Montenegro insiste con correr a Oyarbide de la causa

El ministro de seguridad porteño Guillermo Montenegro volvió hoy a sortear su declaración indagatoria en la causa sobre la supuesta red de espionaje en el Gobierno metropolitano e insistió con su intento de apartar de la causa al juez federal Norberto Oyarbide.

El funcionario, que fue titular del juzgado donde debía declarar, concurrió al tribunal y se negó a contestar las preguntas "aclarando cuáles son todas las cuestiones, haciendo la salvedad de que hay interpuesto un recurso de Casación", según reconoció el propio ministro a los periodistas.

Previamente Montenegró había concurrido a la mesa de entradas de la Cámara Nacional de Casación Penal y presentó un escrito en el cual planteó el recurso para recusar al juez Oyarbide, algo que ya hizo sin éxito ante la Cámara Federal por lo que insistió ante el tribunal de alzada.

"Expliqué los motivos por los que creo que el juez (Oyarbide) no puede seguir al frente de la causa”, dijo Montenegro a los periodistas y recalcó que seguirá "manteniendo esta posición y en definitiva decidirá la Cámara Nacional de Casación o decidirá la Corte Suprema". También sostuvo que "a resultas de esa resolución (de Casación) le pedí una declaración indagatoria en su momento".

"No hay nada que ocultar, todo fue muy bien hecho en el Ministerio y el Gobierno de la Ciudad", indicó.

Excarcelaron a Larosa en la causa por "espionaje"

Roberto Larosa, el economista detenido días pasados después de ser sorprendido dentro de un despacho en el Palacio de Hacienda, fue excarcelado esta noche pero no podrá salir del país, mientras la Justicia siguió adelante con las pesquisas en el caso, con allanamientos a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y oficinas del Banco Santander.

El juez federal Claudio Bonadío confirmó que había decidido la excarcelación de Larosa luego de cumplir con una nueva citación para ampliar su indagatoria, pero evitó hacer comentarios sobre el resultado de los allanamientos concretados en las últimas horas, publicó DyN.

La defensa del asesor del diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) ya había apelado ante la Cámara Federal la negativa de Bonadío a dejarlo en libertad, pero ahora el juez revirtió su decisión luego de que citar nuevamente a Larosa.

Fuentes allegadas al caso dijeron que Larosa se habría negado a declarar en esta otra audiencia, pero que las nuevas pruebas colectadas que les habrían sido exhibidas podrían aliviar su situación, así como "ampliar" y hasta posiblemente "redirigir" el rumbo de la investigación.

El abogado Juan Ayala, defensor de Larosa, se había quejado de la imputación contra su cliente: "Lo acusan de hurto agravado en grado de tentativa, pese a que no se encontró ninguna cosa que perteneciera al Ministerio de Economía o a terceros; y también de violación de domicilio, pese a que entró acreditando su identidad".

Martínez de Hoz no saldrá del país

Así lo determinó el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la invesstigación por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel.

El ex ministro de Economía de la última dictadura había sufrido un revés el último martes después de que la Corte Suprema de Justicia declarara institucional el indulto que lo benefició durante el menemismo.

Menemismo en la picota

El ex presidente y senador justicialista Carlos Menem y la ex funcionaria menemista Adelina D'Alesio de Viola, entre otros, quedaron hoy al borde del juicio oral por el pago y cobro de sobresueldos, ya que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de Casación en contra de sus procesamientos.

Los camaristas Eduardo Freiler, Mario Filozof y Jorge Raimondi rechazaron también los recursos interpuestos por las defensas los ex funcionarios menemistas Santiago Lozano, Augusto Rodríguez Larreta, Mabel Behal y Ricardo Lagorio, entre otros. Para los camaristas los recursos son "inadmisibles" porque "no se ajustan a los parámetros estipulados en el Código Procesal Penal de la Nación" al no dirigirse "contra una sentencia definitiva ni equiparable a ella por sus efectos", única posibilidad para que se les dé curso.

"Pese a la invocación del supuesto de arbitrariedad por parte de los recurrentes, las impugnaciones bajo análisis denotan, en realidad, un disenso respecto del temperamento adoptado por esta Sala, tanto en lo relativo a la valoración probatoria como al análisis jurídico efectuado", observaron.

Las defensas intentaron objetar la confirmación de los procesamientos que la Cámara Federal dictó el 22 de diciembre, además de los contra ya nombrados, al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray y los ex funcionarios menemistas Jorge Pereyra de Olazábal, Ricardo Cossio y Alberto Noé Carballo.

Bussi y compañía, otra vez sopa

El ex mandamás tucumano en los años más oscuros, Antonio Bussi, zafó otra vez de la Justicia en su provincia: el Tribunal Oral Federal de Tucumán dispuso hoy suspender el juicio oral que lleva adelante contra seis imputados por delitos de lesa humanidad, entre los que se cuenta el propio Bussi.

La decisión se debió a que el Cuerpo Médico Forense aconsejó que uno ellos, Luis Alberto Cattáneo, debe permanecer internado en una clínica debido a problemas de salud que le impiden participar del debate, informó el CIJ.

En este juicio el tribunal debió suspender y luego retomar las actividades también por problemas de salud y luego de la recomendación del cuerpo médico de la Corte al ex general Bussi. El juicio, que se desarrolla en el marco de la causa "Jefatura de Policía de Tucumán s/ secuestro y desaparición", comenzó el pasado 16 de febrero y se investigan delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de esa provincia en perjuicio de 20 víctimas.

Link relacionado: Siga el juicio por crímenes de lesa humanidad a través del archivo de Será Justicia Digital

Casal respaldó la ley que endurece las excarcelaciones

l ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, destacó hoy la ley aprobada por la Cámara de Diputados provincial que endurece los criterios por los que los jueces pueden otorgar beneficios excarcelatorios a los procesados, y prometió su "inmediata promulgación".

Ayer, la legislatura bonaerense convirtió en ley una reforma del Código de Procedimiento Penal impulsada por el gobernador Daniel Scioli, que dispone límites para el otorgamiento del beneficio de excarcelación para los procesados por delitos con uso de armas o con participación de menores.

"Notificada que sea al Ejecutivo la promulgaremos de inmediato. Es una decisión muy importante la de la Legislatura porque buscamos disuadir que los adultos utilicen a menores para cometer delitos en su beneficio", dijo Casal a radio Mitre.

El funcionario hizo hincapié en la parte de la norma que involucra a quienes usen menores para delinquir: "Buscamos disuadir" ese tipo de utilización, planteó. La reforma fue aprobada por los bloques del Frente para la Victoria-PJ, UCR, GEN y el acompañamiento de los diputados de Unión Pro y del Peronismo Federal, en tanto los legisladores de la Coalición Cívica, como en la Cámara de Senadores, marcaron su voto negativo.

Caso Noble: removieron de la causa a Conrado Bergesio

El juez Conrado Bergesio fue apartado esta tarde en la causa donde se investiga la presunta apropiación de Marcela y Felipe Noble, hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

La Cámara Federal de San Martín hizo lugar al pedido de recusación presentado por el Ministerio Público Fiscal y a partir de ahora la investigación queda en manos de la magistrada Sandra Arroyo Salgado.

La nueva jueza tiene 40 años y una larga trayectoria. Como abogada, le tocó defender a parte de la banda de secuestradores que mantuvo cautivo a Ariel Strajman en el año 2002, un caso recordado mediáticamente porque el joven fue torturado y mutilado. Es la esposa de Alberto Nisman, fiscal especial del caso abierto por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Se la vincula a Jaime Stiusso, el director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia, hombre fuerte del organismo que fue expuesto en su momento por ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El resto de sus datos, en la sección Funcionarios.

