Servini de Cubría: "No me van a intimidar"

La jueza federal María Servini de Cubría advirtió hoy que no la "van a intimidar" al referirse al hallazgo de un sistema para escuchar sus conversaciones en su despacho del Palacio de Tribunales.

"No puedo acusar a nadie por esto porque no lo sé, pero tampoco puedo descartar nada. La investigación está en manos del juez federal Julián Ercolini", aseguró esta mañana la magistrada.

Servini expresó que "esto hay que tomarlo como una especie de intimidacion o algo raro", pero enseguida enfatizó: "No me van a intimidar, es lo único que les digo". Cuando le preguntaron si vincula el hecho a la investigación en su juzgado electoral sobre los cheques de distribuidores de la llamada "mafia de los medicamentos", la magistrada aclaró que "esa causa de la camapaña no la tengo yo" sino que la investigación "la tiene el doctor (Jorge) Di Lello", es decir el fiscal electoral.

La jueza vinculó el espionaje con otros dos hechos: el robo de expedientes de la caja fuerte de su despacho, ocurrido en mayo pasado, y con una denuncia en su contra que presentó un particular por una causa de 1994, en la que la abogada del acusados fue la actual diputada del Frente para la Victoria e integrante del Consejo de la Magistratura, Diana Conti.

Amplían las partidas para la Corte y la Magistratura

La información llegó a través del Boletín Oficial de la Nación: tras los reclamos, el gobierno finalmente normalizó la ampliación del presupuesto destinado para la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, tras los sucesivos reclamos de los jueces.

La Decisión Administrativa 334/09 conocida hoy establece la ampliación a 185.338.950 de pesos del presupuesto de esas dos dependencias de la Justicia.

"Resulta necesario incrementar el presupuesto vigente del servicio administrativo financiero 320 -Consejo de la Magistratura- y del servicio financiero 335 -Corte Suprema de Justicia de la Nación-, ambos dependientes del Poder Judicial a efectos de afrontar los mayores gastos en personal derivados de mejoras salariales dispuestas por el Poder Judicial de la Nación", sostiene el escrito.

Días atrás, la ministra Carmen Argibay había ironizado sobre el tema presupuestario. En marzo de este año, el entonces jefe de Gabinete Sergio Massa y el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti (foto), habían empezado a tratar el tema.

Lesa humanidad: mañana se conoce una sentencia en formosa

El Tribunal Oral Federal de Formosa dará a conocer mañana el veredicto en la causa que se le sigue al ex gobernador militar de esa provincia Juan Carlos Colombo, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Mañana, a partir de las 11, los integrantes del Tribunal leerán la parte resolutiva de la sentencia en esta causa en la que tanto la fiscalía como las cinco querellas solicitaron la pena de prisión perpetua "en una cárcel común" para el octogenario represor.

El general retirado Colombo estuvo al frente del poder ejecutivo formoseño entre 1976 y 1981; y el 25 de febrero último comenzó a ser juzgado en forma oral y pública en un proceso presidido por el juez Eduardo Belforte cuya finalización se prevé para mañana.

En esta causa el ex militar, de 87 años, está acusado por los delitos de asociación ilícita, privación ilegitima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de persona.

El anciano represor actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Buenos Aires en razón de su avanzada edad y problemas de salud.

En el marco del juicio los magistrados y las partes realizaron inspecciones oculares en el sector de la Casa de Gobierno donde funcionó la Comisión de Información de Formosa (COMIFOR) que actuaba "como una SIDE provincial", según algunos testimonios.

De acuerdo a dichos de sobrevivientes en esa dependencia se reunían los servicios de información y se detallaban las tareas de inteligencia para el seguimiento de las personas y su posterior detención o secuestro.

Ley de Medios: el turno de los constitucionalistas

En el debate de Ley de Nuevos Servicios de Comunicación Audiovisual en el plenario de comisiones del Senado fue el turno de los abogados constitucionalistas que, a pesar de sus diferencias, coincidieron en la necesidad de cambiar la Ley 22.285 de Radiodifusión, sancionada por la última dictadura militar. Entre las exposiciones salientes, sobresalen:

Daniel Sabsay fue el primero en exponer su opinión y bregó por cambios para saldar algunos "puntos flacos" de la ley que, sostuvo, atentan "contra la seguridad jurídica", el principio de "legalidad y razonabilidad" y permiten al Poder Ejecutivo actuar de manera discrecional por medio de la Autoridad de Aplicación. El constitucionalista valoró los fines de la ley, pero señaló que los medios para alcanzarlos parecen contrariarlos.

En esa línea, cuestionó los "medios que se le dan al Poder Ejecutivo para el control de los contenidos" y precisó que la facultad que da a la Autoridad de Aplicación de otorgar licencias en forma directa es contrario al Pacto de San José de Costa Rica en tanto que implicaría una situación "de censura previa". Asimismo, criticó el polémico articulo 161, que obliga a las empresas a desprenderse de las señales que superen el número fijado en la ley: "La Corte ha interpretado la seguridad jurídica en relación al principio de irretroactividad de las leyes".

Otro punto de vista desplegó Alberto González Arzac, quien apuntó que "no cabe duda alguna que los medios audiovisuales están en manos monopólicas". El letrado admitió no comprender "a los que piden tiempo, ¿tiempo de qué? Si este es un asunto que se ha debatido durante años. Ya hemos considerado suficientemente esta ley como para seguir esperando". Y ratificó la constitucionalidad de la norma: "No he encontrado un solo punto para hacer observación de carácter constitucional (...) esta ley es perfectamente constitucional". Menos efusivo que sus predecesores, el también constitucionalista Bernardo Licht abordó el artículo 161 y señaló que el plazo de un año adecuación que fijaría la ley no necesariamente se computa a partir de la sanción de la norma. " No hay fecha cierta para el comienzo del cómputo del plazo, porque es desde que la Autoridad de Aplicación establezca el plazo de transición", para lo cual antes debería constituirse el organismo lo cual demandará un tiempo "considerable".

Félix Loñ (foto), el último constitucionalista en exponer, sostuvo que los artículos que le otorgan a la autoridad de aplicación la potestad de otorgar licencias de forma directa y regular contenidos "afecta gravemente la libertad de expresión". El abogado consideró que el texto de la ley requiere cambios porque "esta ley es susceptible de profundas mejoras para mejorar estos principios esenciales de pluralismo, descentralización y participación".

El petit hotel de María Julia es una ganga

El ostento petit hotel de la ex funcionaria del menemismo, María Julia Alsogaray, saldrá a remate judicial con un precio base de 3.584.000 millones de pesos, casi dos millones más barato que su tasación de mercado, 5.376.000 millones.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) estableció ese importe base pues alcanzaría para cubrir los 3.179.207,05 de pesos que Alsogaray está obligada a devolver al Estado por haberse enriquecido ilegalmente durante sus diez años de polifuncionaria de Carlos Menem.

Pero como Alsogaray no reintegró la plata que se había apoderado del Estado, el TOF4 manda a subastar la suntuosa casa de estilo neoclásico, en la calle Junín 1461, que ella compró y recicló a nuevo cuando era Secretaria de Medio Ambiente convirtiéndolo en un símbolo de la era menemista.

"La subasta se hará en Corporación de Rematadores porteños, en la calle Perón, y calculamos que podría ser más o menos dentro de un mes, a fines de octubre", señalaron desde el tribunal.

La jueza Parrilli en su laberinto: licencia por 15 días

Después del escándalo, la jueza en lo Contravencional y de Faltas, Rosa Parrilli decidió tomarse una licencia de 15 días. Su suerte quedó en manos del Consejo de la Magistratura de la Capital que en un lapso de sesenta días deberá expedirse y determinar si corresponde sancionarla y convocar a un jurado de enjuiciamiento.

"La jueza está en todo su derecho de pedir licencia y nosotros iniciaremos el procedimiento que corresponda, en base a las denuncias", dijo hoy Mauricio Devoto, titular del Consejo. El sábado pasado, el fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco, había anticipado las instancias que deberá sortear Parrilli de ahora en más. (Escuche el audio en Será Justicia Digital)

"El plazo máximo que tenemos nosotros es de 60 días a contar desde la denuncia, que fue el jueves de la semana pasada, la idea que tenemos es poder terminar con esto lo antes posible, pero el plazo legal es de 60 días", remarcó Devoto al tiempo que explicó que "las variantes que nos da la legislación es que ante una denuncia inicia un procedimiento al que estamos abocados en este momento y esto puede dar lugar a desestimar la denuncia, a tomar alguna sanción si hubo una falta disciplinaria o a convocar un jurado de enjuiciamiento".

