Caso Grassi: Instancias finales

El juicio oral al cura Julio César Grassi entrará mañana en su etapa final, ya que la Fiscalía comenzará a hacer su alegato para acusar al sacerdote por "corrupción de menores" y "abuso deshonesto".

El fiscal Alejandro Varela tendrá cinco días para llevar adelante el alegato en el que expondrá ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón sus lineamientos, donde recolectará las pruebas producidas en el debate.

Se sabrá entonces si la Fiscalía logra reconstruir con pruebas recolectadas en el debate los 17 casos de presunto abuso y corrupción de menores -15 de ellos cometidos presuntamente en la Fundación Felices Los Niños - por los que Grassi había comenzado a ser enjuiciado en agosto del año pasado. Recién sobre el final de la exposición, prevista para lunes, el fiscal anunciará cuál es el delito por el que acusa al imputado y pedirá, eventualmente, la pena en su contra.

Como ocurrió durante el desarrollo del juicio, las exposiciones se realizarán a puertas cerradas.

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"Despapelizar", esa es la cuestión

Tal como adelantó Será Justicia Digital, la Corte y el Consejo de la Magistratura anunciaron hoy el lanzamiento de un ambicioso proyecto que busca "despapelizar" la Justicia a partir de la adquisición de equipamiento tecnológico.

El plan del Supremo Tribunal de Justicia, busca amortiguar el impacto de los años en esos edificios que, desbordados por kilos de papel, ya empezaron a sentir el desgaste. Con este proyecto, entonces, se buscará "digitalizar" el material a los fines de acelerar los tiempos procesales.

En este sentido, las notificaciones electrónicas, las consultas online de expedientes y la asignación electrónica de causas, entre otras funcionalidades, son algunas de las ventajas que traerá esta implementación electrónica.

La Justicia determinó que el plus salarial para la policía tenga "cáracter remunerativo"

La Cámara en lo Contencioso Administrativo dispuso mediante un fallo plenario que un suplemento salarial que perciben los integrantes de la Policía Federal, creado en 1993 por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, tenga "carácter remunerativo".

Pese a que el decreto en cuestión consideraba que esos suplementos salariales eran "no remunerativos" y "no bonificable" (y en consecuencia no estaban comprendidos en las condiciones consolidadas del salario), la Cámara rechazó tal disposición y los incorporó al sueldo de los uniformados.

Otro fallo en favor de la despenalización de la marihuana

La Justicia dejó firme un fallo que despenalizó el cultivo de marihuana en domicilios para consumo personal y avaló la inconstitucionalidad de la represión con cárcel para aquel que siembre plantas para producir estupefacientes en el ámbito privado.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de Apelaciones, reafirmó su propia resolución al rechazar un recurso fiscal que intentaba llevar el tema a la Cámara de Casación penal, máximo tribunal del país en la materia.

Los camaristas Eduardo Feiller y Eduardo Farah evitaron con su decisión que el fallo que dictaron en febrero pasado sea revisado por sus superiores al rechazar un recurso de la fiscalía, a la que ahora sólo le queda ir en queja a Casación.

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Los funcionarios que dijeron basta

Denunciaron corrupción, investigaron a fondo e impulsaron reformas pero chocaron con los negocios del Estado.

Este lunes en Será Justicia: Los funcionarios que dijeron basta.

¿Cómo se precipitó la salida del fiscal Manuel Garrido?, ¿Hay independencia para controlar al Gobierno? Las presiones del poder a los organismos de control: ¿Qué pasa cuando investigar hace peligrar la estabilidad laboral?

Debaten el ex Pte. de Defensa de la Competencia, José Sbattela; el ex perito Alfredo Popritkin y el titular de la Auditoría General de La Nación, Leandro Despouy.

Caso Tejerina: La madre de Romina denuncia maltratos

Marta Tejerina, madre de Romina, la chica detenida por matado a su beba recién nacida - concebida por violación - denunció los maltratos que su hija está recibiendo en la cárcel jujeña donde se encuentra detenida y donde cumple el sexto año:

"El 3 de marzo Romina fue agredida con una fuerte golpiza, producto de una amenaza de muerte que había recibido en el penal", explica su madre. "De inmediato fue puesta en aislamiento donde no tuvo la posibilidad de recibir la atención psicológica que requiere la gente que pasa por este tipo de situaciones".

