Así formará el fuero federal porteño en 2010

El Centro de Información Judicial publicó hoy la nómina completa de quienes integrarán el próximo año el fuero federal porteño en 2010. De los once juzgados sólo uno, el Nº 9, sufrirá una modificación: "Tras la renuncia de su titular, Octavio Aráoz de Lamadrid, quedará, durante el mes de enero, interinamente a cargo de los magistrados Julián Ercolini, del 1º al 8 de ese mes, y de Rodolfo Canicoba Corral, del 9 al 31. Luego de ese período, la Cámara Federal resolverá quien ocupará el cargo para el resto del año.

El resto formará del siguiente modo:

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1: María Romilda Servini de Cubría (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2: Marcelo Pedro Martínez de Giorgi (subrogante) - (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3: Daniel Eduardo Rafecas (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4: Ariel Oscar Lijo (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5: Norberto Mario Oyarbide (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº6: Rodolfo Canicoba Corral (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7: Norberto Mario Oyarbide (subrogante) - (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº8: Marcelo Pedro Martínez de Giorgi (subrogante) - (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº9: Julián Daniel Ercolini (del 1º al 8 de enero) y Rodolfo Canicoba Corral (del 9 al 31) - (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº10: Julián Daniel Ercolini (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11: Claudio Bonadío (ver más en Funcionarios)

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº12: Sergio Torres (ver más en Funcionarios)

Advierten que hay sectores con animos de "anular" el matrimonio entre gays

Alex Freyre y José María Di Bello, la pareja de hombres que contrajo matrimonio en Ushuaia, advirtió hoy que hay sectores que van a intentar "anular" el casamiento, el primero de este tipo en América Latina, y cuestionaron al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por "no respetar la ley" en la ciudad.

"Sabemos que van a intentar anular nuestro matrimonio y estamos preparados para eso", expresó la pareja que concretó el casamiento ayer en Tierra del Fuego tras un intento frustrado el 1ro de diciembre en territorio porteño. Aseguraron, al mismo tiempo, que "lo único que defendemos es la igualdad jurídica" y expresaron que "la maldad no tiene límites. Es vergonzoso que haya gente que quiera impedir" el matrimonio.

"La Constitución Nacional es una ley superior, está por encima de cualquier ley. Prometemos defender el derecho de todos y todas", advirtieron.La pareja, que regresó hoy a la ciudad desde Tierra del Fuego, cuestionó a Macri por no permitir el casamiento en la Ciudad de Buenos Aires.

"El jefe de gobierno no respeta la ley, no respeta la autonomía de la Ciudad. Por eso fuimos a otra provincia". En ese sentido, mencionaron que en Tierra del Fuego encontraron "la decisión política de respetar la Constitución Nacional, lo que no hubo acá en la ciudad de Buenos Aires". La pareja destacó la decisión de la mandataria de ese distrito, Fabiana Ríos, por permitir el casamiento, y la calificaron como "una gobernadora valiente".

Decide la Corte un planteo por quema de pastizales

La Corte Suprema de Justicia resolverá, como tribunal de "competencia originaria", un reclamo de la Municipalidad de Rosario contra las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires por los daños ambientales que produciría la quema de pastizales en la zona del Delta del Río Paraná.

El máximo tribunal resolvió abocarse a la causa, iniciada por el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, "en representación de los habitantes de dicho municipio", que apunta a "obtener el cese de las quemas indiscriminadas, reiteradas y sistemáticas de pastizales y bosques que se realizan en las islas del Río Paraná y en el área noreste bonaerense".

Lifschitz adujo que "esta práctica agropecuaria, habitual y constante, que causa dificultades para respirar y disminuye la visibilidad, ha puesto en grave peligro la salud, la vida, la actividad comercial y turística y seguridad vial de los vecinos de la Ciudad de Rosario".

Al mismo tiempo, destacó que "el dióxido de carbono que esta práctica inyecta a la atmósfera produce la degradación del medio ambiente interjurisdiccional que comprende las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Bs.As, en el que se encuentra el ecosistema de humedal del Río Paraná, recurso natural de una enorme importancia ecológica e hidrológica para los habitantes de la zona", sostiene la acción de amparo iniciada por el municipio rosarino.

Además, pidió que sea citado "como tercero del Estado Nacional -Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable-, en razón de que se encuentra afectado un recurso ambiental interjurisdiccional". El reclamo de Rosario tiene un antecedente en la Corte: un planteo de la Universidad Nacional de Rosario contra la provincia de Entre Ríos por "daño ambiental", presuntamente ocasionada por las mismas prácticas de quema de pastizales.

La Justicia de la solidaridad

Debaten sobre el tema: Padre Jorge García Cuerva, cura de la parroquía Santa Clara de Asís, en Tigre; Jorge Alvárez Núñez, consejal de San Isidro (UCR) y el titular de Red Solidaria, Juan Carr.

Petracchi criticó el "desorden" de los peritos

El juez de la Corte Suprema Enrique Petracchi reconoció que existe "un gran desorden en el cuerpo de peritos contadores", la dependencia del máximo tribunal que elaboró el dictamen que permitió al juez Norberto Oyarbide sobreseer al matrimonio Kirchner ante una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Dicho "desorden" se viene produciendo "desde hace varios años", mucho antes de que elaborara el informe que sirvió de base para que Oyarbide diera por justificado el incremento patrimonial del matrimonio presidencial en el último ejercicio fiscal, de 158 por ciento.

Patracchi recomendó sobre el fallo "esperar a que llegue a la Corte, y la Corte lo resolverá". En ese sentido, dijo conocer "lo que dicen los diarios" sobre la resolución del magistrado de primera instancia, por lo que prefirió omitir una opinión, ya que "muchos hablan sin saber".En declaraciones a Radio América, Petracchi descartó también que existan presiones sobre los jueces y aseguró, en cambio, que "el Poder Judicial es absolutamente respetado".

Anuario judicial 2009

Marzo

Cuando las leyes están al servicio de la política. Hablan la abogada constitucionalista experta en procesos electorales Marcela Basterra, los apoderados del oficialismo y la oposición , Jorge Landau (PJ) y Julián Obiglio (PRO) y el analista político Enrique Zuleta Puceiro.

Los funcionarios que dijeron basta. Debaten el ex Pte. de Defensa de la Competencia, José Sbattela; el ex perito Alfredo Popritkin y el titular de la Auditoría General de La Nación, Leandro Despouy.

Abril

Las trabas judiciales para investigar el abuso sexual infantil. Hablan del tema el Presidente del Tribunal Oral 1 de La plata, Carlos Rozansky y la especialista en abuso infantil Sandra Baita.

El drama de viajar en tren. Hablan usuarios, demandantes y Pino Solanas, director del documental "La próxima estación".

La polémica por las candidaturas testimoniales. Habla Santiago Montoya: "Yo no me enrolé en el Ejército".

El trabajo esclavo en Argentina. Hablan dos ex trabajadores esclavos, los abogados denunciantes y funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Mayo

Habla Aníbal Fernández, ministro de Justicia. Inseguridad, narcotráfico, la imputabilidad de los menores, la relación entre el poder político y el judicial, las elecciones de junio y las candidaturas testimoniales.

El drama de los jubilados y la Justicia: hablan el camarista Bernabé Chirinos, el especialista Guillermo Jáuregui y la diputada María Fernanda Reyes.

Los jueces hablan de la inseguridad y responden las acusaciones de los políticos. Abel Fleming, de la FAM; Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires y Marcelo Vázquez, presidente del Colegio de Magistrados en la ciudad de Buenos Aires.

Peligro y descontrol de las drogas legales. Hablan la fiscal Mónica Cuñarro, jefa del comité Asesor del Ministerio de Justicia; Ricardo Martínez, director de la ANMAT; y el toxicólogo Carlos Damín.

Junio

La responsabilidad de los jueces frente a los violadores. Debaten Mauro Fernández, ex novio de la víctima de Caballito, Soledad Bargna; el especialista Lucas Courtade (AVIVI) y Julio Castro, de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Integridad sexual.