La reacción de Parrilli motivó, además, una denuncia del gobierno porteño, del INADI y tambien presentaciones ante el Consejo para que se determine si corresponde someterla a juicio político.

En La Haya, Argentina pide la reubicación de Botnia

La delegación argentina en La Haya - en la foto, encabezados por Susana Ruíz Cerruti - solicitó hoy martes en la Corte Internacional de Justicia la reubicación de la planta de celulosa Botnia en un lugar que convenga tanto a al país como a Uruguay.

Durante la última vista oral en el proceso, el profesor de Derecho de la Universidad de París, Alain Pellet, dijo que trasladar la maquinaria de la planta a otro lugar del río "no es en absoluto una medida desproporcionada".

El especialista argumentó que cambiar la celulosa de lugar tampoco implica un "daño colosal" para Uruguay, entre otras cosas porque el "impacto social" de la planta sobre la población de Fray Bentos- donde se ha construido la celulosa- es "limitado".

"No estamos diciendo que la planta de celulosa Botnia sea una monstruosidad, sino que es la papelera equivocada en el lugar equivocado", dijo el experto de la delegación argentina.

Por su lado, la consejera jurídica del Ministerio de Exteriores, Ruiz Cerutti, fue la encargada de presentar las conclusiones finales de Buenos Aires. En esas conclusiones clarificó a los jueces que el caso llevado a la CIJ por Argentina "no versa sobre el crecimiento económico sostenible de Uruguay", sobre "las actividades industriales de Argentina en su propia ribera del río" ni tampoco sobre "ir en contra" de la industria privada en general y de las celulosas en particular.

Acceso a la información pública: el derecho de saber

En el día Mundial del Derecho de Acceso a la Información Pública, un debate sobre la Ley pendiente y la importancia de un derecho de la ciudadanía.

¿Por qué son insuficientes los decretos vigentes sobre el tema? ¿Puede el Estado resistirse a dar información?

Debaten Dolores Lavalle Cobo, abogada y asesora de la Fundación Konrad Adenauer; Alejandro Carrió, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Delia Ferreira Rubio, presidenta de la Fundación Poder Ciudadano.

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Qué ocurrirá con la jueza Parrilli

Tras insultar a dos agentes de tránsito que debían cobrarle una multa, la jueza Rosa Parrilli - titular de un juzgado en lo Contravencional - deberá sortear algunas instancias judiciales.

Por un lado, y tal como explica el fiscal general de la ciudad, Luis Cevasco (escuchar el audio), "el proceso penal por los delitos de amenazas y discriminación" donde la prueba es contundente dado que quedó registrada por las cámaras de seguridad. Y por el otro,"la sede administrativa del Consejo de la Magistratura, que se tiene que reunir y formular la acusación".

No será todo. La titular del INADI, María José Lubertino, aclaró que presentará hoy una denuncia contra Parrilli habida cuenta de que "es un hecho gravísimo porque un funcionario no debe simplemente no ser un delincuente para estar en un cargo, sino que tiene que reunir condiciones morales de idoneidad y de ética pública que están por sobre la media".

La magistrada fue suspendida de su cargo por nueve días.



Fuente: Luis Cevasco, fiscal general de la ciudad, en Inocentes y Culpables, por radio Mitre.

Quejas de la Magistratura por las denuncias "inválidas"

El Consejo de la Magistratura se quejó de "la gran cantidad de denuncias no válidas" que recibe ese cuerpo intentando promover procesos de juicio político contra jueces, sin fundamentación alguna que lo justifique.

En el marco de la Audiencia Pública con la que el Consejo informa sobre las actividades realizadas y las proyectadas para el próximo ejercicio, que este año se realizó en la provincia de Corrientes, el presidente del cuerpo, el juez Luis Bunge Campos, detalló las dificultades que generan las denuncias por meras discrepancias con lo que resuelven los jueces.

En ese sentido, cuestionó "la gran cantidad de denuncias no válidas que se presentan permanentemente", y que si bien son desestimadas, insumen tiempo para su análisis. El Consejo sólo tiene potestad para sancionar faltas disciplinarias, pero no actúa como tribunal revisor de los fallos, ya que para ello están las respectivas instancias de apelación de cada fuero, explicó.

Por su parte, la administradora general, Cristina Akmentins precisó sobre la composición del presupuesto 2010 para el Poder Judicial aprobado por el Consejo y afirmó que "están previstas la totalidad de necesidades", incluso las del funcionamiento de la Justicia en Corrientes, donde está prevista la inauguración de un juzgado federal en la ciudad de Goya. No obstante, alertó que esos cálculos están "sujetos al recorte que se imponga en el Congreso de la Nación".

Zaffaroni en la UBA sobre delincuencia juvenil

El ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni participará mañana en una entrevista abierta sobre delincuencia juvenil en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

La actividad comenzará a las 15 con la proyección del largometraje documental "Solos entre cuatro paredes" de la realizadora rusa Alexandra Wetemeier, que relata en primera persona la historia de jóvenes delincuentes en un instituto correccional. En tanto, a las 17.30 se realizará la entrevista con Zaffaroni en el Auditorium de la sede ubicada en Ramos Mejía y Franklin, de esta Capital, organizada por la cátedra de Jorge Gómez de la Carrera de Comunicación Social.

Link vinculado: Violencia juvenil, un drama en aumento - En Será Justicia hablan el Licenciado en Educación Gustavo Iaeies, el titular del Centro de Prevención del Delito, Claudio Stampalia y el juez de menores de La Matanza, Rodolfo Brizuela.

"Cabezas está muerto porque así lo quiso Yabrán"

Después de que Casación confirmara la reclusión perpetua del ex oficial de la Bonaerense, Gustavo Prellezo, implicado en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas; el abogado que motorizó la causa, Alejandro Vecchi, sostuvo: "A no olvidar que Cabezas está muerto porque así lo quiso Alfredo Yabrán".

Al mismo tiempo, mostró una "enorme satisfacción" por la decisión del tribunal con Prellezo:
"Más allá de que esta condena no es ni más ni menos que la descripción pura y simple de los hechos criminatorios, la esencia del fallo no hace más que confirmar que Yabrán pagó (su jefe de custodia, Gregorio), Ríos organizó y Prellezo ejecutó", remarcó Vecchi en un comunicado.

El abogado expresó, además, que el fallo dictado ayer por la Sala II "coloca a un homicida en el lugar en donde debe estar, de donde jamás tendría que salir y donde deberían estar todos y cada uno de los responsables penales que han intentado con el homicidio de José Luis acallar las verdades, lo que no han conseguido y no conseguirán jamás".

Escándalo con una jueza que no quiso pagar una multa

Ocurrió el 15 de septiembre pasado. Una grúa remolcó el auto de la titular del juzgado 28, Rosa Elsa Parrilli, que estaba estacionado casi en la ochava de Rodríguez Peña al 400 y fue llevado hacia la playa de infractores del Obelisco, en el subsuelo de 9 de Julio y Sarmiento. Envuelta en su propia ira, fue hasta ese lugar Parrilli, que insultó verbalmente y discriminó a las dos agentes de tránsito del gobierno de la Ciudad que hacen el trámite de verificación de la documentación, publicó el portal InfoBae.

La jueza dijo, entre otras cosas, "señorita, venga acá, la que mando acá soy yo, no tengo que pagar como no pago nunca en la vida". Por si fuera poco, consultada por la señal C5N, la magistrada aclaró hoy: "No tengo que pedir disculpas".

Qué Ley se está discutiendo en el Senado

Descargue el PDF de los 150 puntos del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual que salió de Diputados y se discute en la Cámara Alta.

Medicamentos: la viuda de Forza quedó procesada

Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, quedó procesada por la Cámara Federal por la entrega de medicamentos presuntamente adulterados.