En diálogo con el diario Crítica, Marta explicó que ""Romina fue golpeada, pero una amiga fue herida con un objeto punzante, eso te marca la realidad de lo que sucede en las cárceles".

Al referirse a la situación legal, recordó que "presentamos un habeas corpus, y el resolvió en abstracto, no responde ni en tiempo ni en forma, mientras la vida de Romina sigue estando en peligro", relató sobre el juez de ejecución de la Sala II, Antonio Llermanos, encargado del caso Tejerina.

Strassera contra la pena de muerte

El fiscal del juicio a los comandantes de la última dictadura, Julio César Strassera, se pronunció hoy "absolutamente en contra de la pena de muerte" en medio del machacar mediático sobre la inseguridad.

"Se opina desde lo emotivo pero sin sustento jurídico y sin datos de la realidad", reflexionó Strassera, entrevistado en la provincia de Salta por el ex juez provincial Roberto Elio Gareca para un medio local.

"Estoy, como se puede suponer, absolutamente en contra de la pena de muerte. Estadísticamente está demostrado que los países en donde está vigente aumentó el índice de los delitos cuya comisión la pena de muerte pretende prevenir y disuadir", añadió el fiscal del Juicio a las Juntas, que visitó Salta en el marco de los actos por el aniversario número 33 del golpe militar.

La mudanza judicial de Kirchner

Desde que se anunció el adelantamiento de las elecciones legislativas al 28 de junio próximo todos coincidieron en que la jugada beneficiaba a Néstor Kirchner por encontrar a la oposición aún fragmentada y poco preparada para definir las candidaturas. Lo cierto es que, además, el adelantamiento servirá de salvoconducto legal para que el ex Presidente pueda ser candidato en la provincia de Buenos Aires.

En las últimas semanas, el juez Manuel Humberto Blanco recibió 1,7 millones de cambios de domicilio que deben ser incorporados a la lista de ciudadanos habilitados para votar en territorio bonaerense. Entre ellos figura el de Néstor Kirchner, según informó el diario Ámbito Financiero. La estrategia es sencilla: Kirchner vive desde su asunción en 2003 en la residencia presidencial de Olivos. Y aunque esto podría ser objetado (nadie desconoce que el ex Presidente es el santacruceño más famoso), dificilmente encuentre verdaderos opositores dispuestos a hacerlo.
Para empezar, Felipe Solá, uno de los rivales K en la próxima elección, era porteño cuando se lo eligió vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

La Corte lanza un plan de informatización judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Luis María Bunge Campos, presentarán mañana a las 12, en el Patio de Honor del cuarto piso del Palacio de Justicia, la convocatoria a licitación pública para la renovación informática del Poder Judicial de la Nación.

Zaffaroni: "Ahora se elige un monarca cada cuatro años"

El ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, estuvo este viernes en Tucumán y en un
reportaje publicado por el diario local La Gaceta se refirió al presidencialismo y a la inseguridad con fines políticos. Será Justicia Digital reproduce extractos de esa entrevista:

"Los tres poderes están funcionando e, incluso, me admira cómo lo hacen dentro de todo (sic) y dentro de un modelo, como el presidencialista, que es defectuoso y cuyas dificultades naturales se están traduciendo en graves dificultades políticas", advirtió.

-¿Lo de las dificultades lo dice por las protestas sociales?

-No, eso no tiene que alarmar, porque es un fenómeno normal en una democracia. En una dictadura no hay protestas, pero sí debe haberlas en una democracia.

-¿Por qué lo dice, entonces?

-A lo largo de nuestra historia ha habido muchos enfrentamientos. El presidencialista es un modelo por el cual, por un voto, alguien se lleva todo y el otro se queda sin nada. Es un juego de cara o cruz y esto tiende a convertir al opositor en enemigo. El que pierde (una elección) está bien, es un derrotado, pero de ninguna manera tiene que ser un cadáver.

-¿En eso se advierte el carácter plebiscitario que subyace en todo presidencialismo?

