por cada 1000 apariciones, mientras que en una cadena pública de televisión en USA la ratio es de u$s55-70 por cada 1000 apariciones.

Hasta la fecha no existe una herramienta que traduzca en ganancias reales la potencialidad del mercado. Cuando Facebook lanzó Beacon, aplicación orientada hacia el marketing, el público reaccionó ruidosamente en contra de esta alianza tan obvia entre la red y 60 firmas comerciales para indagar los gustos y consumos de los usuarios. En un punto lindó con el humor negro: en su primer Noviembre en la web, Beacon les informó a muchos usuarios qué objetos, y cuanto dinero habían gastado sus amigos en regalos de Navidad- para ellos!. El siguiente paso –para simplificar- fue Connet: un usuario puede registrarse en un sitio externo a la red llevando su identidad y "transportando" su red personal. Imaginan el gozo de los anunciantes-que no es proporcional al de los usuarios a esta altura: el spamming es fenomenal. Pero es probable que en el futuro inmediato, los recursos invertidos y la presión de los anunciantes hagan real esa herramienta- minimizando las molestias.

Lo cierto es que hoy, cuando un usuario compra un producto por la web ó simplemente dice por ella que un producto le gusta, a todos los usuarios que comparten con él la red, les llega publicidad de ese producto.Los vendedores consideran las opiniones de los consumidores herramientas de marketing muy efectivas. Amazon.com concluyó que a sus eventuales clientes les interesan más las críticas de libros de usuarios que aquellas de críticos profesionales.

De todos modos, parecería ser que los anunciantes –hasta ahora-no usan información personal "sensible"-me hago cargo que la definición de este término puede llevar una columna entera y seguir en veremos- sencillamente porque la adhesión a sus productos masivos no deriva de esos datos.

Este argumento puede ser más sedativo que real. En mi caso particular, creo que sólo un uso responsable de la red, una opción consciente de los que debemos y de lo que no debemos compartir, es la mejor protección.En última instancia, nosotros somos los que cargamos las bases de datos en las redes. No podemos descargar la información ingresada, pero tampoco podemos descargar nuestra responsabilidad en este proceso.

Cromañón: confirmaron (otro) sobreseímiento a Ibarra

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó hoy el fallo que sobreseyó al ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra y de otros ex funcionarios, policías y médicos del SAME, en una causa en la que se investigaban supuestas irregularidades en la emergencia derivada de la tragedia de Cromañón.

La Sala Tercera de la Cámara ratificó la decisión adoptada en marzo de 2009 por la Sala Quinta de la Cámara del Crimen. El fallo desvincula virtualmente de manera definitiva a Ibarra y al resto de los imputados en la causa.

La medida beneficia, entre otros, a Alejandro Roberto Cano, comisario mayor y Director General de Operaciones de la Policía Federal a diciembre de 2004; a Martín Galmarini, médico regulador de turno del SAME; al ex secretario de Salud Alfredo Stern; a la ex secretaria de Derechos Humanos Gabriela Alegre; al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López; al ex comisario de la Seccional Séptima Gabriel Sevald y a su segundo, Carlos Díaz.

"Estamos muy satisfechos con el fallo. Creemos que se ha hecho justicia", uno de los abogados de Ibarra, el penalista Julio Golodny. Todos los funcionarios estaban imputados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" e "incumplimiento de los deberes de oficio".

La Casación deslindó la responsabilidad de los imputados en el manejo de la crisis, fundamentalmente en lo que se refiere a las medidas de primeros auxilios, el montaje de un operativo de seguridad para garantizar una adecuada evacuación y la atención que recibieron los heridos.

El sobreseimiento había sido apelado por familiares de las víctimas, quienes desde 2007 cuestionan, entre otros puntos, un informe pericial sobre la actuación de los médicos la noche de la tragedia.

A pesar del fallo de la Corte, por qué la Ley de Medios aún sigue suspendida

Por Juan Pablo Mansilla, para Perfil.com

A pesar del fallo que dictó ayer la Corte Suprema de Justicia, por el que revocó el pedido del suspensión de la norma que efectuó el diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aún continúa suspendida. La explicación reside en los recursos impuestos ante la Justicia en otros puntos del país. En Salta, por ejemplo, la diputada del Peronismo Federal,Zulema Beatriz Daher, logró que la Justicia libre una medida cautelar.

“La Corte se expidió ayer diciendo que como legisladores debemos resolver el tema internamente”, explicó Daher a Perfil.com. “Nosotros planteamos este recurso en Salta porque se viola el reglamento de la Cámara en la sanción de la ley de medios. Entre el dictamen que se dicta en Comisión, donde no estaban presentes todos los miembros - y que se emite a las doce de la noche-, se pasa a discutir a las diez de la mañana en una sesión especial sin que medie el tiempo que tiene que haber entre el dictamen y la reunión plenaria, que es de siete hábiles”, manifestó la diputada.