Rafecas es el juez confirmado en el choque Carrió-Aníbal

La Cámara Federal confirmó al juez Daniel Rafecas al frente de una causa por calumnias e injurias que le entabló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la diputada nacional opositora Elisa Carrió.

Fernández querelló a Carrió por haberlo acusado de ejercer presuntas presiones sobre la viuda del empresario pesquero asesinado Raúl Espinosa, un episodio por el que la legisladora afrontó un juicio oral que le entabló el empresario Héctor Antonio, en el que fue absuelta.

Fernández explicó que había presentado la querella porque Carrió deslizó que la viuda de Espinosa "estaba siendo presionada y no hablaba" y en ese contexto habría recibido presiones del entonces ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos, en agosto de 2007.

Después de tres años de tramitación, Fernández pidió el apartamiento del juez Rafecas por considerar que había "emitido opinión" en el sentido de sobreseer a Carrió. Pero la Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, entendió que no estaba cuestionada "la imparcialidad del señor juez de grado que decorosamente así lo trata".

Así, Rafecas seguirá adelante con la causa, que parece encaminarse al sobreseimiento de Carrió, pues luego de ocurridos los hechos fue sancionada la ley que modificó los delitos de "calumnias e injurias". De tal suerte, las expresiones vertidas por Carrió hoy ya no serían delito, y por aplicación del principio de la "ley más benigna", la diputada quedaría a salvo de cualquier sanción penal.

Escuchas: Jorge Palacios no sabe, no contesta

Tras la indagatoria al ex ministro de Educación, Mariano Naradowski, el ex jefe de la Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide y reiteró su "inocencia" e insistió en negar cualquier vinculación con la red de presunto espionaje ilegal que habría operado desde el Gobierno porteño y los 'pinchazos' telefónicos.

Así se lo dijo su abogado defensor, Diego Richards, al salir de la audiencia de ampliación de declaración indagatoria. "Lo interrogaron sobre su ingreso a la Policía Metropolitana y desde cuándo lo conocía a Mauricio Macri. Dijo que lo conoce desde el secuestro de una hermana. Y también fue gerente de seguridad de Boca", confió.

Entre las personas que sufrieron el presunto espionaje figuran Sergio Burstein, de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, y el empresario Carlos Avila.

Caso Castro: probation para seis implicados

Fuentes judiciales informaron que las defensas de los seis acusados y el fiscal Eduardo Marazzi acordaron una "probation", y ahora sólo resta que el acuerdo sea homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal Once (TOC 11), designado para llevar adelante el juicio oral.

El acuerdo entre las partes y el fiscal implica que los primeros realicen tareas comunitarias e incluye una reparación económica que habrían efectuado los procesados a la familia del periodista tras una demanda ante la Justicia Civil.

Ahora el pedido de "probation" está en manos de los integrantes del TOC 11, Enrique Posse, Floreal de Laurentis y Enrique Alvarez Aldana, quienes podrían resolverlo mañana mismo.

Los procesados por el homicidio culposo de Castro son el médico Rubén Lescano; el director y la coordinadora de la clínica psiquiátrica Santa Rosa, Carlos González y Diana Musache; la médica que autorizó su traslado al sanatorio Otamendi, Alejandra Abbene; el que lo trataba, Gabriel Handlarz, y el supervisor de la prepaga Medicus, Alexis Mussa.

El 2 de marzo de 2004 Castro cayó desde el balcón de su departamento del barrio de Palermo de esta capital y, a raíz de las graves heridas, murió tres días después en el Hospital Fernández.

Fuente: Ambito

Magistratura: ¿Quieren recortar el poder de la Corte?

Primer bloque: Mónica Nizzardo, de la Asociación Salvemos al Fútbol, sobre la irrupción de un grupo de barrabravas en la Feria del Libro.




¿Cómo quedará compuesto el Consejo de la Magistratura? Los proyectos en discusión. Hablan sobre el tema: Beinusz Szmuckler, ex miembro del Consejo y Gustavo Ferrari, diputado nacional del Peronismo Federal.

Corte: es inconstitucional el indulto a Martínez de Hoz

El máximo tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad del indulto dictado por el ex presidente Carlos Menem a favor del ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, en una causa por el secuestro de dos empresarios algodoneros en noviembre de 1976.

La medida deja a Martínez de Hoz al borde de la detención, en una causa en la que ya están arrestados el ex presidente y el ex ministro de Interior de la última dictadura Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, respectivamente. El Alto Tribunal rechazó un recurso extraordinario del ex ministro de Economía y ratificó la inconstitucionalidad de los decretos de indulto que ya había aplicado para con Videla.

Videla sufrió una nueva orden de arresto en esta causa –ya estaba detenido por otros crímenes de lesa humanidad- cuando fue declarado inconstitucional el indulto en este expediente, y lo propio ocurrió en febrero de 2008 con Harguindeguy.

Los tres están acusados por hechos que se remontan al 5 de noviembre de 1976, cuando por un decreto de la dictadura fueron arrestados "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" Federico y Miguel Ernesto Gutheim, en virtud de la "primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República". Sin embargo, no hubo razones políticas para ese secuestro: los Guthein, padre e hijo, estuvieron cinco meses y dos días secuestrados y sólo recuperaron la libertad cuando accedieron a firmar los acuerdos que les exigía el gobierno de facto.

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Vuelos de la muerte: Scilingo seguirá preso

El ex represor de la ESMA, acusado por participar de los "Vuelos de la muerte", Adolfo Scilingo, fracasó en su intento de que un Tribunal Supremo de España revise la sentencia a 1.084 años de prisión.

Las agencias internacionales informaron hoy que los magistrados destacaron "la ausencia de fundamento legal para la revisión" de la pena contra Scilingo, de 63 años y encerrado en el penal de Alcalá Meco, provincia de Madrid. El ex marino recurrió el fallo con el argumento de que sus superiores en la ESMA -donde él era jefe de automotores- no le tenían confianza y, por consiguiente, mal pudieron haberle ordenado embarcar en los "Vuelos de la muerte" para arrojar desde allí prisioneros vivos al mar.

Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que a las pruebas aportadas les "falta ese carácter de novedad, pues el condenado insiste en argumentaciones y elementos probatorios que ya pudieron hacerse valer en el curso del proceso", tanto en la instrucción como en el juicio oral.

El 19 de abril de 2005 la Audiencia Nacional -máximo tribunal penal de España- pronunció un fallo histórico al dictar la primera condena -640 años de cárcel- contra un represor de otro país, en aplicación del principio de la Justicia universal, el mismo que ahora querellantes españoles usan para denunciar los crímenes de Francisco Franco ante la Justicia federal porteña.

A Scilingo, que en 1976 y 1977 se desempeñó en la Escuela de Mecánica de la Armada, lo condenaron por un delito de genocidio en concurso con 30 delitos de homicidio, 93 de lesiones, 255 de terrorismo y 286 de torturas. El proceso a Scilingo fue el primero contra un militar de la dictadura argentina por crímenes de lesa humanidad como "genocidio" y "terrorismo", y con el acusado sentado en el banquillo en otro país, ya que el marino Alfredo Astiz fue juzgado en ausencia en Francia y condenado a prisión perpetua.

Allanan consultoras por el "espionaje" en Economía

Cinco consultoras privadas fueron allanadas por orden del juez federal, Claudio Bonadío, en el marco de la investigación que salpica al asesor legislativo, Roberto Larosa. Se trata de Ecolatina, fundada por el ex ministro Roberto Lavagna; M&S, de Carlos Melconián; Estudio Broda, de Miguel Angel Broda y FIEL, de Orlando Ferreres.