-Sí, en que hay un poder que tiene mucha fuerza y si, por alguna circunstancia, no funciona y se lo quiere cambiar -a nosotros nos ha pasado- se produce una crisis. Pasó mucho en América Latina. Ahora, salvo los casos de (Alberto) Fujimori en Perú o de Haití, llevamos 25 o 26 años casi sin golpes de Estado, ¡pero tenemos veintitantas (sic) presidencias interrumpidas en la región! Cambiar un gobierno presidencialista implica una crisis sistémica; cambiar un gobierno parlamentario, una crisis política normal.

-¿Le preocupa esto del país?

-No es que me preocupe, lo vamos a tener que cambiar por medio de una reforma constitucional, porque es irracional en toda América Latina, no sólo en la Argentina. La prueba la constituyen las veintitantas presidencias interrumpidas, muchas con violencia y muertos, incluidas las nuestras, lo que señala que no vamos por el camino correcto. Lo curioso es que, en todos esos casos, se salió con soluciones parlamentarias; incluidos, nosotros. Si el parlamentarismo sirve para la crisis, también para la normalidad. Zaffaroni, que en un tramo de la entrevista ha aclarado que no cree que se pueda judicializar la decisión "eminentemente política" (adoptada ayer por el Congreso) de adelantar los comicios legislativos nacional al 28 de junio, dejó una conclusión que demuestra que se puede ser juez y hablar llanamente: "el presidencialismo está agotado, incluso en EE.UU., el país que se ha mostrado como modelo, si no hay que fijarse lo que le ha pasado al compañero (George W.) Bush".

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Argibay: "No he visto a estas personas marchar por el hambre"
¿Quién es Eugenio Zaffaroni? Encuentre más datos en la sección Funcionarios de Será Justicia Digital.

Otro diagnóstico, la misma respuesta

"Sin trabajo, con gente mal paga, no hay plan de seguridad que alcance" , dijo hoy la Presidenta Cristina Kirchner. Y afirmó que "es imprescindible saber que un modelo de seguridad ciudadana, implica necesariamente un modelo de desarrollo económico y de distribución del ingreso". Remarcó además que "es importante contribuir cada uno a no crear sensaciones, sino fundamentalmente a buscar soluciones". Fue al presentar el plan para colaborar con provincias y municipios en la prevención y lucha contra el delito. Lo insólito es que después llegaron los anuncios. ¿Y qué pasó?

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció la incorporación de 500 móviles policiales, 5.000 dispositivos de video y GPS, la compra de 21.500 celulares. Además, adelantó que se sumarán las redes civiles de prevención del delito y ratificó que se "pondrá en práctica una tarea conjunta con Gendarmería". Todo eso demandará una inversión de 400 millones de pesos. Conclusión: cambió el diagnóstico, pero no la respuesta oficial. A más inseguridad, más policía.

San Isidro: la pelea entre el intendente y el Poder Judicial

Los temores y los hechos sangrientos de violencia y delito están generando en el distrito de San Isidro una inusual batalla entre el poder político y el judicial. Acusaciones cruzadas, pedidos de destitución y repartija de culpas, forman parte de un caso testigo que está siendo observado por otros municipios del conurbano.

La puja se inició en silencio tras el asesinato, en julio del año pasado, de un ingeniero de la zona de Beccar, en el partido de San Isidro, cuya familia consiguió el respaldo personal del intendente Gustavo Posse para pedir la destitución de dos jueces, a los que responsabilizan por ese crimen. Como respuesta, una igualmente dura réplica de la familia judicial, que entre otras medidas ha llenado los edificios de Tribunales con pegatinas en contra del intendente.

El último choque tomó forma el martes de la semana pasada, cuando jueces y camaristas de San Isidro enviaron al Presidente de la Suprema Corte bonaerense, Juan Carlos Hitters, una nota manifestando "preocupación" por la actitud de Posse y responsabilizando a la dirigencia política de los problemas de inseguridad: "Las soluciones son exclusivo resorte del Poder Ejecutivo", dijeron.

De inmediato, la Asociación Madres del Dolor, que agrupa a víctimas de la inseguridad, salió a cruzar a los jueces: "Nos asombra ver el fuerte espíritu corporativo de estos jueces y la falta de empatía con el sentir de la sociedad", dijo la Asociación.De fondo, claro, no sólo una simple puja de poder, sino también el lugar que ocupa cada actor del poder frente a un problema que angustia al conurbano bonaerense.