La Sala II revocó la resolución que la beneficiaba en la causa y la procesó en base a las pruebas, al considerar que sus explicaciones fueron "inverosímiles", mientras ordenó al juez federal Ariel Lijo profundizar la investigación sobre la posible adulteración.

"Solange Marina Bellone es, cuanto menos, responsable por la venta de los medicamentos posteriormente entregados a las pacientes Julia Portillo y Bruna Bocchiocchio, razón por la cual habrá de revocarse la falta de mérito dictada y disponerse su procesamiento", dijo la resolución.

Junto a Forza, asesinado hace un año en lo que se conoció como Triple crimen de Gral Rodríguez, Bellone fue presidenta y accionista de la droguería Seacamp S.A., que en 2007, según la causa, habría entregado medicamentos contra el cáncer a mama dos obras sociales que -a su vez- hizo llegar a dos de sus afiliados los remedios oncológicos presuntamente adulterados. La causa, igualmente, no está relacionada directamente con la mafia de los medicamentos que ahora investiga el juez federal Norberto Oyarbide.

Se trata de una vieja investigación que comenzó el 2 de mayo de 2007, con la denuncia del entonces titular del Instituto Nacional de Medicamentos, Carlos Chiale, para que se analizara la adulteración de un lote de remedios oncológicos elaborados para el tratamiento de cáncer de mama. El fiscal Marcelo Munilla Lacasa había pedido que se indagara a Bellone en el marco de la causa que investiga "la adulteración y comercialización del medicamento Herceptin 440 mg por 1 vial con 440 mg de principio activo, elaborado originalmente por el laboratorio Roche, incluidas las consecuencias dañosas que su utilización habría producido".

Ajustes en Ambiente: el presupuesto se redujo un 93 %

La lentitud en las tareas de saneamiento de la cuenca del Riachuelo quizá tenga, como aproximación, una buena respuesta en el presupuesto que actualmente tiene la Secretaria de Medio Ambiente: según se pudo saber, en los primeros nueve meses de este año, éste se redujo en un 93%.

De acuerdo a información provista por la Auditoría General de la Nación, la dependencia, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, comenzó el ejercicio con $ 284.739.010 disponibles para su funcionamiento, pero, a partir de la reasignación de partidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, llegó a septiembre con un crédito vigente de $ 20.161.943.

En este contexto, el recorte afecta directamente los puntos que la secretaría debe sostener, entre los que se cuentan, desde ya, coordinaciones de política ambiental, planificación estratégica y lo vinculado a la preservación, protección, defensa y mejoramiento del medio ambiente.

En la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental, por ejemplo, también funcionan las áreas de "promoción del desarrollo sustentable", "coordinación de políticas ambientales" y el "programa control ambiental". En todos estos casos, el ajuste presupuestario osciló entre el 87% y el 97%.

En julio pasado se cumplió un año del fallo de la Corte que ordenaba la limpieza del Riachuelo, tema sensible para Ambiente. Sin embargo, 365 días después los avances en la materia son escasos.

Apartaron al juez que investigaba a Albistur

La Cámara Federal porteña apartó al juez causa al juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid que había llamado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito al secretario de Medios de la Nación, Enrique "Pepe" Albistur.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah consideraron que Albistur podía tener "razones legítimas para dar crédito al temor de parcialidad", pero subrayaron que ello "no quiere decir" que "el juez haya albergado la intención que esgrime la defensa al convocar al imputado a indagatoria".

Ahora la causa continuará en manos del juez federal Julián Ercolini, que ya investiga si existe una asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner que haría negocios desde el poder con empresarios amigos y allegados.

En abril de 2008 el entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido (ver la entrevista en Será Justicia), denunció que entre 2004 y 2007 Albistur entregó alrededor de 10 millones de pesos de pauta oficial a empresas presuntamente vinculadas con su familia o sus funcionarios.

Desde entonces, el juez Aráoz de Lamadrid abrió una causa para saber si Albistur incurrió en "presuntas negociaciones incompatibles con la función pública" al distribuir pautas a empresas "socias" o "amigas" que, según la denuncia, habrían sido beneficiadas por el otorgamiento de anuncios oficiales en vía pública por un total de 9.826.070 pesos.

Los organismos de control según Guillermo O´Donnell

El reconocido politólogo habló con el sitio web El Auditor sobre su importancia:

-¿Cuál sería su prioridad si estuviera al frente de un organismo de control?

-Primero, hay que luchar por la autonomía del organismo. Esa es una condición necesaria para casi cualquier otra cosa.

-¿Cómo se puede incentivar la participación ciudadana en "la cosa pública"?

-Me parece absolutamente fundamental el rol de la educación en ese proceso. Sin una difundida cultura política, que sea el resultado de la educación y también de los buenos ejemplos, se hace muy difícil alcanzar y consolidar logros en estos temas.

-¿Cree que hay alguna participación deseable de los ciudadanos en esos procesos, por ejemplo, en la formulación del presupuesto público?

-El presupuesto no sólo debe ser discutido en el Congreso o en los partidos políticos. El primer paso es poner en red, y con razonable anticipación, todos los proyectos. Hecho esto, y luego de ver qué y cuántas respuestas y reacciones provoca, hay que discutir el tema también con ONG’s y con otros sectores, para determinar qué procedimientos deberían adoptarse según los casos, porque no es lo mismo un presupuesto nacional que uno municipal.

-¿Cómo se puede mejorar el empleo público para cumplir las expectativas de la gente?

-Es lo que falta casi siempre en nuestro país: crear un verdadero servicio civil, con pautas competitivas de ingreso, promoción y acceso a perfeccionamiento. Esto vale para todos los niveles del Estado; sin esto, las reformas seguirán siendo sólo parciales.

-En cuanto al cumplimiento de las normas, ¿cuál cree que es la relación entre la ética y la política?

-Esto requiere que escriba un tratado de varios tomos. Sólo puedo agregar que, en la concepción republicana, es básico que haya una rigurosa separación entre el cuidado del interés público y el interés privado del funcionario. Esa debería ser una demanda desde todos los ángulos posibles.

-¿Qué opina de El Auditor.info?

-En verdad, no sabía de su existencia. Pero me fijé en la página y me entusiasmé. Estoy muy impresionado con lo que están haciendo, es una enorme contribución que, espero, se potencie como merece y cada vez tenga más difusión. Me permito felicitarlos.

Las tropelías de Alderete siguen dando que hablar

Entidades civiles le pidieron a la Justicia que rechace el pedido de "probation" para evitar un juicio oral que hizo el ex titular del PAMI Víctor Adrián Alderete por la presunta presentación de un documento falso ante la AFIP, y reclamaron que se fije fecha de inicio de debate oral y público contra el ex funcionario.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CICPE) presentaron un escrito en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación para que sea rechazado el pedido de tareas comunitarias que hizo Alderete y que el tribunal debe resolver. El ex titular del organismo el menemismo está acusado de presentar ante la AFIP un documento falso para justificar que un préstamo de 243 mil dólares que le otorgó el Banco Galicia en junio de 1998 fue para cancelar una deuda.

Alderete iba a ser juzgado el 30 de junio pasado, luego que el Tribunal Oral Federal 6, a cargo del proceso, rechazó el pedido de "probation" pero el ex funcionario apeló a la Cámara de Casación. El Código Penal impide acceder a una probation cuando el delito lo haya cometido un funcionario públicos durante sus funciones, lo que ocurre en el caso de Alderete.

Sin embargo, las ONG's consideraron que "es clara la vinculación temporal con el ejercicio de sus funciones públicas" ya que la presentación ante la AFIP fue hecha nueve meses después de dejar su cargo público.Las entidades recordaron en la presentación a la que accedió DyN que la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública "establece un período de sospecha de tres años por el cual se le impide a cualquier funcionario relacionarse contractualmente con quienes hayan sido beneficiados por contrataciones llevadas a cabo durante su gestión".

Quedó detenido en España otro represor que particó de "los vuelos de la muerte"

Un ex represor que participó de los "vuelos de la muerte" en la última dictadura militar fue detenido hoy en Valencia, España, donde vivía con su mujer y su hija. Julio Poch, un ex teniente y aviador de la Armada habría contado a varios de sus actuales colegas que participó de esas "actividades" en los años más oscuros de la historia argentina.