Esa irregularidad sirvió para que Daher motorice el reclamo ante la Justicia salteña. “Tengo el fallo en primera instancia donde el juez hace lugar al reclamo y la Cámara todavía no se expidió. La ley seguirá suspendida hasta tanto no se resuelva en Salta, quedan por resolverse los recursos presentados en otros lugares, que son parciales”, indicó.

Según la salteña, que reporta al senador y ex gobernador de la provincia Juan Carlos Romero, aquel trámite parlamentario se aceleró “porque eran las últimas sesiones del oficialismo con mayoría automática. Ya habían perdido las elecciones y además había que consensuar muchos de los artículos de la ley de medios que consideramos inconstitucionales”.

Pero en Salta, además, hay otra medida cautelar que pone trabas al avance de la norma. El profesor de posgrado en Derecho de las comunicaciones de la UBA y UCA, Ricardo Porto, explicó a este portal que en esa provincia del norte, el reclamo lo “impulsa una entidad de defensa de consumidores, CODELCO, que impugna la limitación a las redes”.

Porto distingue las demandas que se presentaron desde Salta y Mendoza: "No son exactamente iguales. Una es la ley en su totalidad y la otra combina las dos cosas. En ambos casos impugnan a la ley en su conjunto por entender que existirían irregularidades en la Cámara de Diputados (al momento de sancionarla)”.

En los casos de Buenos Aires y San Juan, “lo que se impugna no es la ley en su conjunto si no determinados artículos. En ese caso, en Capital hubo un fallo de primera instancia ratificado por la Cámara que considera - en principio - la inconstitucionalidad del artículo 161 referido a la desconcentración”, resaltó Porto. El Grupo Clarín planteó dos objeciones a los artículos 41 y al 161: “Es una demanda que plantea su imposibilidad de transferir licencias y el proceso de desinversión. La Cámara ratifica la inaplicabilidad del 161. Le da la razón parcialmente, entiende que es inscostitucional”, amplía el docente.

La que también planteó diferencias fue la provincia de San Luis, gobernada por Alberto Rodríguez Saa, que llevó su reclamo al máximo tribunal de Justicia. “Ahí sí, impugna que 'el Congreso no está habilitado para legislar en materia de Radiodifusión porque lo impide el artículo 32 de la Constitución', según lo que plantea San Luis. Es una cuestión más profunda, pero no es una medida cautelar”, explicó Porto. En este sentido, este planteo, que la Corte anunció tratará en las próximas semanas, no constituye una traba para la aplicación de la ley de medios, sancionada el año pasado.

Acoso laboral, cómo actuar en la Justicia

Jorge Campilongo, psicólogo, miembro del Foro de Maltrato Laboral de la Asociación de Desarrollo y Capacitación de Argentina; Roberto Mouillerón, diputado nacional Peronismo Federal y Leticia Viviana Maggiolo, jueza del Tribunal de Trabajo Nº 4 de La Matanza.

"Salvé mi vida gracias a la solidaridad internacional"

El Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, dijo estas palabras en el juicio que se lleva adelante contra 14 ex funcionarios penitenciarios que regenteaban la Unidad 9 de La Plata durante la última dictadura militar y en la que permaneció detenido.

"Salvé mi vida gracias a la solidaridad internacional y porque era una persona conocida a nivel internacional", señaló el activista de los derechos humanos al ingresar al edificio de la ex AMIA, situado en la calle 4 entre 51 y 53 en la capital bonaerense.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata juzga a 11 ex oficiales y tres ex médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que están acusados de tormentos, homicidios y privaciones ilegales de la libertad.

Pérez Esquivel, de 78 años, recordó que "estando en la cárcel me dieron el Memorial Juan XXIII de la Paz y ya estaba postulado como candidato al Premio Nobel y lo que hizo el Gobierno fue ocultar todo". El dirigente humanitario reveló además que cuando fue "torturado en los calabozos de castigo, me hacían sentir el peso de las protestas internacionales".

Jaime negó haber desoído la orden judicial

Finalmente, el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, acudió al llamado del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y a través de un escrito aportó elementos para tratar de demostrar que no desobedeció una orden judicial que le impedía avanzar con un proceso de licitación para una obra ferroviaria, informaron fuentes allegadas al caso.

En su defensa, Jaime "efectúa un paralelo entre el trámite de la licitación y el del expediente con los recursos de apelación" presentados ante la resolución mediante la cual el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila hizo lugar a un amparo para suspender el proceso licitatorio.

De acuerdo a información publicada por DyN, Jaime argumentó que "no hubo desobediencia, porque el día que dispone avanzar con el trámite del proceso licitatorio la Cámara de Apelaciones de Corrientes revoca el amparo que concedió Soto Dávila".

Al cordobés, desplazado de su cargo y una causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, se lo acusa de abrir una licitación en octubre de 2006, durante su gestión en la Secretaría de Transporte, pese a que existía una orden judicial del juez Soto Dávila para que frenara ese proceso que preveía la privatización del corredor ferroviario que une las provincias de Buenos Aires y Misiones.