De la Justicia al Parlemento: los jueces en la política. Hugo Cañón, ex fiscal general de Bahía Blanca y candidato a Diputado provincial por Nuevo Encuentro, el partido que lidera Martín Sabatella. Julio Cruciani, candidato a Diputado nacional y legislador JEN (Jubilados en Acción) y Héctor Luis Yrimia, candidato a Diputado nacional por el Partido de la ciudad.

Elecciones y fraude: Marcela Rodríguez, candidata a Diputada Nacional por el Acuerdo Cívico y Social de la provincia de Buenos Aires y Eduardo Amadeo, candidato a Diputado Nacional por Unión Pro.

La Justicia al servicio de la sociedad. Asesoramiento y patrocinio civil. Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; Hernán Gómez, decano de la Facultad de Derecho de la UNLP y Enrique Marega, vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El Congreso que viene. Oscar Benini, periodista de El Parlamentario; Héctor Recalde, diputado del FPV; y Ricardo Gil Lavedra, diputado electo por el Acuerdo Cívico y Social.

Julio

El drama de adoptar en Argentina. Hablan sobre el tema un matrimonio que hace años esta en una lista de adopcion y los especialistas Sandra Juárez, titular de la Fundación PROHIJAR y Lucas Aón, juez de Familia.

Las denuncias judiciales por la Gripe A. Dr. Carlos Martínez Sagasta, médico epidemiólogo de la USAL. Ariel Umpierrez, ONG Médicos sin Fronteras y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.

AMIA, 15 años de impunidad. Mariano Burnstein, hijo de Rita, que murió en la AMIA a los 37 años, su padre Sergio Burnstein, de familiares de la AMIA y los abogados de la DAIA y Memoria Activa: Marta Nercellas y Pablo Jacoby.

La acción de clase y los derechos colectivos. El abogado Ernesto Halabi, quien obtuvo el fallo histórico; Norberto Dorensztein, asesor de la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor del GCBA; y Alejandra Gils Carbó, fiscal General de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.

Agosto:

El polémico Consejo de la Magistratura. Luis María Cabral, integrante del Consejo, Luis Villanueva, Coordinador del programa de fortalecimiento institucional de ACIJ y Martín Gershanik, de Unidos por la Justicia.

Accidentes de tránsito: ¿Sirven las leyes y las penas? Germán Garavano, fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Centeno, Director del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito y Marta Lakovich, jueza de Vicente López , que tuvo a su cargo fallos ejemplares en materia de accidentes de transito.

La Argentina corrupta. Habla por primera vez de su paso por la funcion publica y todas sus denuncias, el ex fiscal anticorrupcion Manuel Garrido.

Consumo de drogas: ¿un tema penal o tema de salud? Ricardo Paveto, secretario de ARDA; Graciela Touzé, presidenta de la ONG Intercambios.

Drogas, la ley que viene. Hablan sobe el tema la médica sanitarista Alicia Gillone, la fiscal y coordinadora del Comité Mónica Cuñarro y el diputado de la Coalición Cívica Sebastián Cinquerrui.

Septiembre

Los hijos del divorcio. Debaten sobre el tema: Daniel Rubin (abogado de ANUPA, Asociación de Nuevos Padres) Osvaldo Ortemberg, abogado de familia y el juez de familia de Morón Carlos Romano.

La mafia de los medicamentos. Mirta Martínez, la mujer que denunció a Zanola y La Bancaria.

Violencia juvenil, un drama en aumento. Hablan el Licenciado en Educación Gustavo Iaeies, el titular del Centro de Prevención del Delito, Claudio Stampalia y el juez de menores de La Matanza, Rodolfo Brizuela.

Acceso a la información pública: el derecho a saber. Debaten Dolores Lavalle Cobo, abogada y asesora de la Fundación Konrad Adenauer; Alejandro Carrió, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Delia Ferreira Rubio, presidenta de la Fundación Poder Ciudadano.

Octubre

Fronteras abiertas: pistas clandestinas de la droga. Opinan Claudio Izaguirre, presidente Asociación Antidrogas de la República Argentina, Fabián Peralta, diputado nacional y vicepresidente 2do de la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico y José Manuel Ugarte, asesor del Senado de la Nación en temas de defensa y seguridad.

El caso de la polémica jueza Parrilli. Hablan el Subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, y la reconocida periodista Silvina Walger, que conoce la historia de la polémica jueza.

Prisión preventina, ¿cuánto cuesta mantener un preso? Debaten Tatiana Salem, analista del programa de Justicia de CIPPEC y Luis Cayuela, juez de Cámara penal de San Isidro. Además, habla el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal.

María Julia y la plata de la corrupción. Hablan Pedro Biscay, titular de CIPCE; Sabrina Namer, fiscal en el juicio oral de los sobornos en el Senado y las coimas IBM - Banco Nación. Además: Silvia Kassab, de la Fundación Garrahan, que contará a contar que se podría hacer si recibieran ese dinero en el hospital.

Noviembre

La trampa de los peajes. Opinan Ricardo Lasca, del Comité de Defensa del Usuario Vial y el diputado nacional Juan Carlos Morán.

Periodismo y poder, una tensa relación. Tratan el tema la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, Silvana Giudici; el presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Gabriel Michi; y el autor de libro Patria o Medios, Edi Zunino.

Riachuelo, la historia de una desobediencia. Hablan Andrés Nápoli, director del área de participación ciudadana de la FARM, Beatriz Mendoza, vecina que inició la causa; y el abogado que representa a los vecinos del Riachuelo, Daniel Salaberry.

El reclamo por la inseguridad. Hablan del tema Daniel Cantoni, de la Agrupación Vecinos Alerta, Sebastián Vinagre, defensor del Pueblo de Avellaneda, y el juez de Garanrías de La Plata, Luis Arias.

La polémica por el matrimonio gay. La pareja de Alex Freyre y José María Di Bello; Analía Mas, asesora legal del INADI y el psiquiatra Enrique Stola.

Diciembre

Los jueces en la mira. Hablan sobre el tema: Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires; Guido Lorenzino, diputado provincial impulsor del juicio politico a Sal Lari y Ulises Giménez, titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense.

Las leyes del nuevo Congreso. Debaten: Laura Alonso, diputada nacional del PRO; Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur y Horacio Piemonte, del Acuerdo Cívico y Social.

Destituida pero no inhabilitada

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados finalmente destituyó a la jueza porteña Rosa Elsa Parrilli, acusada por "mal desempeño en sus funciones" a raíz del maltrato, amenazas y discriminación de dos empleadas de la dirección de Tránsito local, pero no la inhabilitó para el ejercicio de la profesión de abogada.

Por primera vez una jueza de la ciudad fue destituida y la decisión fue adoptada por mayoría de ocho votos y una disidencia, según anunció este mediodía el jury. La lectura del veredicto comenzó con más de una hora de demora, en un clima de tensión del que estuvo ajeno la jueza destituida, pues no estuvo presente al momento de anunciarse su salida de la Justicia.

El tribunal de enjuiciamiento insumió cuatro minutos para la lectura de la decisión, que fue anunciada por la secretaria, María Roldán, y el próximo 5 de enero a las 18 el Jurado dará a conocer los fundamentos de su veredicto. "No tengo nada para festejar porque nunca es bueno que un magistrado sea destituido", dijo el fiscal del juicio, Gabriel Vega. El fiscal antes del veredicto reafirmó, como en su alegato del lunes en el que pidió la destitución de Parrilli, que "la jueza insultó y discriminó en un contexto en donde se utilizó el cargo para evitar tener responsabilidades administrativas, por eso creo que se la debe juzgar por mal desempeño".