Poch - con espacio en Facebook incluido - tiene 57 años y según información a la que tuvo acceso la Subsecretaria de Derechos Humanos, estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, de donde egresó como bachiller en 1968; entre 1969 y 1972 cursó la Escuela Naval Militar, en Río Santiago, y luego se especializó en el arma de la aviación naval, adonde llegó al grado de teniente de fragata. Se retiró el 1 de febrero de 1981.

La investigación, que está en manos del juez federal Sergio Torres, se encuadra dentro de la megacausa ESMA que llevó incluso llevó al magistrado a Holanda, en diciembre de 2008, donde se sirvió de testimonios a varios pilotos aéreos, compañeros actuales del ex marino, y luego de ello ordenó su captura internacional, el 25 de febrero último.

Entre ellos, Torres pudo dar con un piloto que relató la estremecedora confesión del acusado durante una cena en Indonesia: "Exactamente me dijo cuando a bordo de su avión se echaba fuera de la borda personas con vida con el fin de ejecutarlas".

Bignone será el próximo en enfrentar al tribunal por el centro clandestino de Campo de Mayo

El juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo, iniciado en abril de este año, tendrá en el banquillo de los acusados al último dictador argentino, Reynaldo Bignone.

La Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento y prisión preventiva del militar así como del ex jefe del comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y del ex director de la Escuela de Comunicaciones Luis Sadi Pepa, ambos con desempeño en Campo de Mayo.

El trío está acusado por el operativo ocurrido el 12 enero de 1977 en Independencia 1940, Villa Adelina, en el partido de San Isidro, donde un grupo de tareas secuestró a Beatriz Recchia, que se encontraba embarazada de seis meses, y mató a su marido, Domingo Antonio García.

Bignone está imputado en esta causa por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (dos hechos), y por haber transcurrido más de un mes (un hecho), allanamiento ilegal (un hecho), imposición de tormentos (un hecho) y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas mientras que Riveros y Sadi Pepa están acusados de delitos tales como homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal y tormentos.

Fayt: "Se necesita que no siga lloviendo droga"

El ministro decano de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, justificó hoy el pedido del máximo tribunal de que se intensifique el control aéreo en la frontera norte del país, en el hecho de que "se necesita que no siga lloviendo droga".

Fayt aludió a la solicitud elevada por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, al gobierno nacional, para que instale radares en la región norte, por donde suelen operar aviones en vuelos clandestinos provenientes de países limítrofes, transportando droga.

Un juez acusa a otro por su falta de compromiso en la lucha contra las drogas

César Melazo, juez de Garantías de La Plata, denunció hoy ante el Consejo de la Magistratura de la Nación a uno de sus pares en el fuero platense, Arnaldo Corazza, por supuesta "falta de compromiso" tras haber declarado la nulidad de una causa en la que se había detenido a seis presuntos narcotraficantes.

En su presentación, Melazo lo acusa a Corazza de "favorecer a narcotraficantes y narcopolíticos" durante un procedimiento que llevó adelante el fiscal Tomás Morán junto con la Policía, sobre una "cocina" de drogas que operaba en la localidad platense de City Bell.

"Estamos hablando de más de 200 mil pesos semanales producto de la venta de seis kilos de pasta base que se elaboraban en ese período y de un procedimiento exitoso que el juez Corazza anula por un desconocimiento, manifiesta él, de la justicia provincial y da a entender que la policía bonaerense se lanzó sola, sin orden ni intervención judicial alguna, cosa que no fue así", aseguró Melazo.

La periodista Miriam Lewin aseguró haber visto a Cabandié con su mamá en la ESMA

En el marco del juicio contra el apropiador de Juan Cabandié, el ex oficial Juan Falco, la periodista de Telenoche Investiga Miriam Lewin recordó haber visto al legislador porteño recién nacido en el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en la ESMA y donde ella permaneció detenida.

Según Lewin, Cabandié - con apenas unas horas de vida - estaba en brazos de una mujer a la que luego identificó como Alicia Alfonsín, también secuestrada y desaparecida. "Tenía el cabello castaño claro, piel blanca y toda la apariencia de haber dado a luz recientemente... tenía el vientre y los pechos hinchados".

El hecho, según la periodista, ocurrió en 1978, cuando se supone que Cabandié nació en cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Promesas incumplidas del Gobierno con la Corte

En marzo de este año el Gobierno - a través de su entonces Jefe de Gabinete, Sergio Massa - se comprometió a girar unos 36 millones de pesos a la Corte Suprema y a nombrar, tras las quejas de los jueces, unos 750 empleados.

Seis meses después una de las miembros del máximo tribunal de Justicia, Carmen Argibay, se encargó de dejar en claro que "los 750 empleados que nos prometieron 'crear' en marzo todavía los estamos esperando". Y no fue todo. Según Argibay, todavía hoy "nos cuesta siempre conseguir las partidas" de dinero.

Abuelas: se revisarán expedientes de adopciones

En lo que implica un avance notable en materia de restitución de identidades, Abuelas de Plaza de Mayo podrá ahora revisar expedientes privados de adopciones concretadas durante la última dictadura en busca de establecer si algún hijo de desaparecidos fue entregado ilegalmente a otras familias mediante ese mecanismo.

La Cámara Federal porteña accedió así a un pedido de Abuelas para obtener copias de registros y legajos de entidades privadas, en el marco de una causa por presunto robo de bebé nacido en cautiverio.

En primera instancia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había rechazado el planteo pues entendió que "esa información es reservada y secreta, en base a las normas que regulan la adopción judicial" pero la Cámara replicó que no se trataba de un expediente judicial de adopción, de modo que no se podía restringir el acceso a lo que podría ser una medida de prueba para establecer la verdadera identidad de hijos de desaparecidos durante la dictadura.

"Nos encontramos en el marco de una investigación penal que tiene por objeto procesal la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de varias mujeres secuestradas durante la última dictadura militar", subrayó el tribunal.

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Violencia juvenil, un drama en aumento

En el último mes dos jóvenes fueron asesinados en la provincia de Buenos Aires. La violencia en los jóvenes es un tema que preocupa a autoridades escolares y de Gobierno y también a los padres que no saben si deben poner más límites.

¿Son los jóvenes el reflejo de una sociedad violenta? ¿Los padres saben cómo poner límites? ¿Y los colegios? ¿Qué hace el Estado para contenerlos y darles un futuro?

Hablan el Licenciado en Educación Gustavo Iaeies, el titular del Centro de Prevención del Delito, Claudio Stampalia y el juez de menores de La Matanza, Rodolfo Brizuela.

Medicamentos truchos: Capaccioli pasará por tribunales

El juez federal Norberto Oyarbide afirmó hoy que las declaraciones indagatorias de los imputados por la causa de adulteración de medicamentos se producirán al menos dentro de quince días, y anticipó que declarará el "secreto de sumario" para el caso.

Oyarbide confirmó que entre los citados a declarar figura el ex administrador de servicios de Salud, Héctor Capaccioli, porque al momento de ocurrir los delitos "ocupaba un rol de preponderancia". El juez federal dijo que tiene a su "equipo completo" trabajando en tomar declaración a las personas que recibieron tratamiento oncológico en el Policlínico de Bancarios, quienes están "sumamente preocupados" por la posibilidad de haber recibido medicamentos adulterados.

"Las convocatorias no van a ocurrir antes de quince días. Es un plazo estipulado tentativamente porque considero que en ese tiempo voy a tener el análisis completo de todo el material", sostuvo el magistrado.

11 balazos contra un asaltante y la legítima defensa

La Cámara Nacional de Casación Penal consideró que reaccionar ante un asalto matando al ladrón de 11 balazos no puede ser considerado "legítima defensa".

De esta manera, el máximo tribunal penal revocó el sobreseimiento dictado a favor de Hernán Ariel Fontana, quien al ser despojado de su automóvil en junio de 2007, disparó contra su agresor y lo mató de 11 disparos de arma de fuego.

La Sala Primera de Casación anuló dos fallos anteriores, del juez de instrucción Federico Salvá y de la Cámara del Crimen, que habían sobreseído a Fontana considerando que había actuado en "legítima defensa". Para los camaristas, persiste "un estado de duda respecto de la mecánica de ocurrencia del evento investigado, que impide en este estadio procesal la clausura de la pesquisa".