En San Isidro, particularmente, los casos de violencia han sensibilizado a la población, al punto de que en los últimos meses ha sido el territorio elegido para marchas y distintas formas de protesta por la inseguridad. Todo empezó el 17 de julio de 2008, cuando dos hombres ingresaron a la casa de la familia Regis con intensión de robar y acabaron asesinando al padre de familia, Carlos Regis. A su hija mayor también la balearon, en la cara, y aún hoy pelea por recuperarse. Una investigación del caso llevó a la familia Regis a comprobar que los dos acusados por el crimen, finalmente detenidos, ya habían pasado por la prisión tiempo atrás. Se supo que habían sido detenidos en agosto de 2007 portando armas con mira telescópica y balas de punta hueca y que habían sido liberados por dos jueces de San Isidro, Rafael Sal Lari y Esteban Rossignoli. "Un típico caso de puerta giratoria", dijo la familia Regis.

Lo que se presentaba como un caso más de impotencia ciudadano, cobró de pronto un formidable tinte político. Posse, el intendente, decidió convertirse en el abogado de la familia Regis y pedir él la destitución de los dos jueces. "Yo me tengo que hacer cargo de mi gestión, que los jueces también se hagan cargo de sus decisiones. Si no hubieran liberado a estos dos delincuentes, a Regis a no lo hubieran matado", dice Posse. Su pedido de destitución ingresó al Jurado de enjuiciamiento hace tres semanas. Pero no sólo eso. El intendente llevó el caso a la Comisión Bicameral del congreso bonaerense que, de acuerdo a una ley creada en 2008, puede desde el poder político agrupar pruebas para el juri.

Esa instancia, a la vista de los jueces, no hace más que demostrar que el caso Regis se convirtió en una embestida de la política sobre su jurisdicción. Fue la Asociación de Abogados y Magistrados de San Isidro donde se largó la primera réplica, el 12 de marzo pasado, manifestando "el enérgico rechazo" a la denuncia de Posse: "Se pretende enjuiciar a un magistrado por el mero contenido argumental de sus sentencias", dice una nota enviada al ministro de gobierno de la provincia, Ricardo Casal.

¿En qué terminará la pelea? Por lo pronto, varios intendentes se han comunicado con Posse para apoyarlo y pedirle consejos. Y al mismo tiempo, otros colegios de abogados y asociaciones de Magistrados siguen el caso con atención, entre otros, la Asociación de Magistrados de la Nación. San Isidro, sensibilizado como pocos distritos por la inseguridad, se suma ahora el ser un caso testigo de poderes en pugna.

La Corte frenó por 90 días los desmontes en Salta

El máximo Tribunal de Justicia extendió por 90 días la suspensión de la tala de bosques en cuatro departamentos de la provincia de Salta y ordenó al gobierno provincial que realice un estudio de "impacto ambiental acumulado" antes de continuar con la tala.

De esta manera, la Corte extiende la medida cautelar que en diciembre pasado suspendió la tala de un millón de hectáreas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, también a todos los permisos posteriores a esa fecha.

"La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la audiencia pública del día 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", indicaron los jueces.

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Desaparecidos: el Cuerpo Médico Forense hará por primera vez pruebas de ADN

El juez federal Norberto Oyarbide dispuso que el Cuerpo Médico Forense intervenga por primera vez en forma oficial en un examen de ADN, junto con el Banco de Datos Genéticos (BNDG), en el marco de una causa en la que se busca a un presunto hijo de desaparecidos.
La medida, que virtualmente termina con la exclusividad del BNDG para la certificación de identidad y recuperación de nietos por parte de Abuelas de Plaza de Mayo, fue dispuesta a instancias de la Cámara Federal en una causa que inició Jorgelina Azzarri de Pereyra.
La Cámara habilitó por primera vez que el ADN se practique en forma conjunta, y deslizó que estaban fundados los temores de parcialidad sobre el BNDG, según se desprende del último párrafo de los considerandos de su resolución.

Azarri de Pereyra, titular de Abuelas La Plata, suponía que un joven identificado como Ignacio Mancuso era, en realidad su nieto, quien habría nacido en cautiverio durante el régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983.