Voceros aseguraron que el argumento central para dictar la destitución de Parrilli fue la "ostentación que hizo de su cargo" el 15 de septiembre pasado, cuando insultó a dos empleadas de tránsito en la playa de estacionamiento de infractores del Obelisco, a donde fue a retirar su auto que había sido removido por mal estacionamiento."Todas morochas, ni una rubia contratan", "ganan 1.200 pesos para joder a la gente", les gritó Parrilli a las empleadas María Iratí Albe y Rocío Gómez, a quienes también calificó de "tontitas" y las amenazó con meterlas presas, lo que quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar.

Link relacionado: Vuelva a ver La polémica jueza Parrilli. Hablan el Subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, y la reconocida periodista Silvina Walger, que conoce la historia de la polémica jueza.
Link: Siga el caso en el archivo de Será Justicia Digital

Clan Puccio: seguirá preso uno de los integrantes

Guillermo Fernández Laborda, uno de los integrantes del "Clan Puccio", que entre 1982 y 1985 cometió una serie de secuestros y homicidios, continuará preso ya que la Cámara Nacional de Casación Penal le negó la excarcelación.

En un fallo dividido, la Sala III de la Cámara consideró que por sus antecedentes delictivos y una condena que no está firme por un delito que cometió durante los meses que estuvo en libertad condicional Fernández Laborda podría eludir la acción de la Justicia.

Fernández Laborda fue condenado en diciembre de 1985 a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por una serie de secuestros extorsivos y homicidios cometidos en la década del '80 como uno de los integrantes del "Clan Puccio", una familia de clase alta de San Isidro que se dedicó a los secuestros comandados por Arquímedes Puccio y sus hijos.

El abogado de Fernández Laborda, Germán Fliess Maurer, pidió la excarcelación de su cliente al considerar que por la aplicación de diversas normas ya lleva preso 37 años y seis meses, plazo que excede el máximo de la pena por los delitos por los que fue condenado. Pero los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi rechazaron el pedido, al sostener que Fernández Laborda fue condenado a tres años y seis meses de prisión por falsificación de documento público y estafa, cometidos en 2007, cuando gozó de una libertad condicional.

Para los magistrados, como la condena no está firme, "existe la posibilidad de que el imputado eluda el accionar de la Justicia o la posibilidad cierta de que entorpezca la investigación".
También ameritaron los "múltiples antecedentes condenatorios registrados por el incuso por los delitos de secuestro extorsivo y homicidios calificados reiterados".

Sin embargo, la tercera jueza de la Sala, Angela Ledesma, votó por concederle la libertad a Fernández Laborda, detenido en la cárcel de Devoto. La magistrada consideró que "en la época que se condenó a Laborda a la pena de reclusión perpetua" no estaba en vigencia la reforma al Código Penal, que se realizó a través de la llamada "ley Blumberg" y por la que se puede aplicar una pena máxima de 50 años de detención. La jueza entendió que debe ser aplicada la ley más benigna "por imperio constitucional y legal".

Garrido cuestiona las pericias al patrimonio K

Un día después de que el juez federal Norberto Oyarbide dictara el sobreseimiento para el matrimonio Kirchner, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, marcó las fallas que a su entender presenta el trabajo del magistrado.

"A mí lo que me llama lo que me llama la atención es que, desde hace meses, antes de que se hiciera la pericia contable, los medios estaban publicando que iba a salir el sobreseimiento", explicó Garrido. "Pienso lo que piensa mucha gente, de que por lo menos hay un montón de coincidencias que no son buenas para la imagen de la Justicia", sostuvo.

"No parece serio la velocidad que ha tenido la investigación, es llamativo que en la aperitación que se realizó no haya habido peritos designados por la Oficina Anticorrupción o por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas", señaló Garrido, que dejó su cargo en marzo pasado jaqueado en sus funciones por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi.

"Lo que sería bueno es que los fiscales apelen por lo menos para que la cámara opine sobre la prueba, si es que hubo prueba que realmente fuera seria", reclamó Garrido, que mientras ocupó su cargo se encargó de investigar no sólo el incremento patrimonial K si no de otros funcionarios como el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Según el ex fiscal, "aparentemente lo que se hizo ahora fue examinar las declaraciones juradas y compararlas, la investigación que se realizó no abarca la veracidad, no hay un chequeo, una confrontación de la razonabilidad de lo que se está declarando, si es verdad o mentira. Yo no sé si se habrán examinado las declaraciones juradas del hijo de la pareja presidencia, lo que se hizo fue rápidamente, hacer una confrontación de papelitos de las declaraciones jurada".



Escuche al ex fiscal Manuel Garrido en diálogo con Primera Mañana, por radio Mitre.

Fayt reserva para la Corte la última palabra

El ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt calificó hoy al magistrado federal Norberto Oyarbide como "es un buen juez que puede equivocarse" pero reservó para el máximo tribunal la última y definitiva revisión del fallo mediante el cual fue sobreseído el matrimonio Kirchner en una investigación por presunto "enriquecimiento ilícito".

Se trata "de un fallo de primera instancia", que debe recorrer aún un largo espinel judicial, primero por la Cámara Federal y eventualmente también por la Corte, subrayó Fayt. "Como tribunal supremo no hemos dicho lo que correspondería o no correspondería decir... Somos el escalón más alto, antes tiene que intervenir la Cámara", explicó el longevo juez al salir esta mañana de su casa, en el barrio porteño de La Recoleta.

Tras citar una obra de un jurista uruguayo sobre "la presión de los medios sobre los jueces hay", Fayt eludió referirse a la expectativa generada por el fallo conocido ayer, que ya había sido anticipado por el matutino La Nación.

"No puedo decir que (Oyarbide) haya sido presionado por la prensa... El problema es cuando no hay soberanía sino 'sobornería' popular, pero eso no pasa en la argentina, por supuesto", expresó. "Oyarbide en principio es un buen juez que puede equivocarse. Todos los jueces de primera instancia son revisados por la Cámara y luego por la Corte", insistió.

La Argentina fuera de control

El INDEC, la SIGEN, las concesiones viales y los planes sociales, entre otros, serán algunas de las prioridades que tratará el nuevo Congreso debido a la falta de controles.

¿Qué temas se controlan en Argentina y cuáles no? ¿La corrupción tiene su origen en la falta de control? ¿Qué opinan los trabajadores de los distintos organismos y qué los funcionarios que quisieron controlar?

Debaten: Eduardo Mondino, ex Defensor del Pueblo de la Nación, Hugo Quintana, titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) y Eugenia Braguinsky, coordinadora del Programa de Transparencia de CIPPEC.

Enriquecimiento ilícito: sobreseyeron a los K

Tras la polémica desatada a mediados de año por el incremento patrimonial K, el juez federal Norberto Oyarbide (ver más datos en Funcionarios) sobreseyó hoy a la presidenta Cristina Kirchner y a su esposo, Néstor Kichner, en la causa por enriquecimiento ilícito.

La medida fue tomada en base a un dictamen del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no detectó irregularidades en la declaración jurada del matrimonio que en 2008 creció un 158 por ciento.

Caso Parrilli: alegato de la defensa y veredicto

Esta será una semana de definiciones en la causa por mal desempeño de la jueza en lo Contravencional, Rosa Parrilli. El acusador en el juicio político, Gabriel Vega, pidió hoy su destitución por mal desempeño en sus funciones, derivado de la escandalosa situación que protagonizó cuando debió comparecer ante el tribunal de faltas por una infracción de tránsito.

Tras el reclamo de destitución, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a cuarto intermedio hasta las 17, cuando será el turno de la defensa de Parrilli. Desde tribunales no descartaron que la jueza, incluso, haga uso del derecho a "últimas palabras" antes del veredicto del tribunal, que dio inicio hoy a la etapa de alegatos. En su exposición, Vega solicitó la destitución de la magistrada, quien está acusada por insultar y discriminar a empleadas de tránsito. A las 16, será el turno de la defensa de Parrilli, y el miércoles ser conocerá la sentencia.