Cabandié recordó el calvario de vivir con su apropiador

El diputado porteño Juan Cabandié reveló hoy cómo era la vida con su apropiador, en el marco del juicio que se sigue a Luis Antonio Falco, el ex miembro de la Policía Federal que fingió ser su padre y ocultó su verdadera identidad en plena dictadura. "Siempre me sometían a malos tratos. Fui criado a los golpes físicos y psíquicos... en esa casa, que era una sucursal de una comisaría", contó Cabandié a la jueza María Romilda Servini De Cubría, que lleva adelante el juicio penal. "El miedo estaba presente todo el tiempo", contó el actual legislador del Frente para la Victoria porteño.

Así, recordó adornos y cuadros con la simbología policial e incluso los regalos con iconografía nazi que recibía Falco, quien además "andaba todo el día armado". Cabandié, que recuperó su identidad en el año 2004 tras someterse a un examen de ADN promovido por Abuelas de Plaza de Mayo, contó que "nos hacen sentir culpas mostrándonos lo bueno que fueron al darnos comida y estudios", en clara referencia a Falco.

Al mismo tiempo, aseguró que su apropiador usaba un nombre falso; "Leonardo Fajardo", y que mantenía fuertes lazos con otros represores como Samuel Miara, un ex comisario que hizo figurar como propios a los mellizos Reggiardo Tolosa.

El fiscal Carlos Rívolo pidió 17 años de prisión para Falco mientras que la querella - que defiende a Cabandié - exigió 25 años por "retención y ocultamiento de un menor de diez años" y "falsedad ideológica de instrumento público". La sentencia se conocerá a fines de septiembre.

Julio López: tres años después, el mismo reclamo

Esta tarde diferentes agrupaciones de derechos humanos marcharon en La Plata para exigir la aparición del albañil Jorge Julio López, al cumplirse tres años de su presunto secuestro, tras declarar como querellante en un juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.

A las 17, como estaba previsto, se presentó en sociedad la fundación que lleva el nombre de López, para capacitar en artes y oficios a desempleados, en el Centro Cultural de Los Hornos ubicado en calles 137 y 64.

Su hijo, Rubén López dijo que "a tres años de la desaparición de mi padre, todo sigue igual, no hay novedades, lo que nos lleva a pensar que una justicia que no respeta los tiempos, no es justicia".

Por su parte, Guadalupe Godoy, abogada de la causa, señaló que la investigación por la desaparición de López "tiene un movimiento prácticamente simbólico" y agregó que los magistrados "se pelean por no tener la instrucción a su cargo, porque nadie quiere pagar costos políticos, los costos que implican haber permitido que en este momento tengamos que hablar de encubrimiento e impunidad".

Subtes: el viajar (no es) un placer

Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires advierte sobre el peligro que corren los usuarios en los ingresos y egresos a los vagones del subte. El organismo indicó que "los espacios de separación existente entre el borde del andén y la formación" y pidió "medidas de seguridad obligatorias para evitar situaciones de riesgo de los pasajeros" luego de recorrer unas 90 formaciones que van de la Líneas A a H.

"En todas ellas se encontraron distintas irregularidades referidas a las medidas preventivas y las correspondientes advertencias para el uso correcto de los espacios en los andenes. Estas irregularidades se evidenciaron al comparar diferentes líneas pero también distintas estaciones pertenecientes a la misma línea" y ejemplifican con lo que ocurre en la estación 9 de Julio de la Línea D: "no hay zona marcada de prevención en el andén pero sí en Catedral o Tribunales. Por otra parte, se detectaron importantes diferencias en la distancia entre vagones y andenes que van de los 10 a 12 cm. en la Línea C".

Al tiempo que advierte por estas irregularidades, la Defensoría contrasta con lo que ocurre en otras partes del mundo: "Este tema es tenido en cuenta por su relevancia en prevención de accidentes, tanto en indicaciones escritas como mediante las comunicaciones por altoparlante. En Londres, la cita "mind the gap" (tenga en cuenta el hueco) está incluso dibujada en el suelo de los andenes, y en San Pablo se hace también énfasis en el desnivel entre el andén y la formación".

En el mismo orden, Alicia Pierini, titular de la institución, señaló que "aunque no esté legislado, los numerosos accidentes sucedidos justifican la inmediata intervención de la empresa Metrovías".

Desarrollo Social recibió financiamiento para un sitio web que permanece desactualizado

InterRed tenía (y en apariencia tiene) por finalidad intercambiar experiencias en materia de políticas sociales entre países de América Latina y el Caribe, agrupando a los Fondos de Inversión Social de la región y desde su "buena intención" generar avances en la lucha contra flagelos como la pobreza. Depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero pese al generoso financiamiento externo, permanece paralizado desde hace tiempo.

La Auditoría General de la Nación reveló hoy que Desarrollo Social "recibió U$S 311 mil para desarrollar un programa basado en internet que durante dos años mantuvo inactivo y que al momento de ser revisado no tenía responsables institucionales que se encargaran del mantenimiento, ni criterios de contratación de la consultora que desarrolló el sitio web".

De acuerdo a información publicada por la AGN, Argentina recibió en el año 1996 U$S 311 mil del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para desarrollar el proyecto: "de ese monto, el 8,04 % se utilizó para realizar talleres, seminarios y reuniones regionales. Y el 91,96% restante se destinó a "consultoras", es decir, a la contratación de la empresa Uunet Technologies Inc.

En su portal, la Auditoría "establecer un responsable institucional y de mantenimiento de la página web”, “indicar claramente su actual administrador", y recomienda que, "en caso de mantener en vigencia los objetivos de su creación, el sitio web requiere (una) actualización".

Pagan indemnización pedida por la Corte Interamericana

La visita a la Argentina de miembros de la Comisión Interamericana activó varias cuentas pendientes. Días después de anunciar el proyecto para eliminar los delitos de calumnas e injurias, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el pago de indemnización que reclamaba la Corte Interamericana desde el 11 de mayo de 2008, en favor del albañil Juan Francisco Bueno Alves, torturado por la Policía en una de las causas "armadas" para favorecer la estadística criminal.

Bueno Alves cobrará, según se publicó hoy en el boletin oficial, 403 millones de dólares más intereses, equivalentes a unos 2.1 millones de pesos. De esto modo, el Gobierno obedece a la Corte Interamericana en dos de los cuatro fallos pendientes. Quedan en pie deudas para el caso Bulacio (la eliminación de las detenciones arbitrarias) y la indemnización en favor de Juan Carlos Bayarri, ex policía acusado y luego absuelto por el secuestro de Mauricio Macri.

Echegaray deberá explicar el operativo contra Clarín

El curioso operativo de la AFIP en el diario Clarín consiguió, una semana después, un guiño de la Justicia. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue instado a enviar a los informes que generaron ese megaoperativo de control fiscal y las actuaciones administrativas que se están labrando actualmente sobre los eventuales responsables de ese procedimiento.

La causa se tramita en el juzgado de Octavio Aráoz de Lamadrid, que ya reclamó al jefe de la AFIP los originales de las actuaciones que iniciaron el procedimiento cuestionado, indicaron hoy fuentes allegadas al caso.

Al mismo tiempo, solicitó que se le entregue el reporte de las actuaciones administrativas que se están labrando sobre los eventuales responsables de ese operativo, ya que el propio Echegaray aseguró desconocer esas diligencias sobre el diario.

El lunes pasado, el abogado Ricardo Monner Sans había pedido investigar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por encubrimiento.

Promueven una acción de clase contra Cristina

El abogado Gregorio Dalbón (reconocido por los juicios en accidentes de tránsito y el penoso escándalo con un juez) promovió hoy una "acción de clase" en contra de la presidenta Cristina Fernández, y el Estado Nacional, por 2.000 millones de pesos, como resarcimiento para la "gran cantidad de damnificados que han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud".

En su escrito, el abogado presentó la "class action" que recayó en el juzgado federal a cargo de Norberto Oyarbide, que investiga la denominada "mafia de los medicamentos".