Guiño a la Ley de Medios: la Corte revocó la cautelar

El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que suspendia la nueva Ley de Servicios Audiovisuales ante un reclamo del diputado Enrique Thomas.

Por siete votos y ninguna disidencia (cinco coincidentes y dos por sus propios fundamentos), la Corte consideró que la Justicia no puede suspender de manera general una norma sancionada de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Constitución para la formación de las leyes.

Fallo completo - Para la Corte, los jueces no pueden suspender leyes de modo general

Reproche a Oyarbide por su "inexplicable pasividad"

El juez federal Norberto Oyarbide recibió otro llamado de atención por la "inexplicable pasividad" con que lleva adelante la causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la fuerza parapolicial "Triple A", que operó en los años 70'.

La Sala I de la Cámara Federal porteña consideró "lisa y llanamente inadmisible la excusa formulada por el juez de grado" (Oyarbide) al repasar los justificativos que dio para explicar por qué el expediente está demorado: se inició en 1975 y fue reabierto en 2007.

Eduardo Freiller y Jorge Ballestero, los camaristas, criticaron al magistrado por declarar la nulidad de la prórroga de la prisión preventiva del ex policía Miguel Angel Rovira, el único detenido desde el 12 de enero de 2007.

A Rovira se le imputan los asesinatos del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Bonaerense Julio Troxler y del hijo de Raúl Laguzzi, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Cabe resaltar que durante el tiempo que lleva este expediente murieron tres de los acusados que permanecían detenidos. El ex comisario Juan Morales, señalado como jefe del operativo de la Triple A; su yerno y ex comisarío Eduardo Almirón y el ex periodista Felipe Romeo, que supo editar el semanario El Caudillo, que funcionaba como órgano de prensa de la fuerza.

Grassi quedaría detenido tras feria de invierno

El fiscal de Casación, Carlos Altuve, ya se pronunció en favor de confirmar la sentencia y, además, ampliar la acusación. Se estima que la Sala II del Tribunal se expedirá en agosto, luego de la feria judicial. Debe resolver si revoca o deja firme el fallo por el que Grassi fue condenado por "abuso sexual aDebgravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada".

Desde la defensa del sacerdote anticiparon que agotarán todas las instancias para poder ampliar los argumentos "que sostienen su inocencia", por lo que prevén no sólo brindar un informe oral en esa audiencia, sino también acompañar un escrito.

El Tribunal tiene bajo estudio los recursos presentados por las querellas, el ministerio público fiscal y la defensa. De confirmarse la condena, Grassi quedaría automáticamente preso y a disposición del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Morón (TOC1), que estuvo a cargo del debate, impuso una pena de 15 años y mantuvo en suspenso la detención hasta que el fallo fuera ratificado por el Tribunal de Casación, aunque le impuso ciertas condiciones.

Entre las reglas de conducta que le fijaron los jueces sobresale aquella que le prohibe ingresar a la fundación y sus sedes sin el acompañamiento de otra persona, que debe mantener su domicilio actual, la prohibición de salir del país, y asistir el primer día hábil de cada mes ante el Tribunal.

El juicio oral contra Grassi duró 9 meses y se ventilaron tres casos de abuso sexual contra menores, pero el TOC 1 sólo lo encontró culpable por el que tuvo como víctima al joven conocido como Gabriel, no así por el de Luis y Ezequiel. Según se acreditó, el primero habría sido abusado en la fundación Felices los Niños, "en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996" y otra vez el "7 de diciembre" de ese mismo año.

El fiscal de juicio Alejandro Varela había pedido 30 años de prisión para el cura, en tanto, una de las querellas requirió que fuese condenado a 37 años.

Fuente: Online 911

Ciberdelitos: se denuncian uno de cada cuatro

"Los delitos informáticos, especialmente el acceso indebido y la violación de e-mails por ex parejas o compañeros de trabajo, están creciendo, pero al mismo ritmo aumenta lo que se conoce como 'cifra negra', que son los casos que no se denuncian", dijo hoy al Clarín, Hugo Sorbo, coordinador de la Comisión de Derecho Informático del Colegio Público de Abogados de la Ciudad.

En un interesante artículo, se revela que si bien en junio de 2008, el Congreso sancionó la llamada Ley de Delitos Informáticos, que no sólo estableció penas para hackers, estafadores digitales y pornógrafos y protegió la información de los bancos de datos personales, sino que también consideró que el correo electrónico, el chat y los mensajes de texto y multimedia son "documentos", por lo que su violación es un delito; los abogados especializados en derecho informático explican que los "ciberdelitos" van en aumento.

La estimación reza que uno de cada cuatro delitos informáticos se denuncia. En los últimos dos años y medio, informó Clarín , el Poder Judicial porteño contabilizó 8.425 denuncias por “ciberdelitos”. Los abogados consultados por el diario coinciden en que desde que se sancionó la ley 26.388 (una reforma al Código Penal) las consultas crecieron entre un 30% y un 50%.

La nota completa se puede leer en este link.