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Vea ADN: Derecho a la verdad vs Derecho a la Intimidad, programa de archivo del 11 de agosto de 2008.

Marcha de abogados en San Luis para pedir mayor presupuesto

Este viernes a las 10 de la mañana, el Colegio de Abogados de San Luis, convocó a sus integrantes a marchar mañana contra el "mal funcionamiento de la Justicia provincial" en el centro de la capital puntana.

Raúl Cangiano, integrante de la comisión directiva, señaló que se dejará un petitorio en Casa de Gobierno y otro en los Tribunales locales donde darán cuenta de "la falta de jueces, el escaso presupuesto del Poder Judicial y los problemas en el sistema informático que se hizo con la Universidad de La Punta".

Como en Buenos Aires, los problemas de presupuesto en la justicia de San Luis son recurrentes: los abogados cuestionan también el monto asignado para la administración de Justicia en 2009 "que es un poco superior al de 2008", pero ese incremento está "por debajo de los índices inflacionarios de 2008".

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Sitio del Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis

Un "loco" denunció a Kirchner pero no tuvo suerte

Un militante peronista llamado Daniel Ignacio Sarwer había presentado una denuncia contra Néstor Kirchner en el juzgado en lo Penal Económico número tres, a cargo de Rafael Caputo. Pero la presentación, que vinculaba al ex presidente con una presunta infracción al Código Aduanero, no prosperó: Sarwer, según la justicia, es "un demente".

El 10 de marzo pasado, los jueces Edmundo Hendler, Nicanor Repetto y Carlos Bonzón determinaron que "las personas dementes tienen incapacidad absoluta y los actos otorgados por ellas son nulos".

Al mismo tiempo, trascendió que el militante peronista fue denunciado por el Colegio Público de Abogados de la Capital por presunta "asociación ilícita y estafa", junto con otros dos letrados.

No es todo: Sarwer ya había sido declarado "insano" en otros expedientes, y entre sus denuncias figura una realizada ante la Justicia Federal donde denunciaba que Osama Bin Laden le había enviado un correo electrónico en el que decía que lo conocía, le pronosticaba que iba a ser presidente de la Nación y le anunciaba una serie de ataques en la Argentina.

Tiempo de descuento para Grassi

El juicio oral pero no público contra el sacerdote Julio Cesar Grassi ingresó en la etapa final. El Tribunal Oral N°1 de Morón, que lo juzga, desde agosto, por abuso deshonesto y corrupción de menores, suspendió por dos semanas las audiencias contra el cura. Lo hizo a pedido de la Fiscalía General de Morón, que reclamó un plazo de diez días para analizar la "prueba documental" y, así, presentar los alegatos de la querella en el tribunal la próxima semana.

El juicio se reanudará el 31 de marzo y la sentencia podría conocerse a mediados del mes de abril. En un principio, el tribunal, integrado por los jueces Luis María Andueza, Mario Daniel Gómez y Jorge Eduardo Carrera, había especulado con clausurar el debate judicial durante la primera semana de marzo. No lo lograron. Los plazos se estiraron y ahora, luego del cuarto intermedio de dos semanas dispuesto por el tribunal, habrá audiencias el feriado nacional del 2 de abril y el jueves 9 de Semana Santa cuando comenzarán los alegatos de la defensa de Grassi.

El sacerdote, ex presidente de la Fundación Felices los Niños, está imputado por los delitos de "abuso deshonesto, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas", en perjuicio de tres chicos "Gabriel" (tres hechos de abuso), "Ezequiel" (tres hechos) y Luis Gutiérrez (once hechos). Los abogados Daniel Cavo y Ricardo Malvecini, que defienden desde agosto a Grassi , habían presentado más de doscientos testigos a favor del sacerdote. La lista, que había sido previamente discutida con el cura, contenía apellidos de la política, de la Iglesia, del espectáculo y del mundo de los negocios. Figuraban el embajador argentino ante el Vaticano, Juan Pablo Cafiero; el cantante Piero; el empresario menemista Santiago Soldatti; el mediático abogado Miguel Angel Pierri y hasta el piquetero Luis D`Elía. Sin embargo, en la última audiencia Grassi rechazó sin explicación la citación de medio centenar de testigos. La decisión aceleró los tiempos y el juicio oral podría finalizar antes de los previsto.