Larosa fue encontrado hace diez días en el despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, en el cuarto piso del Ministerio de Economía a última hora de la noche con una valija con dos linternas, una lupa, una corbata y una toalla.

La Justicia libró los allanamientos después de recabar pruebas en la casa de Larrosa, donde se encontraron talonarios de entre 700 y 1500 pesos a nombre de distintas consultoras y tarjetas personales, detalló esta mañana el diario Ambito Financiero. Bonadío busca establecer si Larosa, detenido en Marcos Paz, vendía carpetas a estas consultoras con información que el Gobierno no quería mostrar, indicó el matutino.

La causa fue caratulada como "intento de hurto" y "violación de morada". El asesor del diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, habría tenido las llaves de las ofinas de Rigo, razón que habilitó un sumario interno para determinar si un funcionario de Economía le pasaba información y la entrada al edificio.

Barras de Nueva Chicago en los disturbios de la Feria

El 24 de octubre de 1981 la barra de Nueva Chicago fue presa por cantar la marcha peronista en la cancha. La libertad de expresión, en plena dictadura militar, era un delito que se penaba con cárcel. Casi treinta años más tarde, la barra de Nueva Chicago irrumpió en la Feria del Libro para acallar voces diferentes al discurso oficial sobre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en la presentación del libro "Indek, historia íntima de una estafa", del periodista Gustavo Noriega.

Fue el domingo a la noche, en pleno acto académico y se ocuparon, claro, de que su presencia se hiciera notar ante las cámaras: volaron sillas y algún que otro custodio privado de la Feria terminó en el piso. El grupo tenía una cabeza visible: el hijo de Gustavo Ochoa, secretario general de la Asociación del Personal del Mercado de Hacienda, un lugar en el que pisa fuerte un hombre clave del armado K, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Algunos dicen que los barras prestaron el mismo servicio combativo de los ochenta en pos de una causa nacional y popular. Otros, más lúcidos, simplemente se ríen de cómo se ha transformado la historia.

Las imágenes no dan lugar a dudas: la fracción Los Perales de la barra de Mataderos estuvo al frente de la agresión. Los mismos que fueron investigados por el crimen de Marcelo Cejas, hincha de Tigre asesinado en un partido con Chicago en 2006. La relación de los violentos del Torito con la política viene de mucho tiempo atrás y en la última época han hecho buenas migas con los punteros K.

Los líderes del barrio son Javier Miranda y Ariel Pugliese. El primero trabaja en el INDEC de Moreno, con un contrato registrado bajo la modalidad 048. El segundo, alias Gusano, tuvo un contrato temporario y es ducho para lo que guste mandar: fue el hombre que apareció como custodio de la AFA para Lionel Messi en su último viaje a la Argentina. La propia titular del INDEC Ana María Edwin admitió ayer que gente de ese Instituto podia haber estado entre los violentos del domingo a la noche.

Fuente: Clarín, Online 911

Escuchas: Naradowski declaró ante Oyarbide

El ex ministro de Educación porteño, Mariano Naradowski, se presentó hoy a las 10 de la mañana ante el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la causa donde se investigan las "escuchas ilegales" en la Capital.

Reconoció ante el magistrado que "a pesar de que no tenemos nada que ver con el espionaje, como dijo la Cámara, vamos a seguir colaborando todo lo que sea necesario", según reprodujo la agencia Télam.

La agenda del magistrado continua esta semana con la citación del miércoles para el ex jefe de la Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios. Y el viernes, en tanto, será el turno de Guillermo Montenegro, ministro de Justicia. La citación para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quedará para el 5 de mayo.

Pese a la resistencia del macrismo, el último jueves la Cámara Federal lo confirmó a Oyarbide al frente de la investigación.

Indulto a Martínez de Hoz: la Corte confirmará que es inconstitucional

Por Silvana Boschi para Clarín

En un fallo que saldrá en los próximos días, la Corte Suprema confirmará que es inconstitucional un decreto de indulto que benefició al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. La medida permitirá que Martínez de Hoz siga siendo juzgado por el secuestro de dos empresarios, una causa que se había paralizado luego del indulto firmado por el ex presidente Carlos Menem, en 1990.

El mes pasado, el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, había solicitado a la Corte un "pronto despacho" sobre la inconstitucionalidad de este decreto, una medida que ya había sido dispuesta en primera y segunda instancia, y luego fue apelada a la Corte, donde ingresó en julio de 2008.

Según fuentes del tribunal, el fallo no contaría con la firma de todos sus jueces, pero habría al menos cuatro dispuestos a apoyar esta medida.

El secretario Duhalde aseguró en marzo que "resulta inexplicable la demora judicial en el caso Martínez de Hoz, teniendo en cuenta que la Corte ya se ha pronunciado en otros casos similares. Hay delitos de lesa humanidad, imputados al superministro del terrorismo de Estado cuya investigación no puede prosperar por la tardanza de la Corte".

Martínez de Hoz debe responder por la detención y puesta a disposición del Ejecutivo del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto. Y debe dar explicaciones ante la Justicia por su participación en el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, funcionario del Ministerio de Economía que se opuso a la estatización de la Italo.

En 2006, el juez federal Norberto Oyarbide había declarado en primera instancia la inconstitucionalidad del indulto a Martínez de Hoz, y por esta decisión, que también abarcó al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, se reinició una investigación sobre el episodio ocurrido entre el 5 de noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977, por el secuestro de Federico y Miguel Gutheim. Ambos eran dueños de una algodonera, pero los pusieron a disposición del Ejecutivo mediante un decreto firmado por Jorge Rafael Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, en el que se hacía curiosa referencia a una "primordial responsabilidad del Gobierno: consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República". Según consta en la causa, se pretendía que cumplieran con una de exportación que le permitiría a Martínez de Hoz cerrar un negocio con Hong Kong.

Los Gutheim pasaron por el Departamento Central de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun presos, mantuvieron reuniones con funcionarios que trataron de cambiarles su libertad por esas exportaciones que tanto interesaban a la dictadura. Una vez liberados, también por decreto, salieron del país; no volvieron más.

La reapertura de esta causa había sido planteada por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En esa oportunidad, adhirieron el fiscal Federico Delgado y el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, además del Gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue admitida como querellante. Los Gutheim, en cambio, nunca se presentaron en el expediente.

Jornadas sobre Periodismo y Bicentenario

Jornada académica el próximo lunes 3 de mayo a las 18 hs en la sede del Colegio de Abogados de La Plata a fin de honrar el Día mundial de la libertad de expresión en el marco del Bicentenario de la Patria.

Disertarán el Dr. César Díaz (Doctor en Comunicación y Prof. de Historia del Periodismo), Carlos Pagni (Prof de Historia y periodista del diario LA NACION) y Pepe Eliaschev (periodista radial y gráfico)

Los ejes del debate propuesto rondarán:

1) - Sobre las diferentes modalidades de censura (política, judicial, privada, previa, posterior, directa, indirecta como la publicidad oficial) que la prensa ha debido afrontar en el transcurso de estos 200 años en el país.

2) - La autocrítica al ejercicio de la profesión en relación a la "honestidad intelectual" de los periodistas y medios de comunicación (Empresas y Estado) tanto a comienzos del S. XIX como a la fecha.

3) - Acceso a la información pública: la famosa frase "el pueblo quiere saber de que se trata" tiene más vigencia que nunca y el periodismo en su rol de intermediación a veces no puede contar con la información requerida al Estado. Aún no se ha dictado una ley nacional que regule el tema a excepción de ciertas materias puntuales como medio ambiente o vía Decreto del PEN respecto a la información que posee. Todo redunda, por lo pronto, en que el periodismo debe valerse de contactos, fuentes, etc para poder realizar investigaciones a fin de descubrir hechos de corrupción, etc.