Cumplido el trámite previsto para esta tarde, el juicio político quedará cerrado en su etapa de prueba y alegatos, y el tribunal pasará a un cuarto intermedio hasta el miércoles, en horas aún por determinar, para anunciar su decisión. El miércoles está previsto el anuncio del veredicto, y procesalmente el tribunal dispone de un plazo de cinco días hábiles para difundir los fundamentos, lo que podría ocurrir incluso después de la feria judicial de enero, habida cuenta de que el jueves 24 es, por lo general, día inhábil para la Justicia.

Link relacionado: Vuelva a ver La polémica jueza Parrilli. Hablan el Subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, y la reconocida periodista Silvina Walger, que conoce la historia de la polémica jueza.
Link: Siga el caso en el archivo de Será Justicia Digital

Hay obras demoradas y poca inversión en mantenimiento

Por Gerardo Young, de la redacción de Clarín

Empezaron a planearla en 2002 y tras siete años de trámites la anunciaron dos veces: primero en febrero de este año en la Quinta de Olivos y luego en Salto el 18 de junio, 10 días antes de las elecciones. La repavimentación de los 82 kilómetros de la ruta 31 era una vieja deuda de la provincia de Buenos Aires. A partir de la muerte de la familia Pomar -papá, mamá, dos nenas- es además el drama de sangre y muerte que suele necesitar el país para poder mirar sus miserias de frente: en este caso, el mal estado de las rutas, la falta de inversiones en mantenimiento, la burocracia pública que demora las acciones concretas.

Todavía se investiga el motivo exacto del accidente, pero nadie duda de que la ruta por la que transitaban ayudó a que Fernando Pomar perdiera el control del auto o al menos no colaboró en evitar el accidente: estaba en pésimas condiciones, sin carteles indicadores ni de riesgos ni de velocidad, sin las líneas demarcadas, con el asfalto quebrado o deformado en pozos y hondonadas. Un camino que acostumbra a matar conductores desprevenidos -en lo que va del año se habían registrado dos accidentes fatales-, y uno de los tantos que ayudan a que Argentina, con 22 muertes por día, sea uno de los países con mayores índices de mortalidad vial del mundo.

La repavimentación de la ruta 31 comenzó a idearse en el año 2002, tras años de reclamos de los vecinos de Salto, a la vera de ese camino. Entre 2001 y 2003, además, la 31 tuvo que reemplazar en uso a la ruta 7, que había sido bloqueada por inundaciones. Eso hizo que la 31 soportara el exagerado tránsito de camiones con sobrepeso de cargas. "La ruta 31 es de vinculación y se arruinó en forma prematura por los camiones, por eso estamos a pasos de pavimentarla", dijo a Clarín el Director de Vialidad de la provincia, José Curto. La obra estará a cargo de la empresa Hidraco, pero aún no se firmó el contrato.

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Link relacionado: Vuelva a ver Accidentes de tránsito, ¿las leyes y las penas sirven? Debaten el tema Germán Garavano, fiscal Gral de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Centeno, Director del Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito y Marta Lakovich, jueza de Vicente López, que tuvo a su cargo fallos ejemplares en materia de accidentes de transito.

El Consejo de la Magistratura tiene nuevo presidente

El juez Luis María Cabral (ver más datos en la sección Funcionarios) juró como nuevo titular del Consejo de la Magistratura del organismo hasta diciembre de 2010, en tanto también asumió como vicepresidente el senador kirchnerista Nicolás Fernández. Ambos habían sido electos por unanimidad el pasado 26 de noviembre en un plenario del Consejo.

Las nuevas autoridades asumieron en la sede del organismo en una ceremonia en la que estuvieron el ministro de Justicia, Julio Alak y los miembros de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco además del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

El presidente saliente, el también juez Luis María Bunge Campos, le traspasó el mandato a Cabral, mientras que Fernández reemplazará en la vicepresidencia al senador y presidente de la UCR, Ernesto Sanz. El Consejo es el organismo encargado de realizar los concursos públicos de selección de jueces, de analizar la conducta de los magistrados en el desempeño de sus funciones y de administrar los recursos del Poder Judicial.

En Off. En julio de este año, Será Justicia Digital se metió de lleno en la interna del organismo al publicar los cruces entre los alfiles K y los jueces Ricardo Recondo y el propio Cabral.

Link relacionado: Vuelva a ver el debate sobre el polémico Consejo de la Magistratura. Hablan sobre el tema Luis María Cabral, integrante del Consejo, Luis Villanueva, Coordinador del programa de fortalecimiento institucional de ACIJ y Martín Gershanik, de Unidos por la Justicia.

Pauta oficial: dificultades de acceso a la información

Será Justicia Digital reproduce material de la ADC:

De acuerdo a un informe realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) distintos gobiernos locales niegan sistemáticamente datos sobre publicidad oficial, en franca violación al derecho fundamental de acceso a la información pública. La investigación abarca las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, Salta y Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluye información de 2006, 2007 y 2008.

De acuerdo a los resultados obtenidos, sólo el 44,16 por ciento de los pedidos presentados sobre gastos en materia de publicidad oficial en las distintas jurisdicciones obtuvieron algún tipo de respuesta por escrito, el restante 55,84 fue lisa y llanamente ignorado. A su vez, de ese 44,16 por ciento, poco menos de la mitad de las respuestas (45,28 por ciento) no contenía ninguno de los datos solicitados. Solamente en un 24,16 por ciento de los casos se obtuvo alguna respuesta relacionada con el objeto de los pedidos, y únicamente el 5 por ciento de los requerimientos fue contestado en tiempo y forma.

Desde el año 2004, la ADC efectúa un monitoreo permanente sobre la distribución de la pauta oficial y su impacto en la libertad de expresión y la independencia editorial de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como provincial.

Para ello, ha utilizado siempre la misma metodología: solicitar los datos relevantes a través de pedidos de acceso a la información pública, dirigidos a los organismos examinados, y sobre la base de las respuestas obtenidas analizar y difundir un detalle de cómo fueron las contrataciones en materia de publicidad oficial. La sistemática falta de información sobre los gastos en materia de publicidad oficial que revela este informe demuestra una violación del derecho fundamental de acceso a la información pública y una muestra más de la falta de transparencia con la cual se manejan estos fondos públicos.

Como ya ha advertido la ADC en otras oportunidades, la falta de información y de transparencia favorece la utilización abusiva y arbitraria de la pauta estatal.

Descargué el informe completo en Será Justicia Digital

Argibay pide "equilibrio" a los medios de comunicación

La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay (ver más datos en la sección Funcionarios), volvió a polemizar hoy en torno a las coberturas que los medios de comunicación hacen sobre los hechos de inseguridad y exigió mayor equilibrio de parte de quienes están a cargo de informar a la ciudadanía.

"Que el delito existió, existió siempre, esta no es una novedad", explicó la magistrada, aunque admitió que en los últimos tiempos esa problemática "se puede haber intensificado por razones que tienen mucho que ver con la exclusión social". Al mismo tiempo, reconoció que algunos periodistas "dan la noticia en forma histérica, inventan, dicen cosas que no se pueden comprobar, a veces informan mal porque no saben o porque les falta información y quieren dar la noticia a toda costa, en lugar de comprobarla un poquito más antes".

En marzo de este año, Argibay había cuestionado las marchas para pedir seguridad. "Hay 50 mil formas (de informar), pero eso no quiere decir que haya que hacer desaparecer a la prensa, de ninguna manera. Los periodistas cumplen su función, como otros lo hacen, lo que hay es que buscar es un equilibrio", reiteró.

Escuche la entrevista completa con el programa Primera Mañana, de radio Mitre:

¿El regreso de la "Maldita Policía"?

El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, justificó hoy sus dichos en torno al presunto vínculo entre la policía y la delincuencia en la provincia.

"Había unos hechos cometidos que no nos cerraban, desde el aparente móvil, por lo que (consideramos) que debía investigarse un patrón de conducta que no tendría que ver exactamente con el móvil del robo del automotor", dijo para sostener su imputación sobre el "reclutamiento" de menores para cometer delitos.