La "acción de clase" fue consagrada recientemente por la Corte Suprema de Justicia. Y el pasado 27 de julio Será Justicia dedicó un programa completo sobre tema dado que como novedad abre un número ilimitado de planteos que los argentinos podemos hacer para defender nuestros derechos y los de todos.

Dalbón justificó su presentación: "En atención a la existencia de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, en el caso, gran cantidad de damnificados han consumido medicamentos adulterados, produciéndole a estos graves daños a su salud, conforme la pesquisa de autos, se promueve la presente class action".

Se cumplen tres años de la desaparición de Julio López

El próximo viernes, organismos de derechos humanos nucleados en Justicia Ya-La Plata, se manifestarán al cumplirse tres años de la desaparición del testigo Jorge Julio López. Será a partir de las 18, en la Plaza Moreno de la capital bonaerense.

Durante el encuentro, reclamarán la aparición con vida de López y el castigo "a todos los responsables de su secuestro".

Al mismo tiempo, anuncian que mañana a las 11 en la sede de ATE La Plata representantes de organismos de derechos humanos realizarán una conferencia de prensa para hablar sobre el estado de la causa judicial y las acciones que se llevarán adelante.

Presentaron un centro de asistencia anticorrupción

Los oradores fueron Manuel Garrido, Daniel Santoro, Hugo Wortman Jofré y Sofía Fernández Farquharson. Los cuatro oficiaron de presentadores de la última iniciativa de Poder Ciudadano: un Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC).

"ALAC se sitúa como un faro para la sociedad civil en el encauzamiento de denuncias acerca de hechos de corrupción", sugirieron en el lanzamiento. Y es que desde su concepción, insta a "los ciudadanos y las ciudadanas que conozcan hechos para que participen activamente en la lucha contra la corrupción".

Wortman Jofré, viceperesidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, sostuvo que "el ALAC es un modelo replicado por Transparencia Internacional, un importante organismo cuyo capítulo en la Argentina es Poder Ciudadano, que ya ha sido desarrollado en Europa y en América con mucho éxito".

Según se deslizó, la idea de base será brindar asistencia y asesoramiento legal gratuito a las víctimas o testigos de hechos de corrupción en casos de pequeña a gran escala en la ciudad de Buenos Aires.

"En esta sociedad y la triste década de la violación a los derechos humanos demuestran que no nos metemos en la cosa pública hasta que no vienen por nosotros, entonces, la verdad que acá hay un punto central que es la ruptura de un pacto de silencio del cual todos de alguna manera somos partícipes en mayor o menos medida. Y la ley procesal, en este sentido, nos avala, nos respalda", añadió Wortman Jofré.

Medicamentos: Comparatore decidirá si cita a Zanola

El juez federal Norberto Oyarbide remitió al fiscal Luis Comparatore el expediente por la "mafia de los medicamentos", con el fin de que evalúe el resultado de los allanamientos y secuestro de documentación que ya se realizaron, y a su vez para que dictamine si corresponde citar a indagatoria al titular del gremio bancario, Juan José Zanola.

Fuentes judiciales informaron que el juez Oyarbide corrió traslado al fiscal Comparatore para que emita opinión sobre la posible citación a indagatoria de Zanola.

Según las fuentes, Comparatore recibió casi todo el expediente, salvo el último cuerpo, unas 7.000 fojas, en donde constan las pruebas que fueron incautadas en los distintos allanamientos, que fueron realizados por personal de la División Unidad de Investigaciones Técnicas de la Policía Federal.

La Oficina Anticorrupción analiza el patrimonio K

El incremento patrimonial de los Kirchner sigue dejando tela para cortar. O para investigar. El juez federal Norberto Oyarbide aseguró hoy que en el marco de esa investigación judicial que busca establecer cómo se produjo el crecimiento del 158 por ciento en un año quedó en "la Oficina Anticorrupción, que se encuentra analizando las declaraciones juradas".

"Dispuse pasar a la OA que tiene que pronunciarse de acuerdo al decreto que le ordena el deber de analizar las declaraciones juradas y ver si resultan de alguna manera creíbles o no", señaló esta mañana.

Oyarbide manifestó que "para el caso de que no sean confiables se abre toda una investigación judicial". En agosto pasado, a partir del requerimiento de instrucción que presentó el fiscal Eduardo Taiano, Oyarbide comenzó el trabajo de recolección de datos para avanzar en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta Cristina Fernández y su antecesor y esposo, Néstor Kirchner.

Según la declaración patrimonial presentada a la Oficina Anticorrupción, los Kirchner admitieron tener en 2007 una fortuna de 17.824.941 pesos, mientras que la nueva presentación consignó bienes por 46.036.711 pesos. Taiano le pidió a Oyarbide que comience por obtener las copias de las declaraciones juradas que el matrimonio presentó ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP para el 2008.

Actividades a 33 años de La Noche de los Lapices

El próximo sábado Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y otras organizaciones culturales y de derechos humanos realizarán un espectáculo al aire libre en conmemoración del 33 aniversario de La Noche de los Lápices y "en defensa de la escuela pública".

La actividad se hará en la Plaza Madres del Pañuelo Blanco, avenida Balbín y Donado, en el barrio porteño de Saavedra, de 14 a 20 con la presencia de alumnos de escuelas secundarias de la Comuna 12: durante la jornada se presentarán, entre otros, Juan Subira (ex Bersuit), la Chiringa, Punto Caramelo y números artísticos de circo, malabares, mimos, con una muestra de pancartas alusivas.

Acompañan la convocatoria de las Madres, el colectivo Cultural Entreletras, UTE-Ctera, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Hijos, Colectivo Militante, Espacio Scalabrini Ortiz y organizaciones sociales y políticas de la Comuna Doce.

Renuevan quejas por demoras en procesos judiciales

El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y organizaciones no gubernamentales advirtieron hoy que el país "no logró resultados exitosos en los últimos años" en la lucha contra la corrupción y el crimen económico, debido al "altísimo nivel de mora judicial de las investigaciones en curso y el magro nivel de condenas dictadas por estos delitos".

La admonición se produjo en el marco de la firma de un convenio entre Righi y dos ONG's especializadas en la prevención de hechos de corrupción, para que colaboren con los fiscales en las causas que se investigan a funcionarios públicos por esos delitos.

El acuerdo fue rubricado entre la Procuración y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La finalidad es que esas entidades trabajen en "el desarrollo de investigaciones sobre aspectos financieros vinculados a casos de corrupción" y "la planificación e implementación de programas de recuperación de activos de origen ilícito", según se estipuló.

Afirmaron que esos hechos producen un "elevado perjuicio económico" que tiene impacto social sobre derechos humanos. Por ello, alertaron, se "necesitan mayores esfuerzos institucionales para el desarrollo de acciones tendientes a reparar el daño".

Dos ONG´s podrán participar de causas por corrupción

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) podrán participar, desde hoy, en procesos contra ex funcionarios acusados de presuntos hechos de corrupción.

Es que la Sala II de la Cámara Federal hizo lugar al planteo de ambas ONGs que habían solicitado "tomar vista" en algunos procesos, pero en primera instancia se toparon con la negativa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Los camaristas Horacio Cattani y Julio Marcelo Lucini votaron por la positiva, con la disidencia de su colega Eduardo Farah, por considerar que las entidades pretenden "colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas".

No ostante explicó que "corresponde al magistrado de primera instancia discernir, dentro de su discrecionalidad como director del proceso, cuáles son los aspectos que por relacionarse con el interés público deban darse a conocer y el modo en que ha de cumplirse con este cometido".

"Frente a un reclamo legítimo de participación ciudadana, la posibilidad de abrir al público el expediente en la etapa de instrucción debe ser una contingencia que cuente con el aval de quien sufre la persecución penal", advirtieron los camaristas.

Prometen evaluar los casos del policlínico bancario

En el marco de la investigación por la mafia de los medicamentos adulterados, el superintendente de Salud, Ricardo Belayo, confirmó esta mañana que al menos otras "siete" obras sociales compraban remedios a la droguería "San Javier" de Néstor Lorenzo.

Belayo calificó de "dramática" la situación de los enfermos que se atendieron en el policlínico, que, reveló, "todos los días nos llaman" para preguntar sobre su situación y sobre si los medicamentos que recibieron estaban adulterados.