Piden a la provincia reducir la cantidad presos en Batán

Un tribunal de Mar del Plata le ordenó al gobierno bonaerense que adopte medidas para reducir la cantidad de presos en el penal de Batán y mejorar las condiciones edilicias y de alojamiento de los presos.

La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal hizo lugar a un habeas corpus presentado en 2008 por la Defensora Oficial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, María Fernanda Mestrín, y Horacio Verbitsky, representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El fallo establece un plazo de un año para adecuar la cantidad de presos a la capacidad real del penal, originalmente previsto para 700 reos pero en la actualidad con más de 1.100 alojados.

Oyarbide seguirá al frente de la causa por las escuchas

Pese a la resistencia del macrimo, muy especialmente del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montegro, el juez federal que entiende en la causa por las escuchas ilegales, Norberto Oyarbide, fue confirmado por la Cámara Federal al frente de la investigación.

Montenegro había pedido la semana pasada que se lo aparte aduciendo que cuando él era fiscal federal le había pedido la declaración indagatoria en una causa en la que estaba acusado de haber intervenido ilegalmente los teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona.

Hebe quiere juicio político para Julio Cobos

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, presentó hoy en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político al vicepresidente, Julio Cobos, por presunta "comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Bonafini fue recibida en la Cámara por el presidente del cuerpo, Eduardo Fellner (FPV), a quien entregó el pedido de juicio político de acuerdo a lo que prescribe el artículo 53 de la Constitución Nacional.

En la presentación, Bonafini dice esperar que la Cámara "honre el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, acusando condignamente por la grave afectación incurrida en perjuicio de las instituciones de la República" y pide que la acusación se realiza "con presteza" que el caso amerita "por su gravedad institucional".

Antes de ir a la Cámara de Diputados acompañada por el abogado Eduardo Barcesat y miembros de Madres, Bonafini había realizado una denuncia penal en los Tribunales de Comodoro Py contra el Vicepresidente.

"Él se cree que lo van a votar cuando se presente a candidato a Presidente, no sé con quién ni cómo, haciendo todo lo que está haciendo, me parece que es de terror", dijo la dirigente a los periodistas en los tribunales federales de Retiro.

III Conferencia de la Asociación Internacional de Fiscales

Los días 21, 22 y 23 de Abril de 2010, se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la "III Conferencia Regional para America Latina de la IAP (Asociación Internacional de Fiscales) "Eficacia en la persecución penal", organizado por el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma y por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

Respecto a la elección de Buenos Aires como sede, las palabras del Dr. Germán Garavano, titular del Ministerio Publico Fiscal, son mas que elocuentes "…dicha distinción, además de representar un compromiso que este Ministerio Público Fiscal asume con orgullo, se constituye como un hito trascendental en el marco del proceso de reorganización, denominado "Nuevo Diseño Organizacional", el que implica profundas modificaciones tanto en la distribución de las oficinas de las Fiscalías como en los procesos de trabajo que en ellas se realizan. Es en ese sentido que la Fiscalía General –cabeza del Ministerio Público Fiscal-, consciente de los niveles de desconfianza de la sociedad en el sistema judicial, así como de sus tradicionales problemas de difícil acceso, lentitud, elevados costos y escasa capacidad de respuesta, ha adoptado un compromiso concreto frente a la sociedad para lograr ser una institución eficaz y cercana a la comunidad…

Los cambios producidos en la organización del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abandonando la vieja estructura tradicional para brindar un acceso a la justicia y una atención al público eficaz y eficiente se traducen en un diseño organizacional moderno, de vanguardia, que les permite a los fiscales ocuparse exclusivamente de la investigación dejando de lado las tareas administrativas. El resultado es una justicia más ágil, rápida y de resultados efectivos, generando un servicio publico cercano al ciudadano y a sus necesidades.

Es inconstitucional trasladar presos sin autorización

El juez de Garantías de Mar del Plata Juan Francisco Tapia resolvió la inconstitucionalidad de los traslados de presos por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense sin autorización de la Justicia.

De esta forma, el magistrado desautorizó los procedimientos conocidos como "calesita", por los cuales las autoridades penitenciarias hacen trasladar a determinados internos por diversos institutos del organismo sin informar a los jueces.

La resolución de Tapia tiene que ver con un procesado, quien llegó el 1 de abril pasado a la Unidad 15 de Batán y fue trasladado por el Servicio Penitenciario de manera irregular, según determinó, por no existir una orden judicial que lo avalara.

Una situación similar se produjo con otros presos que habían participado de una huelga de hambre en la Unidad 9 de La Plata y que derivó en el traslado de varios de ellos.
En el caso del procesado que llegó a Batán, Tapia consideró que "se están vulnerando tres derechos fundamentales: el derecho al control judicial de las condiciones de detención, el derecho a la defensa y el acceso a la Justicia y el derecho a permanecer cerca de su familia".

Jaime y empresarios procesados por "dádivas"

Después de sentirse víctima de una "persecusión" Ricardo Jaime, el ex funcionario kirchnerista sospechado de enriquecimiento ilícito, recibió el primer procesamiento en su contra: la Justicia federal lo responsabilizó y embargó por 800 mil pesos al entender que el ex Secretario de Transportes habría aceptado "dádivas" de empresarios del sector que supuestamente esperaban beneficios a cambio.

Junto a Jaime, el juez federal porteño Claudio Bonadío también procesó a un grupo de empresarios sospechados de solventar una docena de viajes cuestionados entre 2006 y 2008.
En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito del actual secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, quien había estado en una de esas travesías.

Por otro lado, el ex funcionario -que asumió su cargo en 2003, en la Presidencia de Néstor Kirchner y terminó renunciando tras la derrota del oficialismo en las últimas elecciones- también está seriamente comprometido en una causa donde se investigan sus bienes. De acuerdo a la denuncia que investiga el juez federal Norberto Oyarbide, el entorno familiar de Jaime multiplicó su fortuna pese a que ese incremento no se refleja en las declaraciones patrimoniales del ex funcionario.

Link relacionado: descargue el fallo completo

AMIA: Menem y Galeano no zafaron

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un recurso de casación que presentaron el ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano, contra el fallo del mismo tribunal que confirmó sus procesamientos por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Según se informó en tribunales, el fallo fue emitido por los camaristas Jorge Luis Rimondi y Gustavo Bruzzone, integrantes de la Cámara del Crimen pero que intervienen como magistrados ad hoc de la Cámara Federal para este caso. El 19 de marzo pasado, la Cámara confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Menem como "instigador" del encubrimiento de la investigación de la llamada "pista siria" por el atentado a la AMIA, y de Galeano, el ex comisario Jorge "Fino" Palacios y del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy como "autores materiales".

El tribunal también confirmó los procesamientos del ex Coordinador General de Audiencias de la Presidencia y hermano de Menem, Munir Menem; del ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar y del ex comisario Carlos Castañeda, publicó DyN.

Los acusados quedaron procesados por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y se ampliaron a 400 mil pesos los embargos sobre los bienes de los hermanos Menem, Palacios, Anchezar y Castañeda.

Los magistrados consideraron que Carlos y Munir Menem fueron quienes "habrían instigado" a encubrir la investigación penal contra el empresario sirio Alberto Kanoore Edul, lo que fue cumplido por el resto de los procesados "que fueron directamente determinados a hacerlo".