El dengue y mucho más

La Corte Suprema instó ayer a acordar políticas para asistir a aborígenes de Chaco. En el marco de una audiencia encabezada por el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, el gobierno del Chaco y el Estado Nacional se comprometieron a elaborar, en un plazo máximo 60 días, un plan para superar la situación de emergencia de aborígenes de esa provincia, afectados ahora por una epidemia de Dengue.

La audiencie de ayer contó con la participación del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; el titular del IDACH, Orlando Charole; la subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Irma Liliana Paredes de Periotti; el Subsecretario de Prevención y Control de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, Humberto Jure; y otros funcionarios nacionales y de la administración provincial.

Lorenzetti propuso a las partes que “trabajen en un acuerdo marco que involucre las políticas públicas de la Provincia y la Nación, pero con la participación y la opinión del Defensor del Pueblo y el IDACH” y les encomendó que esos lineamientos “sirvan para evaluar el grado de cumplimiento y definir con metodologías claras los niveles de avance”.

Ahora falta esperar. ¿60 días?

Deudas del Riachuelo

El Secretario General de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Hugo Quintana volvió a cuestionar la falta de limpieza del Riachuelo y reveló que intimaron a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que se haga cargo de la salud sicofísica de los afectados por la contaminación, tal como vienen reclamando los vecinos en la Corte Suprema de Justicia.

"Este problema se ha pasado de todos los límites, estamos hartos", subrayó Quintana y agregó que el organismo que debe realizar los trabajos subejecuta presupuestos y no se sabe bien porque".

El titular de APOC reveló que ACUMAR (Administración de la Cuenca Matanza-Riachuelo), cuyo titular es el Secretario de Medio Ambiente Homero Bibiloni, subejecutó el 65 por ciento de su presupuesto 2008 y pese a tener un 70 por ciento más este año tampoco asigna ni gasta las partidas para realizar las obras de limpieza.

En el marco del día mundial del Agua el dirigente sindical recordó que se subejecutan presupuestos desde la mitad de la década del 90 “con lo cual la tardanza en el saneamiento del Riachuelo se dilata aún más”.

“El Riachuelo es el símbolo de lo que pasa en la Argentina: nos toman el pelo anunciando cosas que nunca se cumplen”, agregó Quintana. A pesar delas críticas y las intimaciones de la Corte, nada cambia.

Nueva movilización para recordar a Kosteki y Santillán

A partir de las 11 de la mañana, organizaciones sociales se convocarán sobre la Av. Pavón, enfrente a la Estación Darío y Maxi, en Avellaneda.

"Como cada 26 desde junio de 2002, nos convocamos para seguir reclamando Juicio y Castigo a los responsables políticos del operativo conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales, decidido al más alto nivel, donde perdieron la vida los compañeros", informa el comunicado del Frente Popular Darío Santillán.

En la causa por los asesinatos de los piqueteros, ya fueron condenados los policías y, según la agrupación, "el avance en la investigación de las responsabilidades políticas a cargo del juzgado federal Nº4 cuyo titular es Ariel Lijo es nula".

Al diablo con el cura: Casación decidirá qué hacer con la reclusión de Von Wernich

La Cámara Nacional de Casación Penal resolverá el viernes próximo si confirma, modifica o anula la condena a reclusión perpetua que en 2007 recayó sobre el ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, por siete homicidios y 42 secuestros, entre otros delitos.

La Sala I del máximo tribunal penal del país dictará el veredicto, luego de sopesar los argumentos que esta mañana escuchó en una audiencia a la que concurrieron los abogados de los querellantes, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

El sacerdote católico, de 71 años, cumple condena en el pabellón destinado a militares y policías en la cárcel que el Servicio Penitenciario Federal posee en el partido bonaerense de Marcos Paz, junto al ex jefe de Investigaciones y ex comisario Miguel Etchecolatz, su ex superior en la Fuerza.

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Ingrese a la sección Fallos de Será Justicia Digital para descargar la decisión del Máximo Tribunal que confirmó la condena contra Etchecolatz.