El funcionario dijo, además, que sobre este punto "vamos a evaluar cada uno de los casos" de los pacientes de la bancaria y que a "los que presenten deficiencias" en sus tratamientos "se los va a llamar".

Durante la emisión de ayer en Será Justicia, Mirta Martínez, una afiliada de La Bancaria relató su historia con la mutual.

Foto: Zanola, esta mañana. (DyN)

Encuentro de presidentes de Cortes de todo el país

Los días 24 y 25 las ciudades de Santiago del Estero y Termas de Río Hondo, serán escenario de una serie de actividades organizadas por el Poder Judicial de esta provincia, entre las que se destaca la reunión ordinaria de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), que se desarrollará el viernes 25 en la referida localidad termal.

Paralelamente, aunque un día antes, el jueves 24, en la ciudad capital de la provincia tendrá lugar la II Reunión Regional de Responsables de las Áreas de Prensa y Comunicaciones de los Poderes Judiciales del Noroeste Argentino, quienes analizarán distintas cuestiones y propondrán una agenda de trabajo.

Seminario de Periodismo y Justicia

Tras la reunión de los voceros de prensa, comenzará en horas de la tarde en el salón de acuerdos del Palacio de Tribunales (4to.piso) el Seminario- Taller de Periodismo y Justicia organizado por el Superior Tribunal de Justicia, la Dirección de Prensa y Comunicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), destinado a magistrados, funcionarios judiciales, periodistas profesionales y estudiantes de comunicación.

Disertarán, entre otros, el Director General de Prensa y Comunicaciones de la Corte Suprema, Ricardo Arcucci, sobre "Políticas de comunicación en el Poder Judicial de la Nación", la periodista de TN, Lorena Maciel y el periodista especializado en temas judiciales del diario La Gaceta de Tucumán, Favio Ladetto.

Asimismo expondrán un panel de periodistas de importantes medios de comunicación locales sobre "Acceso a la información judicial en la provincia de Santiago del Estero" y el secretario Judicial, Dr. Ricardo Marcelo Tahan sobre "Limites necesarios a la difusión de información judicial".

Convenio con FOPEA:

Cabe destacarse que el viernes 25 en el salón de acuerdos de Tribunales de esta capital, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y el Foro de Periodismo Argentino firmarán un convenio de colaboración recíproca, tendiente a promover la capacitación profesional de magistrados y periodistas y el análisis de la problemática comunicacional en el ámbito de la justicia.

La mafia de los medicamentos

Habla por primera vez una de las víctimas y los funcionarios de la Justicia.

¿Hasta dónde está involucrado el poder político? ¿Quiénes son los imputados en la causa? ¿Cuál es la relación de los acusados por el triple crimen y la causa de la efedrina?

Todo sobre el caso político judicial que sacude al poder- Y la experiencia en carne propia de los pacientes que padecen a la mafia que falsifica medicamentos.

Un empresario K condenado en Chubut

El empresario kirchnerista -y ex diputado- José Arrechea fue uno de los condenados en la megacausa por el fraude cometido entre funcionarios del Banco de Chubut y empresarios patagonicos.

Un año después de iniciado el juicio oral y público -el más largo en la historia provincial- el Tribunal formado por los jueces Ana Servent, Roberto Portela y Darío Arguinao, condenó a 9 de los doce imputados en el proceso. Entre ellos está Arrechea, dirigente del peronismo, al que le dieron una pena de 4 años y 4 meses de prisión, por lo que irá preso, por "administración fraudulenta". Arrechea, con vinculaciones con el ex Presidente Néstor Kirchner, fue condenado por haber recibido préstamos del Banco de Chubut a pesar de haber pgestionado obras inviables. De acuerdo al fallo, fue uno de los casos donde se probó acuerdo entre funcionarios del Banco y empresarios para vaciar a la entidad.

A comienzos del 2002, el Banco de Chubut estuvo al borde del cierre, a causa de ese escandaloso desfalco que le costó a la Provincia unos 300 millones de pesos. El gobernador Mario Das Neves decidió impulsar la investigación y el Banco contrató como querellante a Alicia López, experta en lavado de dinero. La causa finalmente llegó a su fin.

Elevan el proyecto para la lucha contra delitos complejos

El comité científico asesor en materia de prevención y represión del tráfico ilícito elevó al Gobierno nacional un anteproyecto de ley que permitirá a los jueces investigar e incautar bienes que provengan de delitos complejos como los de la mafia de los medicamentos, corrupción, narcotráfico, trata de menores y grandes fraudes. La norma apunta además a mejorar el control de parte del Estado y la eficiencia en la persecución criminal, informaron fuentes del comité científico.

El comité está integrado, entre otros, por el juez de la Cámara Federal Horacio Cattani y los camaristas Martín Vázquez Acuña y Patricia Llerena, coordinados por la fiscal Mónica Cuñarro (foto).

El anteproyecto, según las fuentes, tiene el impulso del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien ya lo ha elevado a la Secretaria Legal y Técnica a fin de que a la brevedad sea elevado al Congreso de la Nación.

"Usted piense que hablamos de automotores como Rolls Royce, acciones, campos, quintas, edificios, dinero, acciones, etcétera, que hoy los jueces y sobre todo los fiscales están imposibilitados de incautar debido a la falta de adecuación legal de la Argentina a los compromisos internacionales y que por otra parte carecen de un registro y control transparentes", dijeron las fuentes consultadas por la agencia Télam.

"Es por ello que este comité se ha abocado a redactar el anteproyecto a 15 días de sanción del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sin dudas mejorará la imagen del país en temas de gravedad institucional y corrupción", subrayaron.

Piden investigar a Aníbal Fernández por encubrimiento en el operativo de los sabuesos contra Clarín

El abogado y presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, apuntó hoy contra el jefe de Gabinete Aníbal Fernández por sus dichos relacionados con la inspección de la AFIP al diario Clarín.

La presentación ante el Juzgado Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini, se refuerza con dos artículos periodísticos publicados recientemente por los periodistas Mariano Obarrio en La Nación y Gerardo Young en Clarín.

El escrito de Monner Sans al que tuvo acceso Será Justicia Digital señala que "ambas notas registraban lo que el abogado Aníbal Fernández dijo a través de Radio Continental. Con su –digamos- impecable lenguaje, puede resumirse lo dicho por él de la siguiente manera".

Y agrega: "Ricardo Etchegaray –máxima autoridad en el tema- no envió alrededor de 200 inspectores a un determinado diario argentino. Por tanto, Etchegaray fue "puenteado" (de mi parte, asombra que quien carezca de mando pueda seguir al frente de un organismo estatal y sea ratificado por el singular Jefe de Gabinete). Alguien puso un peso en el bolsillo de alguien para que dejaran al Gobierno mal parado con esta pantomima Algún sector de la oposición "pagó esta operación", en complicidad con funcionarios de la AFIP. Nosotros nos ocuparemos de buscar la vuelta y descular (sic) quién fue realmente el responsable de lo que sucedió".

La denuncia penal se encuadra en presunto delito de omisión de denuncia que implicaría encubrimiento.

Intervención mediante, Zanola frenó la indagoria

En el marco de la investigación por la mafia de los medicamentos, el juez federal Norberto Oyarbide había dicho hoy que el sindicalista Juan José Zanola sería citado a declarar porque, sostuvo, se encontraba "altamente comprometido".

"No quepan dudas de que él y su compañera van a ser citados" y dejó trascender que sería en calidad de "imputado".

No obstante, tras la intervención de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA) Zanola y Paula Aballay, su mujer y segunda en la mutual, lograron frenar la indagatoria al mandar a sus abogados defensores a Comodoro Py para recusar a Oyarbide, pidiendo que se aparte de la causa porque consideran que el magistrado habría incurrido en "prejuzgamiento".

Audiencias en la Corte de La Haya por Botnia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrió hoy las audiencias en La Haya sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay por la construcción de la planta de pasta de celulosa Botnia, denunciada por Buenos Aires por considerarla contaminante.

La delegación argentina, encabezada por Susana Ruiz-Cerutti comenzó las exposiciones que continuarán hasta el próximo jueves, para dar luego lugar a las ponencias uruguayas. Ambas delegaciones, integradas cada una por una treintena de personas, ingresaron en la sala del tribunal sin hacer declaraciones a la prensa.