Cozzi fue elegido presidente del Colegio de Abogados

El candidato de la oficialista Gente de Derecho, Eugenio Cozzi, fue electo nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal al arrasar con más del 39.6% de los votos.

Cozzi, actual miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ocupará el cargo que deja Jorge Rizzo, quien estuvo a cargo de la presidencia los últimos cuatro años tras dos victorias consecutivas en las urnas. El triunfo marca un contundente apoyo de los abogados porteños a "Gente de Derecho", una agrupación que irrumpió en los últimos años y basó su gestión en brindar servicios para todos los abogados.

El recuento se demoró porque los letrados concurrieron masivamente a la sede de avenida Corrientes 1441. Se calcula que unos 16.300 abogados sufragaron, lo que representa casi un tercio del padrón electoral. Pasadas las 19, la tendencia ya era irreversible y lo único seguro era el triunfo de Cozzi.

La pelea estuvo en el segundo puesto entre Guillermo Lipera (Cambio en Positivo, lista 57) y Atilio Alterini (Lista 52). Pero Lipera logró imponerse con lo justo al sumar 24,18% de los votos contra 23,51% que obtuvo el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Detrás quedó Pedro Kesselman, de Compromiso y Acción (8,68%) y Mario Podolsky, del Frente Legal,(3%).

Revocan el sobreseimiento de Beraja por el Banco Mayo

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento a favor del ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, en una causa relacionada con una estafa a una empresa en el marco de la quiebra del Banco Mayo, pese a haber recibido a finales de los '90 una ayuda financiera del Banco Central de casi 300 millones de dólares.

La Sala Segunda de la Cámara dejó sin efecto el sobreseimiento que había dictado en primera instancia el magistrado Norberto Oyarbide, ante el reclamo de la firma Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A.

"El perjuicio que habría sido irrogado a la firma Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A (DPG). sería el correlato de haberse destinado ilegítimamente a una de las mesas de dinero del ex-Banco Mayo el monto del crédito que debía permanecer depositado a disposición de esta sociedad anónima, en la cuenta que poseía en esa entidad bancaria", explica el fallo que publicó DyN.

En rigor, el Banco Mayo había concedido un crédito de 2,5 millones de dólares a la empresa para que cancelara otros créditos, pero utilizó ese dinero para compensar otras cuentas, en un contexto de fuerte caída de los depósitos que condujo a la quiebra presuntamente fraudulenta de la entidad financiera.

"El manejo fraudulento del Banco Mayo, que diera lugar a la crisis financiera del mismo, generó la necesidad de toda una serie de cuyo objetivo era 'nivelar la mesa' de dinero...", lo que "lo iban a corregir más adelante pero no llegaron", explica la acusación.

Escuchas: destituyeron a los jueces misioneros

Los jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey, implicados en el escándalo por las escuchas en la ciudad de Buenos Aires, fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de esa provincia, que consideró que cometieron "abuso".

Los magistrados habían autorizado las intervenciones telefónicas a personas de diversos sectores sociales, entre ellos el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila, y fueron encontraros culpables de "falta de cumplimiento de los deberes inherentes al cargo".

Por esos hechos, fueron procesados y detenidos el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y el ex policía federal Ciro James, y fueron citados a indagatoria el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a quien el juez federal Norberto Oyarbide le postergó la indagatoria prevista para mañana.

Por cinco votos a favor de la destitución y dos en contra, el Jurado consideró que los ahora ex jueces "habían autorizado las escuchas sin saber a quien se escuchada, sin cotejar la información de las escuchas, sin controlar el trabajo de investigación que hacia la Policía y james", que era este ultimó el encargo de retirar las grabaciones de la SIDE "sin ningún tipo de control".

Para el tribunal, las víctimas del espionaje "no tenían ninguna relación con los hechos que se investiga" y fue afectado el "derecho a la intimidad de las personas". Por la destitución votaron los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones Rubén Uset y Cristina Leiva; los diputados José Garzón Maceda y Rubén Redzuck, y el abogado Carlos Bobadilla.

Habla la jueza que autorizó el matrimonio gay

Mientras desde el Gobierno porteño se pronuncia en contra de la adopción por parte de los matrimonios gay, en el Congreso avanza el tratamiento de la ley que los habilita.

Vuelve el debate sobre un tema instalado en la agenda. Hablan sobre el tema Elena Liberatori, jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, el constitucionalista Félix Loñ y Esteban Paulón, secretario general de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas y Transexuales.

Cárcel común para Bignone y seis represores

Sentencias:

Reynaldo Bignone. Condenado hoy a 25 años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua por crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura. El tribunal lo halló culpable de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Bignone fue el último presidente de la dictadura que usurpó el poder en la Argentina entre 1976 y 1983.

Osvaldo Jorge García. Ex director de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo durante la última dictadura militar, condenado a 18 años de cárcel. Se lo halló culpable de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos.

Santiago Omar Riveros, ex titular del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, condenado a 25 años de cárcel. Se lo acusa de allanamiento ilegal, robo agravado y privación ilegítima de la libertad.

Fernando Verplaetsen. Ex jefe del departamento de Inteligencia de Campo de Mayo y ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura, fue condenado hoy por la Justicia a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Fue acusado de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Recibió inhabilitación absoluta y perpetua.

Carlos Tepedino. Ex jefe de Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en 1978. Fue condenado hoy a 20 años de cárcel e inhabilitación perpetua.

Eugenio Guañabens Perelló. Ex director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos" fue condenado a 17 años de cárcel e inhabilitación durante el tiempo de la condena.

Germán Montenegro. Ex titular de la comisaría de Bella Vista que ocupó ese cargo en la dictadura, fue absuelto hoy por crímenes cometidos en el área de Campo de Mayo por los que estaba acusado.

El expediente. Conocida como la Causa Riveros, se investigaron crímenes y desapariciones en Campo de Mayo. Estaban imputados Santiago Omar Riveros, ex titular del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Bignone, su segundo en 1977; Eugenio Guañabens Perelló, ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y Fernando Verplaetsen, ex jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo.

También están sentados al banquillo de los acusados Jorge García, ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo; Carlos Tepedino, jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito en 1978; Eduardo Espósito, director de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo en 1977, y Germán Montenegro, comisario de Bella Vista en la misma época.

Todos estaban acusados por "allanamientos ilegales, privaciones de la libertad, e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, durante los años 1976, 1977 y 1978".

Fallo de La Haya: vía libre para la pastera Botnia

La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay no respetó el Tratado y que la Argentina no pudo comprobar la contaminación del río. Por intermedio del presidente en ejercicio, Peter Tomka, realiza la lectura del fallo, que será inapelable, sobre la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.

El tribunal concluyó que Uruguay "violó el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay". En tanto, a pesar de considerar que la Argentina no aportó las pruebas necesarias para afirmar que hubo contaminación, la Corte instó a las dos partes a velar por el "equilibrio ecológico" de la cuenca del Río Uruguay. Tras argumentar que el río presentaba niveles de contaminación que no fueron alterados por la instalación de Botnia, el tribunal consideró que "no hay motivos para ordenar el cese de la pastera" y que "no habrá compensación económica para Argentina".

Extractos:

- "La Corte considera que el Estado que proyecta las actividades debe informar a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) no bien cuenta con un proyecto lo suficientemente armado, para que la CARU pueda determinar si causará un daño a la otra parte", dijo el vicepresidente de la CIJ, el eslovaco Peter Tomka.

- Para la CIJ, era "indispensable" que Montevideo diera cuenta a Buenos Aires y a la CARU de la autorización para que Botnia comenzara a funcionar, y, al no hacerlo, "no respetó el artículo 7 del Estatuto de 1975", que imponía esa obligación.