Stornelli pidió investigar un "reclutamiento a menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la Provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados, quienes, asegurando una mentida protección a los mismos, les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes".

Filozof reelegido como titular de la Cámara del Crimen

Por cuarta vez consecutiva, la Cámara del Crimen de la Capital Federal quedó con el juez Mario Filozof al mando de la presidencia, después de ser elegido por sus propios pares. Desde su creación, nunca la Cámara había tenido siquiera dos mandatos consecutivos de un mismo presidente. En el caso de Filozof, fue elegido por primera vez a fines de 2006 para el período anual 2007 y resultó reelecto consecutivamente para 2008, 2009 y 2010.

Filozof nació el 14 de noviembre de 1951, está casado y es abogado graduado el 16 de julio de 1980 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. Ejerció la docencia en la UB, UBA y en la Universidad de Lomas de Zamora. Escribió artículos en revistas jurídicas y colaboró en varias publicaciones de libros tales como La excarcelación en las leyes nacionales 23050 y 23057 (1984) Código Penal de la Nación Argentina (1984); La excarcelación en la ley bonaerense 10120 (1985); Los estupefacientes (1985-1988); Insolvencia Fraudulenta (2005), todas bajo la autoría del Dr. Guillermo Rafael Navarro. El 24 de junio de 1987 fue designado miembro de la “Comisión de Organización de la Defensa de Oficio” para la reforma de la legislación procesal penal, por resolución n° 252 de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia.

Otros datos sobre su trayectoria los puede encontrar en la sección Funcionarios de Será Justicia Digital.

James consigue más tiempo para su defensa

El detenido espía y ex policía que trabajaba en el Gobierno porteño, Ciro James, pidió postergar la ampliación de la declaración indagatoria prevista para hoy y el juez federal Norberto Oyarbide puso una nueva fecha para el jueves próximo.

La solicitud de James, hecha a través de su abogado defensor Enrique Villareal, obedecería al propósito de ganar tiempo ante el agravamiento de la imputación al delito de "asociación ilícita" que dispuso el magistrado para James y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios.

James y Palacios, más jueces y policías de Misiones, y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, están acusados de haber integrado una organización dedicada al espionaje desde el Gobierno porteño, "pinchando" teléfonos de, entre otros, el cuñado de Mauricio Macri.

Las leyes del nuevo Congreso

Con la nueva composición de las Cámaras, qué leyes se van a priorizar, cuáles intentará sancionar la oposición. La polémica alrededor del Consejo de la Magistratura y otros temas de sensible tratamiento como el monotributo, el matrimonio gay, los glaciares y el rol de los organismos de control. La resistencia del oficialismo y el papel de la Justicia en la etapa que se inicia. ¿Cómo afectarán estas leyes a la ciudadanía?

Debaten: Laura Alonso, diputada nacional del PRO; Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur y Horacio Piemonte, del Acuerdo Cívico y Social.

Arrancó el juicio político contra la jueza que discriminó

A casi tres meses del escandaloso video que la dejaba en off side discriminando a dos empleadas de tránsito, la jueza en lo Contravencional, Rosa Elsa Parrilli, enfrenta la primera jornada de juicio político de la Magistratura porteña que podría determinar su destitución en el cargo.

En octubre pasado, para evitar un posible juicio, Parrilli había ofrecido hacer tareas y no manejar durante un año. El fiscal Angel Carestia se había opuesto "rotundamente" a la probation. Sin embargo, el magistrado consideró que su opinión no era vinculante. Y planteó que Parrilli no estaba en funciones cuando ocurrió el hecho.

Links relacionados:
Detalles del caso en el archivo de Será Justicia Digital
Vuelva a ver el debate en torno al Caso Parrilli: Lorena Maciel entrevista al subsecretario de Justicia porteño, Daniel Presti, y a la reconocida periodista Silvina Walger, que conoce la historia de la polémica jueza.

ESMA: provocación de Astiz cerró la primera audiencia

La primera audiencia del juicio donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) cerró con una desagradable provocación del ex capitán de navío, Alfredo Astiz, que mostró a los familiares de las víctimas de la represión el libro "Volver a matar", que escribió el ex jefe de la SIDE menemista Juan Bautista "Tata" Yofre para engordar, todavía más, la teoría de los demonios y reinvidicar el accionar de los militares.

Ante el gesto del represor, la respuesta fue unánime: "30 mil desaparecidos, presentes. Ahora y siempre!". El abogado querellante Rodolfo Yanzón repudió la actitud de Astiz y anunció a la prensa que le pedirá al tribunal del juicio que evite la repetición de este tipo de situaciones por parte de los acusados.

Cronología. "Será paradigmático porque se unifican tres partes de la megacausa ESMA", anticiparon ayer desde el CELS cuando se refirieron al juicio que lleva al banquillo a una veintena de represores, encabezados por Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.

Apenas 24 horas antes del inicio del debate, Astiz decidió echar a su abogado -Juan Aberg Cobo- diciendo desconocer la autoridad del Tribunal Oral Federal 5 para someterlo a proceso, pero se estima que al iniciar el debate los jueces le designaran un defensor oficial para que, de todas maneras, responda por sus delitos.

"Estamos en una jornada importantísima. Serán 17 marinos y miembros de otras fuerzas que estarán hoy sentados. Por la ESMA pasaron unas cinco mil personas, la mayoría está en calidad de desaparecidas. Estamos juzgando la responsabilidad de agentes estatales. Han sido los miembros más importantes de la ESMA, tuvieron la decisión política. Tenemos que contar con la información para recuperar a los chicos que nacieron ahí dentro. Nos corresponde a nosotros presionar para la difusión de estos juicios. Hay muchos que deben ser públicos y que han sido responsables de estos crímenes", había dicho esta mañana el abogado Yanzón.

El juicio en su contra había empezado en 1987 pero quedó trunco a raíz de la ley de Obediencia Debida, promulgada por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y revocada en 2004 por la Corte Suprema. Este viernes será sometido a juicio junto a otros 18 integrantes de Grupo de Tareas 3.2.2 que actuó en la ESMA.

Denuncian a los policías que reprimieron en Vélez

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó una denuncia penal contra el personal de la Comisaría 44 de la Policía Federal que haya intervenido en la represión y desproporcionada y sin justificación a cientos de personas que hacían fila para ingresar al recital del grupo de rock "Viejas Locas" en el estadio de Vélez Sársfield.

De los 36 testimonios obtenidos en la Defensoría del Pueblo se constataron serias irregularidades en el proceder policial. En la denuncia, Pierini consideró que se trató de "un accionar irracional, abusivo y desproporcionado", y que lejos de proteger a las personas, se ejerció "una conducta de intimidación permanente y del ejercicio de la violencia desmesurada".

De los testimonios a partir de los cuales se pudieron reconstruir los sucesos, surge que el accionar policial no habría estado dirigido a dispersar ordenadamente al público, sino a reprimirlo, pues no había un camino por el cual el público pudiera dispersarse, sino que estaban atrapados por la represión policial: con gases o balas de goma, agua manchada del carro hidrante o caballos de la policía montada.

Link: descargue el PDF de la denuncia presentada por la Defensoría porteña.

Dos nuevos desplazos por el caso Pomar

El subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino, Martín Tomás Herrera, y el jefe de turno de esa dependencia fueron desplazados hoy de sus cargos por las fallas en los rastrillajes para dar con la familia Pomar, información desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

De este modo, son seis los efectivos desplazados hasta el momento por los cuestionamientos en torno a las tareas de búsqueda.

Link: El Caso Pomar en Será Justicia Digital

El juzgado de Oyarbide está colapsado

El CIJ publicó esta semana un informe sobre el estado del juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo de Norberto Oyarbide (ver más datos en Funcionarios) y retrató con una galería de 55 fotografías el estado del lugar, desbordado de expedientes.