Los cortes de ruta, otra vez a Tribunales

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, anunció que hoy planteará una demanda judicial por los cortes que productores agropecuarios realizan en la ruta 14. El gobernador kirchnerista mantiene una pésima relación con los hombres de campo y en junio de 2008 había sido víctima de un escrache masivo frente a su casa. ¿Logrará frenar la protesta o sólo ganará otro escrache?

Dos semanas atrás, la justitica del Chaco impidió un corte en la ruta 95, a la altura de Gato Colorado. Pero en la ruta 14 està nada menos que Alfredo De Angeli.

Todos contra Gigante

La madre de una joven con discapacidad mental que denunció que fue violada por un hombre que fue absuelto porque el informe médico del abuso no tenía firma ni sello del profesional, presentará hoy el pedido de juicio político y destitución de la fiscal que estuvo a cargo de la causa, María del Carmen Gigante. En el escrito, la madre de la chica de 22 años considera a Gigante como "la piedra angular del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 7".

El escrito será entregado esta mañana ante en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, por María Giménez, madre de la víctima, y su abogado, José Vera. Paralelamente, otro pedido de jury será presentado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández. La avanzada contra la fiscal la había iniciado el propio jefe de gabinete de la Nación, Angel Mazza.

Mondino pidió informes sobre la compra de Telecom Italia

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, inició una investigación sobre la compra de acciones de Telecom Italia por parte del grupo Teléfono de España.

En este marco, se tomó conocimiento de la Resolución CNDC N° 123/08 y Mondino fue notificado de la Resolución CNDC N° 4/09. Estas normativas previeron en su parte resolutiva que Telecom Italia, respecto de las opciones de compra, deberá abstenerse de ejercer cualquiera de dichas opciones, hasta tanto se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los términos de la Ley N° 25.156.

El ombudsman ordenó a los vendedores y compradores involucrados en la operatoria a que procedan a dar cumplimiento con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley N° 25.156, bajo apercibimiento de ley; hasta tanto se expida la Comisión, los compradores deberán abstenerse de ejercer sus derechos políticos como accionistas directos u indirectos de los vendedores y sus controladas.

Lea el pedido de informes en Será Justicia Digital

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Cuando las leyes están al servicio de la política

¿El gobierno manosea las leyes electorales? ¿Esto ocurre en otros paises? ¿Cuáles son los limites y consecuencias de modificar la ley de acuerdo a un interés partidario? ¿Cuáles son los pasos legales de aqui a las elecciones?

Hablan la abogada constitucionalista experta en procesos electorales Marcela Basterra, los apoderados del oficialismo y la oposición , Jorge Landau (PJ) y Julián Obiglio (PRO) y el analista político Enrique Zuleta Puceiro.

Argibay: "No he visto a estas personas marchar por el hambre"

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, volvió a polemizar sobre la inseguridad. En diálogo con Primera Mañana, el programa de Ernesto Tenembaum en radio Mitre, se referió a las marchas de la semana pasada: "No he visto a estas personas marchar por el hambre y por la pobreza".

Y añadió: "Primero tenemos que empezar a ver la cantidad de muertes evitables por falta de atención médica, de programas de salud, por falta de atención a la niñez", entre otras cosas, enumeró, y dijo que recién entonces "podemos empezar a hablar de lo que estamos haciendo para remediar la inseguridad".

Al mismo tiempo, dedicó un espacio para el tratamiento que los medios están haciendo de los temas vinculados a la seguridad y advirtió que están "inflando" el problema y lo "están exagerando periodísticamente".



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¿Quién es Carmen Argibay? Conozca más datos sobre la ministra de la Corte en Funcionarios, la base de datos de Será Justicia Digital.

Moreno no declaró 400 mil pesos de su patrimonio

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Por Rodrigo Alegre y Natalia Aguiar, para Perfil

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, parece tener un abono especial para generar situaciones polémicas. Después de que el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid resolvió inesperadamente sobreseerlo en una causa por enriquecimiento ilícito, PERFIL reveló el 8 de marzo que había ocultado 400 mil pesos en su última declaración patrimonial. Esta situación hubiese implicado que el juez lo tuviera que investigar nuevamente.