- "La demanda relativa sobre los malos olores y su impacto en el turismo no es de competencia de esta corte", remarcó el tribunal de La Haya, quien sostuvo que la Argentina "no dio pruebas" sobre la eventual contaminación de la planta de celulosa que instaló la empresa Botnia en las costas del Río Uruguay.

- El juez Tomka, a cargo de la lectura del fallo, sostuvo que La Haya "no ve nada que pueda sustentar las demandas" de la Argentina en materia de contaminación visual y ambiental.

Link relacionado: descargue el fallo de La Haya (en inglés)

Oyarbide postergó la indagatoria de Montenegro

La declaración indagatoria que debe prestar el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, por las escuchas ilegales en el gobierno de la Capital Federal, quedó postergada para el próximo 30 de abril, según resolvió el juez federal Norberto Oyarbide.

El magistrado adoptó la decisión después de que la Cámara Federal porteña le reclamara el expediente para resolver un pedido de apartamiento que el propio Montenegro formuló contra Oyarbide. Con el objetivo de "garantizar adecuadamente el derecho de defensa del imputado", Oyarbide suspendió el trámite, que estaba previsto inicialmente para mañana.

La Cámara Federal deberá resolver esta semana si acepta o rechaza el pedido de Montenegro para apartar a Oyarbide de la investigación, habida cuenta de una vieja causa judicial que los enfrentó a ambos. Cuando era fiscal, Montenegro pidió, en 1997, la indagatoria de Oyarbide en una causa en la que era investigado por la supuesta intervención ilegal de teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona.

Según el Código Procesal, esa circunstancia obligaría a Oyarbide a apartarse del expediente, pero el juez rechazó tal situación y ahora será la Cámara la que deberá adoptar una decisión definitiva.

Piden respeto de los derechos de un niño en un caso de tenencia

La Federación Argentina de la Magistratura emitió un comunicado donde expresó "su profunda preocupación y repudio al tratamiento público de una causa judicial respecto de la tenencia de un niño (la imagen que abre la nota corresponde a otro caso), en la provincia de Entre Ríos"

De acuerdo a la misiva, "el Juzgado interviniente decidió otorgar la tenencia al padre del menor, con motivos fundados en la tutela de los derechos de la parte más débil, el niño, como obra en el expediente judicial". Según la FAM, "frente a esa decisión, la madre del menor denunció en diversos medios de comunicación que su hijo habría sufrido abusos por parte del padre, extremo que fue descartado de plano en el expediente a través de todas las pruebas pertinentes; y la existencia de una conspiración para perjudicarla -que incluiría a jueces, médicos, policías y una larga lista de etcéteras- que resulta indisimulablemente falaz y maliciosa, para cualquiera que conozca los detalles de la causa".

El comunicado indica, además, "la plena vigencia de las normativas nacionales e internacionales que prohíben la difusión de datos personales y cualquier otro elemento que permita la identificación de los menores de edad, para proteger sus derechos y evitar la estigmatización social, diversos medios de comunicación han publicado imágenes del menor, violentando, además de las leyes, principios básico de la ética periodística".

Y agrega: "La Federación Argentina de la Magistratura hace un llamado público a periodistas y medios de comunicación a que extremen las medidas tendientes a proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos, en particular de los más débiles, poniendo por delante de cualquier otra consideración el cumplimiento de la ley y de las normas deontológicas que regulan su profesión".

El cuestionado juez Delgado renunció a su cargo

El juez de Ejecución Penal, Sergio Delgado, fuertemente criticado por conceder liberaciones de presos con un acentuado criterio garantista, renunció a su cargo y la dimisión ya fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Así lo señala el Decreto 502/2010, publicado hoy en el Boletín Oficial, que establece que la fecha de cesación en el cargo de Delgado fue el 9 de abril pasado. Delgado afrontó varios procesos en el Consejo de la Magistratura por la concesión de libertades a presos, pero salió indemne de todos ellos.

Link relacionado: Vuelva a ver Los jueces en la mira. Hablan sobre el tema Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires; Guido Lorenzino, diputado provincial impulsor del juicio politico a Sal Lari y Ulises Giménez, titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder.

El vice díscolo denunciado por "abuso de autoridad"

La presentación de dos particulares contra el vicepresidente Julio Cobos recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Al radical se lo acusa de "abuso de autoridad" tras la ruidosa sesión de la semana pasada en el Senado que habilitó el debate sobre "mayoría simple" durante la modificación del impuesto al cheque.

Rafecas fue designado en octubre de 2004, durante el gobierno de Carlos Menem. Inició su carrera judicial a los 19 años, como meritorio en un juzgado de Sentencia. Tras muchos años ocupando distintos cargos, fue secretario de una fiscalía de juicio oral federal y estuvo a cargo de la Fiscalía de La Boca, donde apadrinó el comedor infantil Bokitas. En esos años era considerado uno de los "centauros", como se conocía a un grupo de fiscales apadrinados por el fiscal de Cámara Norberto Quantín.

También estuvo a cargo de una comisión creada en la Procuración para investigar los procedimientos fraguados por la Policía Federal. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1990. A nivel académico, es especialista en holocausto y delitos de lesa humanidad.

Montenegro recusa a Oyarbide pero la Cámara decide

Esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal resolverá finalmente si da lugar al recurso del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, solicitando la recusación del magistrado.

La semana pasada, el funcionario macrista recordó que cuando era fiscal federal había pedido la declaración indagatoria del magistrado en una causa en la que estaba acusado de haber intervenido ilegalmente los teléfonos del abogado Mariano Cúneo Libarona. Aquel episodio ocurrió cuando Oyarbide se vio complicado por un video tomado en el club nocturno Spartacus y por una causa en la que se investigaba una supuesta red de protección a policías federales sobre ese tipo de establecimientos.

Montenegro recordó que el artículo 55, inciso octavo, del Código Procesal, establece que "el juez deberá inhibirse de conocer en la causa si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados o acusado o denunciado por ellos".

En su pedido, Montenegro solicitó que Oyarbide se inhibiera de actuar en la causa en la que se lo investiga por espionaje irregular, dado que, según aseguró, el juez instruyó, en el año 1997, una causa en la que el actual ministro se desempeñó como fiscal. En el marco de ese expediente, Montenegro había denunciado al magistrado.

Link: Montenegro le pasa factura a Oyarbide

"Nulidad absoluta" para el matrimonio entre mujeres

El matrimonio entre Norma Edith Castilla y Ramona Arévalo, el primer casamiento entre mujeres en el país, fue anulado por la jueza Martha Gómez Alsina, del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 102, que hizo lugar al planteo de un particular que solicitó se declare su nulidad.

Gómez Alsina afirmó en su fallo que "el artículo 172 del Código Civil es claro al disponer que los contrayentes deber ser hombre y mujer para la existencia del matrimonio" y advirtió que "se trata de un acto cuyo objeto atenta contra los intereses generales o colectivos y en especial el orden público que impone el régimen del matrimonio, en forma ostensible, por no ajustarse a los requisitos que específicamente exige la norma para la existencia del matrimonio, objeto del acto cumplido".

Links:
Descargue el fallo completo en Será Justicia Digital

Vuelva a ver la polémica por el matrimonio gay. Hablan Alex Freyre y José María Di Bello; Analía Mas, asesora legal del INADI y el psiquiatra Enrique Stola.

El Colegio de Abogados porteño elige presidente

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal elegirá mañana marteslas nuevas autoridades para los próximos dos años, con cinco listas –una oficialista y cuatro opositoras- que se disputarán la presidencia y demás cargos directivos de la entidad.