"Por sus manos pasan las causas más complejas y resonantes de los últimos tiempos, como la investigación por los medicamentos adulterados y las escuchas ilegales. El trabajo de instrucción sólo en estos dos expedientes es intenso y constante. Sin contar con el resto de las investigaciones que tienen lugar en el juzgado ubicado en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py", sostiene la nota.

Del artículo se desprende un dato sobre el pedido formal que el juez hizo al Consejo de la Magistratura que le asignen más espacio en el mismo edificio o en otro, acorde con el volumen y la complejidad de las investigaciones que lleva adelante.

Albistur se va, acosado por causas judiciales

Mariana Verón, para La Nación

Finalmente, renunció. Después de seis años y medio en el Gobierno, con tres causas judiciales abiertas en su contra y en medio de una fuerte puja interna por el control de la política comunicacional, Enrique Albistur dejó ayer el Gobierno.

El ahora ex secretario de Medios de los dos gobiernos kirchneristas se reunió al mediodía con la Presidenta para presentarle el texto de su renuncia, al que le imprimió un tono épico: "Renuncio a los honores, pero no a mi puesto de lucha", escribió, parafraseando a Eva Perón.

El funcionario que manejó la millonaria caja de la publicidad oficial ?llegó a crecer un 750% desde 2003? está imputado en tres causas judiciales: una por supuesto enriquecimiento ilícito y dos por presunto manejo irregular de la pauta oficial, en las que se lo acusa de beneficiar a empresas de las que había sido dueño antes de llegar a la función pública.

Si bien en el Gobierno no comunicaron quién será su reemplazante, se especulaba anoche con la posibilidad de que el actual subsecretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, mano derecha del ex presidente Néstor Kirchner, asuma esas funciones. Hasta la madrugada, Scoccimarro estaba en la quinta de Olivos con el matrimonio presidencial. Otra de las posibilidades, que surgía del despacho del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, era que el área se desdoblara y que Scoccimarro manejara la política de comunicación, mientras el jefe de los ministros se quedaba con el control administrativo y el cuantioso presupuesto de pauta oficial.

Otra versión, según pudo reconstruir LA NACION, indicaba que Cristina Kirchner sugirió ubicar una persona "joven y de perfil técnico" al mando de la secretaría. La decisión final se tomará en las próximas horas.

Albistur dice que ahora se dedicará a los negocios privados. Según puso saber LA NACION de fuentes de su entorno, en la actualidad el ex funcionario tiene unas 15 empresas que puso a nombre de sus familiares cuando asumió en el Gobierno. Algunas de esas empresas son las que, según las causas judiciales en su contra, fueron beneficiadas por la pauta oficial que él administró.

De 62 años, padre de siete hijos, a quienes dice jocosamente haberlos condenado a portar su apellido, Albistur llegó al Gobierno con Néstor Kirchner, de la mano del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández. Según la última información oficial aportada por la Secretaría de Medios, manejó una pauta de 396 millones de pesos el año pasado. En 2003, la publicidad del Estado era de apenas 46,2 millones. De todas maneras, con la unificación de todas las dependencias del Gobierno que estaban descentralizadas, el área que Albistur abandonó pasó a controlar más de 700 millones de pesos este año.

Su papel en la secretaría había quedado desdibujado en los últimos meses no sólo con la llegada de Scoccimarro, que se convirtió en el vocero presidencial, sino también con la creciente expansión de Aníbal Fernández, de quien depende formalmente el área de medios.

"Habiendo desempeñado con lealtad y esfuerzo el desafío propuesto y habiendo alcanzado logros, en los que pocos creían, como la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creo haber cumplido con los objetivos políticos encomendados por usted", sostuvo Albistur en el texto de su renuncia, dirigido a la Presidenta.

Link completo:
Albistur se va, acosado por causas judiciales
Las investigaciones contra Albistur el archivo de Será Justicia Digital

Seguirán investigando a K por presunto desvío de fondos

La Cámara Federal porteña ordenó hoy que el ex presidente Néstor Kichner continúe siendo investigado por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso de obras públicas hacia la Secretaría de Medios durante la campaña electoral de 2005.

El tribunal consideró "prematura" la decisión del juez federal Sergio Torres (ver más datos en Funcionarios) de archivar la denuncia y le ordenó que la siga investigando. Los voceros explicaron que la Sala II de la Cámara ordenó que continúe la instrucción en base a una serie de presuntas irregularidades que detectó la Auditoría General de la Nación (AGN) y sobre las cuales el magistrado de primera instancia consideró que no había delito.

El 20 de octubre de 2005 el abogado radical Juan Carlos Iglesias denunció, a partir de notas periodísticas, el presunto desvío de fondos hacia la Secretaría de Medios desde el fideicomiso creado por el decreto 976/01 para la realización de obras de infraestructura, a partir de supuestas falta de controles y discrecionalidad en el uso del fondo fiduciario.

La denuncia señalaba que la supuesta transferencia de fondos tuvo su origen en la intención de incrementar los fondos para publicidad oficial, ante las elecciones legislativas de octubre de ese año en las que entonces era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner.

Una reedición del "porrito"

El fiscal Federico Delgado (ver más datos en Funcionarios) pidió que se desestime una denuncia efectuada por un taxista contra Andrés Calamaro, que osó "festejar" el fallo de la Corte Suprema que despenalizaba la tenencia para consumo personal.

El fiscal consideró que la conducta de Calamaro "no encuadra en una figura legal", pues la Corte determinó que "en condiciones puntuales, la atipicidad de la tenencia de drogas prohibidas en la esfera individual para consumo personal". Según Delgado, el supuesto consumo de un cigarrillo de marihuana por parte de Calamaro "no puede ser alcanzado por el poder punitivo del Estado".

Y el funcionario descartó que Calamaro hubiera incurrido en apología del crimen a través de sus expresiones celebrando el fallo de la Corte: "Se trata de una opinión más de las tantas que atravesaron aquella sentencia que, en este caso, conllevan un 'plus' generado por el capital simbólico de su autor", sostuvo el fiscal.

Link: Pormenores del fallo de la Corte Suprema en agosto de este año.

Alto acatamiento al nuevo paro de los judiciales

El paro por 24 horas decretado para hoy por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se cumplió con alto grado de acatamiento en el Palacio de Tribunales, donde los pasillos denotaban una sensible merma de público en comparación con días normales.

Los judiciales convocaron a una medida de fuerza en reclamo de una serie de reivindicaciones salariales y laborales, y apuntaron directamente contra la Corte Suprema de Justicia.

El gremio, liderado por el sindicalista Julio Piumato, exige un diez por ciento de aumento y la incorporación de una serie de "códigos" por parte de la Corte en los recibos de haberes, vinculados con conquistas históricas del gremio.

Además, los judiciales reclaman una equiparación en el sistema de jubilaciones de jueces y empleados, ya que los magistrados acceden al 82 por ciento móvil en tanto que para los empleados el guarismo es sensiblemente menor.

Si bien todos los juzgados que funcionan en Talcahuano 550 atendieron normalmente, a simple vista podía notarse la menor dotación de personal en los despachos y sobre todo en las áreas de mayordomía y maestranza.

La Corte ratificó una vez más la libertad sindical

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a ratificar hoy la libertad sindical, en el marco de una causa presentada por una afiliada a un gremio inscripto pero sin personería, la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA).

Para el máximo tribunal, la "organización sindical libre y democrática" es un principio arquitectónico sostenido en la Constitución Nacional, y no respetar el accionar de los representantes gremiales implicaría violentar "de manera tan patente como injustificada" el concepto de representación de los trabajadores.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, instó hoy a acatar este y otros fallos análogos: dijo que hay convenios internacionales en materia de pluralidad gremial que "hay que cumplirlos, y en ese sentido se puede hablar de seguridad jurídica".

Aunque se resolvió sobre un caso puntual, el fallo de la Corte llegó en un momento de conflicto donde el papel de la central obrera oficialista -la CGT- y l actitud del Gobierno se vieron cuestionados por otras representaciones sindicales, de izquierda, como ocurrió en el caso de los subterráneos.