La comitiva argentina consejera jurídica de la cancillería, inició ante los jueces la exposición de sus argumentos contra la fábrica de la finlandesa Botnia, construida a orillas del río Uruguay y en servicio desde noviembre de 2007. Ruiz-Cerutti denunció que la planta constituye una "violación flagrante por parte de Uruguay de las obligaciones del estatuto del río" de 1975, establecido por ambos países vecinos para proteger el medioambiente y los recursos fluviales.

"Cada día, la fábrica desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire", prosiguió la agente argentina, subrayando los "daños irreversibles para el ecosistema del río".

La emanación de sulfuros de hidrógenos, que causan "olores insoportables", entraña además riesgos para la salud de los habitantes de Gualeguaychu y del balneario Nandubaysal, al otro lado de la ribera, acusó. "Huele a huevo podrido", aseguró Ruiz-Cerutti.

Argentina interpuso el 4 de mayo de 2006 su demanda, reprochando a su vecino haber autorizado "unilateralmente" la construcción de dos fábricas de celulosa a orillas del Uruguay, cerca del puerto fluvial de Fray Bentos, violando el estatuto de 1975, publicó Clarín.

Una deuda con la Constitución

Por Gerardo Young

El anuncio de la eliminación de los delitos de calumnias e injurias en pleno debate del proyecto de una nueva Ley de medios, no puede eludir que se trataba de una deuda pública con la Constitución. La eliminación de la persecución penal contra las ofensas al honor, había sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2008, en un fallo conocido como caso Kimel. Allí se "recomendó" a la Argentina modificar su legislación en favor de la libertad de expresión.

Las recomendaciones de la Corte Interamericana no son enunciados de voluntad, sino obligaciones para el país al que están dirigidas. Así lo dice la Constitución desde la reforma de 1994 y no cumplir esos mandatos es una falta grave a nuestro Código madre de convivencia, además de un papelón internacional.

La Argentina firmó y le dio rango constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos. De allí surge el compromiso a que el Estado garantice la libertad de expresión, aún cuando esa libertad dañe la reputación de otros. Porque lo que se defiende no es el derecho de los periodistas a informar, sino el derecho del conjunto social a recibir información. Se considera que es un derecho universal, como la comida, la salud, un hogar digno. Uno de los derechos primarios, que empujan a cualquier otro a segundo plano. En definitiva, más vale informar que callarse, aún sobre la posibilidad del error.

Aunque no lo parezca, la Constitución de nuestro país está en sintonía con la famosa Primera Enmienda de Estados Unidos, aquella que en las películas de Hollywood -y en la realidad- resiste cualquier argumento contra las expresiones libres. Lo que no tenemos aquí es el ejercicio cultural de hacer uso de ese derecho o de soportarlo -según el caso-, porque no acabamos de comprender que incentiva el escrutinio de lo público para mejorar la democracia. Con ese fin es que se le da tanta importancia.

Hay otras deudas de Argentina con la Justicia global. Tras un fallo de la Corte Interamericana por el caso Bulacio -aquel chico matado a golpes por la policía tras un recital, en 1991- el Estado argentino debe, desde hace más de diez años, eliminar los arrestos policiales sin justificación. Todavía existen varias provincias (ocho, al menos) que habilitan a sus fuerzas de seguridad a las viejas razzias arbitrarias o al voleo o la simple lectura de rostros. También se le deben beneficios o resarcimientos a un ex policía (Juan Carlos Bayarri) acusado sin pruebas de secuestrar a Mauricio Macri en los primeros años de la década del 90. Lo mismo para un albañil (Bueno Alvez) torturado en una causa armada, también por policías, para mejorar las estadísticas contra el delito. Pero ponerle fin a las calumnias e injurias es la deuda mayor. Porque para reclamar cualquier deuda, se necesita, primero, poder decir sin temor.

Tarifazo: un fallo lo suspende "provisoriamente"

La resolución se conoció ayer: la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una medida cautelar y suspendió provisoriamente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del servicio de gas, hasta tanto se resuelva sobre el fondo de la cuestión, esto es si declara la nulidad o no de las resoluciones que fijaron los aumentos.

De esta manera, el tribunal dispuso que los usuarios podrán seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen tarifario anterior, y ordenó que tampoco se podrán realizar cortes en el servicio a usuarios que no paguen las facturas que contengan los incrementos.

La cámara revocó así el fallo de primera instancia que no hizo lugar a la cautelar, en el marco de una causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, por la que pidió se declare la nulidad del decreto 2067/08, de la resolución 1451/08 del Ministerio de Planificación y de la resolución 563/08 de ENARGAS, normas que fijaron el nuevo cuadro tarifario.

En su resolución, el fallo dispone "revocar el pronunciamiento de fs. 55 y vta. y, por ende, conceder parcialmente la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo de la Nación, ordenando al Ente Regulador del Gas que hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, instruya a los agentes de recaudación del cargo tarifario a que permitan que los usuarios afectados por los efectos propios del decreto 2067/08 y normas complementarias, puedan seguir pagando sus facturas de acuerdo con el régimen tarifario anterior al dictado de las normas impugnadas en la causa, con el carácter de pago a cuenta; y, en el caso de la falta de pago del cargo tarifario las empresas prestadoras se abstengan de suspender, interrumpir o cortar el servicio público de gas", publicó el CIJ.

Resaca menemista: cinco años para Monzer Al Kassar

A 17 años del que fuera una de los escándalos mediáticos más resonantes durante el menemismo, la Justicia condenó a cinco años de prisión en suspenso al sirio Monzer Al Kassar, por las irregularidades en la obtención de la ciudadanía argentina.

Y es que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se sirvió de los dos hechos de falsedad ideológica de documento público en 1992. Al Kassar, un reconocido traficante de armas que durante la década pasada tenía buenos nexos con ex presidente Carlos Menem, había concurrido a las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones para presentar una regularización migratoria para conseguir la ciudadanía argentina.

En esa presentación, falseó los hechos y bajo juramento dejó en claro que no tenía antecedentes penales aunque la realidad era otra: había sido arrestado por estupefacientes en Inglaterra y condenado en Paris a ocho años de prisión.

En la sentencia de Martínez de Giorgi, se condena además a tres años de prisión a Abdon Adur, acusado de colaborar en los trámites mientras que resultó absuelto Jorge Ignacio Bunge, un ex funcionario de Migraciones.

Medicamentos: piden "terminar" con esas estructuras

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña sostuvo hoy que la mafia de los medicamentos lleva muchos años actuando en el país, por lo que estimó que esa metodología "va más allá de un partido político o de un gobierno", al tiempo que advirtió sobre la necesidad de detectar "cómo blanquean" el dinero obtenido mediante maniobras ilícitas.

Ocaña afirmó que la droguería "San Javier", cuyo dueño, Néstor Lorenzo, está siendo investigado, es "la cabeza" de esa red de droguerías, pero precisó que hace mucho tiempo que trabaja junto con otras y que van cambiando de nombre, como "Multifarma", para mantenerse en el mercado.

La ex ministra sostuvo que esa mafia viene actuando amparada "en el anonimato, con sobornos y contactos políticos y sindicales, desde hace años". Según Ocaña, "la política debería entender que estas mafias persisten, y son corporaciones que si bien pueden ser funcionales en algún momento a la política, atentan contra ella y contra la Argentina", advirtió.

A modo de ejemplo, señaló que Lorenzo, "en la década del '90, aparece con el menemismo haciendo negocios con la leche adulterada. Esa causa prescribió y no hubo ningún castigo", recordó. La causa a la que aludió Ocaña es la que involucró al ex secretario privado del ex presidente Carlos Menem, Miguel Angel Vicco, finalmente sobreseído a raíz de la compra, por contratación directa, de 1.960.000 kilogramos de leche en polvo que resultó no ser apta para el consumo, según estudios bromatológicos.

Ocaña insistió en que "hay que terminar" con años de "sobornos, contactos políticos y sindicales. Tenemos que terminar con esa metodología, que va más allá de un partido o un sector. Esta gente está siempre, son superestructuras con las que hay que terminar".