El candidato oficialista será el consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Eugenio Cozzi, quien encabezará la lista 47 por la agrupación "Gente de Derecho", a la que pertenece el actual presidente, Jorge Rizzo (foto), quien no puede postularse pues ya ejerció el cargo durante dos períodos consecutivos.

Los postulantes opositores Guillermo Lipera, de la agrupación "Cambio en Positivo", lista 57; el ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA Atilio Alterini, lista 52; Mario Podolsky, por el "Frente Legal", lista 56 y Pedro Kesselman, de "Compromiso y Acción", lista 53.

El horario de votación se extenderá entre las 8 y las 18 en la sede central del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, Corrientes 1441 de esta Capital.Están habilitados para sufragar unos 50 mil abogados con su matrícula vigente en el distrito porteño.

Link vinculado: Piña va, piña viene - La discusión entre Lipera y Rizzo

Mañana se conocerá el veredicto para Reynaldo Bignone

Será a las 16.30. El Tribunal Oral Federal número uno de San Martín leerá la sentencia en el juicio oral y público contra el último presidente de facto y otros imputados por delitos de lesa humanidad.

En la denominada Causa Riveros, donde se investigan crímenes y desapariciones en Campo de Mayo, están imputados Santiago Omar Riveros, ex titular del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; Bignone, su segundo en 1977; Eugenio Guañabens Perelló, ex Director de la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y Fernando Verplaetsen, ex jefe del departamento de inteligencia de Campo de Mayo.

También están sentados al banquillo de los acusados Jorge García, ex director de la escuela de infantería de Campo de Mayo; Carlos Tepedino, jefe del batallón de inteligencia 601 del Estado Mayor General del Ejercito en 1978; Eduardo Espósito, director de la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo en 1977, y Germán Montenegro, comisario de Bella Vista en la misma época.

Todos están acusados por "allanamientos ilegales, privaciones de la libertad, e imposición de tormentos en perjuicio de 56 víctimas, ocurridos en el Centro Clandestino de Detención de Campo de Mayo, durante los años 1976, 1977 y 1978".

"Me quedo porque quiero al país y hay mucho por hacer"

Tras una semana agitada con fuego cruzado entre la Corte y el Ejecutivo, el decano ministro del tribunal, Carlos Fayt, respondió que se queda en su lugar "porque quiero al país y hay mucho por hacer" y justificó su permanencia asegurando que "podría haberme jubilado hace 17 años con el mismo sueldo, pero sigo trabajando full life".

Fayt, de 92 años edad, fue centro de debate la semana pasada cuando dos diputados oficialistas, Alejandro Rossi y Carlos Kunkel cuestionaron a los magistrados que ocupan sus cargos más allá de los 75 años.

Rossi pidió el alejamiento del juez, al considerar que es un "ejemplo moral poco edificante".
El juez ganó en 1999 una causa contra el Estado nacional al declararse la inconstitucionalidad de una cláusula introducida por la reforma constitucional de 1994 que establecía que los jueces de más de 75 años debían tener acuerdo del Senado para seguir en el cargo, lo que vulneraba la garantía de inamovilidad de los jueces.

"En mi libro Self Moving -garantía de independencia del Poder Judicial- se explica la importancia de la inamovilidad de los jueces, y ésa es mi defensa", sostuvo Fayt en una entrevista con el diario Perfil.

"Trabajo porque no tengo ninguna duda de que quiero un país social, necesitamos un gobierno inteligente, con dirigentes capaces de combatir la exclusión social y las diferencias económicas, y que apunte a la enseñanza de orden científico y tecnológico", añadió.

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Escuchas: Oyarbide postergó las indagatorias

El detenido ex jefe de la Policía Metropolitana, comisario Jorge "Fino" Palacios, no ampliará hoy su declaración indagatoria en la causa por espionaje en la comuna porteña, como estaba previsto, y ha sido citado de nuevo para el 28 de abril.

Así lo resolvió el juez federal a cargo de la causa Norberto Oyarbide, que prefirió postergar la audiencia hasta el miércoles, día en que en principio había sido citado a declarar como imputado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien pidió prórroga para el 5 de mayo porque en la primera fecha estará de viaje en la India.

El primero en la lista de citados a declaración indagatoria, el miércoles 21 de abril, es el ministro porteño de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien días atrás recusó al juez Oyarbide, un incidente que ahora está a examen de la Cámara Federal.

Luego en el turno de audiencias sigue el ex ministro porteño de Educación Mariano Narodowski, para el lunes 26; Palacios, el miércoles 28; y Macri, el miércoles 5 de mayo. Los funcionarios civiles están imputados de presunta colaboración con las escuchas telefónicas ilegales que supuestamente Palacios y el espía Ciro James -contratado en la cartera educativa porteña- llevaron a cabo contra varias personas.

Entre los espiados figuran Sergio Burstein, líder de la Asociación de Familiares de Víctimas de la AMIA y principal crítico de que Palacios condujera la Policía Metropolitana; el empresario Carlos Avila y su yerno; un cuñado de Macri -Néstor Daniel Leonardo-; dos gerentes de la cadena de supermercados Coto, el abogado Francisco Castex; la cuñada del empresario Juan Navarro (del Grupo Exxel) y la esposa del anticuario Hugo Breitman, informó DyN.

Bergés, libre de culpa y cargo

El ex juez Mariano Bergés fue sobreseído en una causa iniciada por el sindicalista Luis Barrionuevo, que le achacaba los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" por ordenar la intervención de su teléfono.

Barrionuevo, que entonces se protegía con los fueros de senador nacional, era además presidente del club Chacarita y el ex magistrado - que reconoció no saber que el teléfono "pinchado" era del líder de Gastronómicos - investigaba un violento enfrentamiento entre la barra de Boca y "Chaca".

Aunque en princicipio había había solicitado una probation, Bergés desistió y el juez federal a cargo del caso, Julián Ercolini, entendió que la acción penal prescribió el último sábado.

Fayt ya tiene quien lo respalde

Frente a la embestida oficial que busca "jubilar" a los magistrados que superen los 75 años de edad (el ministro decano de la Corte, Carlos Fayt, tiene 92) el Movimiento Patriótico Nacional Previsional, una agrupación de jubilados que cada jueves se manifiesta ante el Palacio de Tribunales, decidió decir presente.

"Con sus 92 jóvenes años a cuestas se lo ve todos los días en su despacho, administrando justicia y realizando sus tareas", sostiene un documento entregado hoy a los ministros de la Corte.

"Condenamos las actitudes de hostigamiento con la cual se pretende inconstitucionalmente separar a los jueces de sus cargos. Estas actitudes las consideramos un aberrante acto discriminatorio en perjuicio de las personas de mayor edad", dice el texto.

"Exigimos el estricto respeto a la Constitución nacional, al derecho de los magistrados a continuar en sus cargos mientras dure su buena conducta sin ningún límite de edad y el cese inmediato de las campañas de desprestigio para aquellos que con sus años de experiencia han dado lustre a la Justicia argentina", cierra la misiva.

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La polémica por el "partido judicial". Debaten el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo y Ricardo Sáenz, fiscal general de la Cámara Correccional y Criminal de la Capital Federal y presidente de la AFFUN Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación.

ESMA: más de 200 testigos irán a declarar

Se presentarán ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 en el juicio oral que se sigue contra 18 ex marinos por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), anticipó el CIJ.

En el juicio, que comenzó en diciembre pasado, se investigan las desapariciones de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del periodista Rodolfo Walsh, entre otros delitos. Hasta ahora, los jueces Daniel Obligado, Oscar Hergott y Ricardo Farías escucharon las declaraciones de los acusados Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta, Raúl Scheller, Adolfo Donda y Carlos Antonio Capdevilla.