La Corte partió de dos premisas: la "organización sindical libre y democrática" es un principio arquitectónico que sostiene e impone la Constitución Nacional mediante su artículo 14 bis; y por ello "la libertad sindical debe estar rodeada, como atributo intrínseco o inherente para el logro de su ejercicio cabal y fecundo, de un particular marco de protección de los representantes gremiales", según el fallo.

Así, la Corte volvió sobre su criterio expresado el 11 de noviembre de 2008 en el caso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Ministerio de Trabajo, que determinó que no es necesario estar afiliado a un sindicato con personería gremial para ser delegado. Una vez más, la Corte basó su decisión en los tratados y convenios internacionales sobre libertad sindical y en las ya clásicas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que durante años han sostenido la inadecuación del modelo sindical argentino "de unidad promocionada" respecto de los principios internacionales sobre que se sustenta el principio de libertad gremial.

Link relacionado: En la sección Fallos descargue la decisión del máximo tribunal de Justicia

Cabezas: confirman perpetua para dos horneros

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la pena de prisión perpetua para Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge, dos de los integrantes de la banda de "Los Horneros" acusados de asesinar en enero de 1997 al fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar.

El máximo tribunal declaró "inadmisibles" los recursos que habían presentado Braga y Auge y dejó firme el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores que los condenó a perpetua por los delitos de "sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio simple, por dolo eventual".

Así la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que había reducido la condena de Braga a 20 años de prisión y la de Auge a 18.A mediados de noviembre pasado el máximo tribunal también había confirmado la prisión perpetua por los mismos delitos para otro de "Los Horneros", Sergio Gustavo González.

Auge, Braga, González y Héctor Miguel Retana -que falleció- integraban la banda que debía su nombre al barrio platense de Los Hornos, de donde procedían, que secuestró a Cabezas el 25 de enero de 19997 en Pinamar.Los delincuentes llevaron al fotógrafo a una cava de la vecina localidad de General Madariaga, donde Cabezas fue esposado, asesinado de dos tiros y quemado dentro de su auto.

La Cámara de Garantías en lo Penal de Dolores los condenó en febrero de 2000 a prisión perpetua, al igual que al comisario de Pinamar Gustavo Prellezo, que los contrató para secuestrar a cabezas y concretó el homicidio, y a los policías de esa ciudad Sergio Camaratta y Aníbal Luna. La misma pena recibió Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, como instigador del crimen a instancias del entonces dueño de la empresa OCA, presuntamente molesto por las fotos que Cabezas le había tomado, cuando él pretendía mantenerse en el anonimato.

Los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay rechazaron los planteos de Auge y Braga.Los magistrados consideraron "inadmisibles" esos recursos al no cumplir con las pautas de una acordada del máximo tribunal para las apelaciones.

En tanto, el juez Raúl Zaffaroni votó por darle intervención a la Procuración General de la Nación para que dictamine en la causa antes de resolver.

Link relacionado: descargue en la sección Fallos la decisión de la Corte Suprema

Pomar: ahora, las renuncias

El desenlace de la familia Pomar generó hoy los primeros cimbronazos hacía el interior del gobierno de la provincia de Buenos Aires que relevó hoy a los jefes de la Departamental y la DDI de Pergamino y del Destacamento Vial de San Andrés De Giles y analiza caso por caso la continuidad de los 15 superintendentes de la policía provincial.

En el mismo sentido, las autopsias a los cadáveres de la familia confirmaron la hipótesis del accidente de tránsito. Los desplazamientos de las autoridades policiales son directa respuesta a los duros cuestionamientos al trabajo de la fuerza de seguridad en la búsqueda de la familia Pomar, que ayer fue encontrada muerta 24 días después de su desaparición. En tanto, los resultados preliminares de las autopsias determinaron que las lesiones que presentaban los miembros de la familia se corresponden con las ocasionadas por un accidente de tránsito, lo que pone fin a una serie de versiones y suspicacias sobre la desaparición de Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas Candelaria y Pilar.

En conferencia de prensa, el secretario de Investigaciones Bonaerense, Paul Starc confirmó que Asuntos Internos inició un sumario a fin de determinar "el accionar de la Policía" en el caso.

Una pelea por salarios y algo más

El fiscal de Estado de Chubut, Diego Carmona, apeló esta semana un fallo de Comodoro Rivadavia que había ordenado a la provincia pagar un aumento salarial para funcionarios judiciales del 30 por ciento y retroactivo a octubre de 2008. La apelación fue impulsada por el gobernador Mario Das Neves y marca una pelea inédita sobre los límites o no a la autarquía judicial.

Los reclamos fueron motorizados por la Asociación de Magistrados, que en Chubut, según dicen en el gobierno de Das Neves, se caracteriza por una fuerte presencia kirchnerista. Un dato que de ser cierto no sería nada menor, ya que Das Neves, como tantos otros gobernadores alejados del Gobierno nacional, siente a cada paso una rueda puesta por la Casa Rosada. ¿Fue este el caso?

El aumento exigido por los funcionarios judiciales llevaría a algunos jueces a cobrar unos 30 mil pesos mensuales. Para Das Neves, eso es un inviable y hasta ha dicho que "es desestabilizante".

"Tenemos un presupuesto de casi 3.000 millones de pesos para el año 2009 y tendríamos que descontarle a otros sectores de los empleados públicos para pagarle a este sector que tiene bastante en relación al resto", se quejó a su vez el fiscal Carmona, quien prometió pelear el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.

El fin de un misterio

Un auto de las mismas características al de la familia Pomar fue encontrado a un costado de la ruta 31, camino a Pergamino, con cuadro cadáveres adentro. Serían los restos de la familia, cuya desparición, hace ya más de dos semanas, ocupó las primeras planas de diarios y de la pantalla televisiva. Las mil y un hipótesis que se desplegaron se reducen ahora a una sola: habría sido un accidente.

Los jueces en la mira

El juicio político que se postergó esta semana al juez de San Isidro, Rafael Sal Lari, pone en la mira nuevamente a los magistrados y a su accionar. ¿Cuántos son los jueces sometidos a jury a nivel nacional? ¿Cómo son los mecanismos del juicio? ¿Se puede responsabilidad a un juez por la inseguridad? ¿Persecución política o jueces incompetentes?

Hablan sobre el tema: Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires; Guido Lorenzino, diputado provincial impulsor del juicio politico a Sal Lari y Ulises Giménez, titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense.

Solange sorprendida por el patrimonio de Forza

Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, detenida hace una semana en el marco de la causa por la mafia de los medicamentos confesó hoy ante el juez Norberto Oyarbide que estaba separada de hecho de su marido desde dos años antes del homicidio y que se sorprendió al saber cuál era su patrimonio.

Indicó que la droguería en la que ella figura como titular, Seacam, era de Forza y "no tenía relación con la Asociación Bancaria ni con Juan José Zanola". Las fuentes aseguraron que Bellone le dijo a Oyarbide que "no puede hacerse responsable por las actividades de su esposo" y si bien admitió que ella es "formalmente la directora de la empresa", aseguró que "toda la parte operativa estaba a cargo" de Forza.

Lesa humanidad: alegatos en el juicio a Menéndez

El ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez escuchará hoy, junto a otros cinco represores, los alegatos finales de un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la última dictadura militar.

Alejandro Cuestas Garzón, abogado defensor de Menéndez, y Marcelo Arrieta, que representa al policía Miguel Angel Gómez, son los últimos letrados que alegarán en la audiencia convocada a las 10 en los tribunales federales de la provincia mediterranea.

La semana pasada, el fiscal Carlos Gonella había pedido prisión perpetua para Menéndez por encontrarlo "autor responsable de diez hechos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos y homicidio".

Balance crítico a dos años de la gestión de Macri

El Observatorio de Derechos Humanos porteño elaboró un balance sobre los dos años de gestión con Mauricio Macri como jefe de Gobierno y resaltó "las lamentables tendencias que se observan en el actual modelo de gestión de la ciudad".

Según la entidad, "el debilitamiento del rol del Estado como garante de los derechos sociales, económicos y culturales" y cuestionó "el desmantelamiento de varios dispositivos de protección de los segmentos sociales más vulnerables, el ocultamiento planificado de signos de pobreza en el espacio público, la promoción del concepto criminológico de 'mano dura' y acciones de inteligencia ilegales y desconocimiento de la letra de la ley de creación de la Policía Metropolitana", apunta.

En este sentido, el informe refiere a "la precarización de la educación y la salud pública, la inexistencia de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda adecuada para los sectores de mayor vulnerabilidad social y desidia en la ejecución de los programas habitacionales existentes y la precarización de las expresiones culturales en la ciudad".

El Observatorio presentará el informe hoy a las 18.30 horas, en la librería Gandhi, de Corrientes 1743, complementada con un panel de debate, coordinado por Carlos Pisoni.

Menem, cerca del juicio oral por presunta estafa

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por una presunta multimillonaria defraudación al Estado en la concesión del espacio radioeléctrico a la empresa Thales Spectrum Argentina.

La Sala II del tribunal ratificó también el embargo de 200.000.000 de pesos que, por este hecho, se ordenó sobre los bienes del actual senador nacional. El contrato firmado por la administración menemista con Thales fue anulado por Néstor Kirchner en 2004. La decisión de la Cámara dejó a Menem más cerca de un nuevo juicio oral en su contra.

A este expediente que complica al ex presidente se suman el de las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, en el que está procesado, el del pago de sobresueldos, en el que también está procesado y la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, que ya está en juicio oral.

La democracia como respeto a los derechos fundamentales

El lunes pasado, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, escribió una columna de opinión volcando su parecer a propósito del fallo que suspendía el matrimonio gay. Varina Suleiman, abogada (UNL) y máster en Derecho Público y Organización Administrativa (Institut d’Educació Contínua - Universitat Pompeu Fabra) pidió derecho a réplica y escribió el texto que sigue:

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es una persona de Derecho Público creada por la ley 23187; como tal ejerce potestades estatales relacionadas con el gobierno de la matrícula de los abogados en este distrito. Su representación legal es ejercida por el presidente y quienes ejercemos la abogacía en la Capital Federal estamos obligados a pertenecer a él. La columna publicada hace referencia al titular de esta institución, y como matriculada me siento agraviada por las expresiones abiertamente discriminatorias y contrarias a la autonomía local, que hieren profundos sentimientos democráticos.

El señor Rizzo puede expresarse libremente sobre el matrimonio gay y sobre la autonomía de la Ciudad, lo que no puede hacer es utilizar el megáfono que en los hechos implica el desempeño de su cargo para referirse –con los discriminatorios términos utilizados- al debate sobre el matrimonio gay al que dice querer otorgarle seriedad, ni a la autonomía de esta ciudad en la que vivimos sobre la que tampoco los matriculados hemos sido llamados a opinar. Es que expresiones como las que ha vertido por este medio, lejos de aportar a un debate serio y constructivo, anhelo del espíritu democrático, crean confusión sobre quién es el que opina. ¿Es un abogado llamado Jorge Rizzo, o el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en ejercicio de sus funciones. Si así fuera, el exceso en la representación, por no haber sido sus opiniones materia de serio y reflexivo debate abierto en el seno de la institución que preside, lo hará pasible de demandas por parte de los matriculados, entre los que me incluyo, que no hemos sido llamados a opinar sobre este tema. El autor de la columna debió haber ponderado esto, así como también la imposibilidad que tenemos los abogados que ejercemos en la Capital Federal de desvincularnos del Colegio que él Preside.

En la columna, el presidente del Colegio dice que pide “un segundo de cordura” (sic.) sacando con ello a relucir su pensamiento sobre la “locura” que –a contrario sensu- significa la interpretación que ha hecho la jueza local. De otro modo, ¿porque pediría al menos un segundo de cordura?

El austero análisis normativo que realiza, desprovisto de toda mención a los derechos humanos, no me representa como colegiada ni como militante por los derechos fundamentales, ni aclara sobre el orden jerárquico en nuestro sistema normativo.

Que la legislación de fondo sea materia federal, no impide que al interpretar otras normas el juez declare la inconstitucionalidad. Omite decir el abogado que los Registros son de competencia local y que al serle denegado el turno en esta Ciudad, por aplicación de la normativa civil que rige el matrimonio, los futuros contrayentes impugnaron este acto administrativo ante el Fuero Contencioso Administrativo local, que es plenamente competente para ello. El art. 43 de la Constitución Nacional, al jerarquizar la acción de amparo estableció que en el curso de este proceso LOS JUECES PODRÁN DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA. Todos y todas los jueces y juezas sin importar instancia, fuero o jurisdicción. Cuestión que también omite el abogado, al referirse sólo a normas que se encuentran por debajo de la ley suprema.

En la columna se expresa la posición del profesional –espero que no sea la del colegio- acerca del status de la Ciudad de Buenos Aires, contraria a su autonomía plena. La Constitución de la Ciudad es también llamada Estatuto Organizativo, y no como el abogado dice “mal llamada Constitución” (sic.). Es un conjunto de normas escritas en las que se reconocen y declaran los derechos de sus habitantes y se organiza el poder local, por más que haya quienes se esfuercen en recortar al máximo ese poder local. El Estatuto es por tanto materialmente una Constitución.

Que la magistrada que dictó la sentencia no sea “nacional” y “ni que hablar de federal” (sic.) es un dato de color para el serio debate al que dice querer llegar el abogado. Los jueces federales no son los competentes para aplicar la legislación referida en el art. 75 inc. 12, según el art. 116 de la Constitución Nacional. Por tanto poco importa que la jueza hubiera tenido esa calidad.

Un rasgo de su conservadurismo - aunque el abogado se diga liberal lo que cuentan son los hechos, y este es irrefutable- es que a quien reconoce el derecho al matrimonio a los homosexuales lo llame “moderno”, como si el respeto a los que son diferentes a él se tratara de un atributo de la modernidad. Si así fuera, bienvenidos los nuevos tiempos.

Finalmente, el abogado Jorge Rizzo considera que la Jueza se ha excedido en sus atribuciones y se ha arrogado las del Poder Legislativo Federal, como si el fallo dictado tuviera efectos derogatorios de las normas que rigen el matrimonio civil. La jueza no pretendió legislar, resolvió la impugnación de un acto administrativo emanado de la administración local.

La columna del Sr. Rizzo ha herido mis sentimientos democráticos, integrados entre otros, por el máximo respeto a todos los ciudadanos, donde no hago categorizo los que son diferentes a mí. Ese respeto no se agota en dejarlos ser, sino en darles la misma tutela legal que al resto, sin consideración del ejercicio de su sexualidad. El derecho no puede crear guetos, para eso están los autoritarios. El Derecho, como ciencia y como sistema normativo, aspira a la realización de la autonomía de las personas, y desde la revolución francesa en adelante –bien que con marcados retrocesos que la humanidad ha lamentado- defiende un ámbito de autonomía en el trazado de nuestro plan de vida, libre de la injerencia estatal. El estado no sólo debe respetar ese ámbito, sino que debe garantizarlo a través de acciones positivas de cualquiera de los órganos que ejercen el poder. Así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y Opiniones Consultivas que en la columna a que me refiero, se ha omitido mencionar. Algo sí comparto con Rizzo: “quienes tenemos la obligación de saber y conocer las leyes no las olvidemos por la razón que fuere”. El Presidente del Colegio Público de Abogados, como persona de derecho público, que ejerce potestades del estado, no puede desconocer ese contenido normativo que en su columna ha omitido mencionar.

(*) La autora es se desempeña como Profesora Adjunta de Derecho Constitucional y de Práctica Profesional en causas de interés público.