La fiscalía apeló el fallo por la tragedia de Lapa

Como estaba previsto, los fiscales federales que actuaron en el juicio por LAPA apelaron el fallo del Tribunal Oral Federal 4 que absolvió al ex presidente de la empresa Gustavo Deutsch, el ex vice Ronaldo Boyd y al ex gerente de operaciones Fabián Mario Chionetti.

Carlos Rívolo y Guillermo Friele presentaron hoy un recurso para que la Cámara Nacional de Casación Penal revoque esas absoluciones y condene a los ex directivos por el delito de estrago culposo a las penas de tres años y medio de prisión como pidieron en el juicio.

Consintieron la condena a tres años de prisión en suspenso al ex gerente de operaciones Valerio Diehl y al ex jefe de la línea 737 Gabriel Borsani y las absoluciones de la ex gerente de Recursos Humanos Nora Arzeno y de los ex funcionarios de la Fuerza Aérea Damián Peterson y Diego Lentito, ya que así lo habían pedido en el juicio.

A través de Hugo Wortman Jofré, los familiares de las víctimas también pidieron que los acusados sean condenados a las penas de entre 15 y 10 años de prisión para los ex directivos de LAPA por el delito de estrago doloso.

Siga el caso a través del archivo de Será Justicia Digital

Medicamentos: la Justicia pide por Cappaciolli

La Cámara Federal pidió hoy que el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappacioli, uno de los recaudadores de campaña de Cristina, declare en la causa por la comercialización de remedios falsos que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide.

La sala II del tribunal confirmó también los procesamientos con prisión preventiva de la mujer de Zanola, Paula Aballay, del empresario Néstor Lorenzo y de la ex vicedirectora de la policlínica bancaria, Susana Fiona, todos ellos están imputados como presuntos organizadores de una asociación ilícita.

La Cámara dispuso además liberar a otros imputados como la viuda de Sebastián Forza, Solange Bellone, y el ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, según confirmaron a lanacion.com fuentes judiciales. También quedarán en libertad el ex director del Programa Nacional de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Roberto Loiácono y su hijo Fernando.

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Casal también quiere que los jueces se jubilen a los 75

A las declaraciones de los diputados Carlos Kunkel y Alejandro Rossi sobre el límite de edad en los magistrados, se sumó hoy el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, que respaldó que los jueces se jubilen a los 75 años, al subrayar "hay ciclos de la vida que ameritan el paso a otra instancia. Coincide con un caso emblemático que es un juez de la Corte, es un caso delicado, pero entendemos que el sentido común indica que a cierta edad uno debe retirarse para dejar lugar a gente más joven".

En declaraciones a radio Provincia, Casal señaló que "es complicado porque si se lo toma en términos abstractos, conforme a la edad, es natural que una persona deje espacio para la gente más joven". Recordó que en la provincia "en estos dos años llegamos a los 600 nombramientos" de magistrados y "tuvimos promedio de edad muy bajo, porque se ha incorporado el sistema penal juvenil".

"El tener jóvenes con vocación y compromiso muy alto ha garantizado que este fuero funcione satisfactoriamente", indicó.

Caso Grecco: procesan al ex procurador Guglielmino

Osvaldo Guglielmino, ex procurador del Tesoro, fue procesado sin prisión preventiva por el presunto delito de "administración fraudulenta" por el pago supuestamente irregular de más de 330 millones de pesos a los acreedores del "Grupo Greco" en 2006.

La resolución fue adoptada por el juez federal Sergio Torres que en esta causa ya había procesado a dos ex altos funcionarios del Ministerio de Economía, el ex Subsecretario de Administración y contador Juan Cayetano Intelisano y quien fuera entonces su "número dos" , Eduardo Corrales.

Al ex procudor, Torres le impuso un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos. A Guglielmino se le imputa haber tomado intervención, como procurador del Tesoro de la Nación, en las maniobras defraudatorias que supuestamente tuvieron lugar en el desembolso de 145 millones de pesos a los acreedores del Grupo Greco, pues supuestamente habrían omitido certificar esos desembolsos e iban a autorizar el pago de otros 332 millones de pesos.

Torres les imputó por aquellos desembolsos, que no se concretaron en su totalidad, el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", castigado con penas de dos a seis años de prisión, y dictó embargos de un millón de pesos a cada uno.Ambos están acusados de presuntas irregularidades durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el desembolso de 145 millones de pesos a los acreedores del Grupo Grecco, pues supuestamente habrían omitido certificar esos desembolsos e iban a autorizar el pago de otros 332 millones de pesos.

Curso de periodismo judicial en ETER

Dirigido a comunicadores sociales y estudiantes de carreras vinculadas que quieran perfeccionar sus conocimientos sobre periodismo judicial para los distintos soportes y formatos.

Las noticias judiciales circulan a través de la voz de los periodistas, que, generalmente, no tienen una formación jurídica. Por eso es frecuente el uso incorrecto de términos que lleva a equívocos en la interpretación. Muchas veces sucede por el desconocimiento por parte de los comunicadores. Muchas otras, por una intención explícita de orientar la opinión pública hacia determinado lugar. La elección de cada término tiene consecuencias en la construcción del acontecimiento periodístico, del recorte de la realidad que será transmitido al público.

El concepto abstracto de la gente es usado con frecuencia para justificar la simplificación y deformación de los procesos. El curso de periodismo judicial, a través de prácticas en gráfica, radio y televisión, ofrece la formación necesaria tanto para la correcta transmisión de los acontecimientos como para la propia interpretación de lo que sucede en los medios, como así también las herramientas para especializarse en un área en la que abundan las oportunidades de trabajo y escasean los profesionales calificados para aprovecharlas.

DOCENTES:

Gonzalo Viña. Abogado (UBA). Docente en la Facultad de Derecho de la UBA. Funcionario del Poder Judicial de la Ciudad. Autor de artículos jurídicos en revistas especializadas.Martín del Viso. Abogado (UBA). Secretario del Juzgado Penal N° 14 del Poder Judicial de la Ciudad.

Ivana Szerman. Periodista. Productora de FM Touché 89.1 y colaboradora de Mario Mactas.

Silvana Frederic. Abogada. Investigadora. Se desempeñó como docente en la UBA. Dicta clases de Ética y Régimen Legal de la Radiodifusión en diversas carreras de periodismo y en ETER.

CURSADA: 8 Sábados, de 10 a 13 hs. desde el 8 de mayo
INFORMES: 4857-5701
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Más información en http://www.eter.com.ar/

Bergés a juicio oral por una denuncia de Barrionuevo

El ex juez Mariano Bergés deberá afrontar este jueves un juicio oral y público acusado de haber intervenido los teléfonos del sindicalista Luis Barrionuevo, cuando este era senador nacional por Catamarca y presidente de Chacarita, en una causa por enfrentamientos entre barras de Boca y su club.

Acusado de "abuso de autoridad", Bergés había pedido - y más tarde desistido - al beneficio de la "probation", ofreciendo tareas comunitarias en la Villa 31 y una indemnización para Barrionuevo. Cuando ordenó intervenir los teléfonos del gremialista, Bergés reconoció que desconocía que le pertenecieran al entonces senador nacional, quien estaba protegido por sus fueros parlamentarios.

Por el inicio del juicio, a cargo del magistrado Julián Ercolini, l a organización no gubernamental "Salvemos al Fútbol" convocó para mañana a "acompañar" a Bergés en el trámite judicial, en reconocimiento a "quien se ha comprometido desde mucho antes con esta problemática". La semana pasada había ocurrido algo similar pero con los seguidores del líder de gastronómicos.