Sin embargo, quien salió en defensa del ministro y le evitó una nueva citación fue el HSBC Bank Argentina SA, que admitió en un escrito haber cometido "un error" al depositar 400 mil pesos en la cuenta bancaria del polémico funcionario. El documento de la justificación fue enviado a Aráoz de Lamadrid curiosamente después de que éste resolviera cerrar la causa. El 24 de febrero el magistrado sobreseyó a Moreno bajo el argumento de que "no había un enriquecimiento ilícito acreditado". Ahora, con fecha 27 de febrero –tres días después del sobreseimiento–, la sucursal del HBSC elevó a la Justicia un paper en el que explica que el dinero transferido a la cuenta de Moreno "puede deberse a varias situaciones, entre ellas, la más común, es cometer un error en el cargado del número de cuenta".

Lo que aún sigue siendo una incógnita para algunos miembros de la Justicia es por qué Aráoz de Lamadrid clausuró la investigación cuatro días antes de recibir el escrito.

Según explicaron en la Justicia, la sorpresiva aparición de 400 mil pesos en la cuenta bancaria de Moreno se debió a un error en una operación financiera celebrada por su pareja, la escribana Marta Cascales.

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Actividades a 33 años del golpe de Estado

A 33 años del Golpe Genocida sumate a las actividades:

Martes 24 de Marzo - 20 Hs. San íy Nicasio Oroño (en la calle): Proyección de cortos sobre el 24 de marzo de 1976.Organiza: Comisión por La Memoria y La Justicia de La Paternal y Villa Mitre.

Viernes 27 de Marzo - 10 hs. Tribunales de Comodoro Py 2002, Retiro. TOF 6: Subsuelo.

(Recordamos que para ingresar al juicio es necesario acreditarse con DNI un rato antes de las 10 hs. en la Secretaría del Tribunal Oral Federal Nro. 6 en el 6to piso a la derecha).

Juicio al represor Víctor Enrique Rei, ex Comandate de Gendarmería Nacional, por la apropación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, desaparecidos durante la última dictadura militar. En esta jornada del juicio la Fiscalía y la Querella presentaran sus alegatos. Acompañemos a los familiares, organismos, querellantes exigiendo Cárcel Común, Perpetua y Efectiva a todos los genocidas.
Más Info. Abuelas de Plaza de Mayo.

Sábado 28 de Marzo - 16:30 hs.Pío XII 3100. Paso del Rey.En honor a la memoria y lucha de los 30000 compañeros detenidos-desaparecidos: "Aquí nadie muere compañero, nadie deja de luchar". Lanzamiento del Programa de "Reinserción Escolar" para chicos en situación de calle.Organiza: Espacio de Reconstrucción Popular "Alejandro Almeida"

Lunes 23 de marzo - 21:00 HORAS "Despertemos a la justicia: Juicio y Castigo Ya"

Tribunales: Talcahuano y Lavalle. Gratis.
León Gieco
Nonpalidecen
Árbol
La Chilinga y más artistas

Desde las 19 hs. Transmisión en vivo por FM La Tribu 88.7

Astiz al banquillo: el juicio ya tiene fecha y hora

El Tribunal Oral Federal Cinco (TOF 5) determinó que el 6 octubre a las 10 de la mañana comience el juicio al represor Alfredo Astiz y otros ex oficiales de la marina por violaciones a los derechos humanos en la ESMA, entre los que se cuentan, el de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y la desaparición del periodista Rodolfo Walsh.

Como detalló Será Justicia Digital más temprano, esta mañana la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó excarcelar a uno de los imputados por el secuestro y desaparición de Walsh.

En el interior, los jueces quieren seguir penando la tenencia de drogas

En dos pronunciamientos recientes, las cámaras federales de Comodoro Rivadavia y de Resistencia rechazaron declarar la inconstitucionalidad de la norma que castiga la tenencia de estupefacientes para consumo personal y confirmaron los procesamientos de imputados en base a esa figura penal.

Los fallos se suman a una serie de resoluciones en las que otras cámaras federales del interior del país (como Mendoza, Rosario, La Plata y Tucumán) ratificaron la vigencia del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 y con ello, que la tenencia de drogas para uso particular es delito.

Link vinculado:

En la sección Fallos de Será Justicia Digital, descargue las decisiones de todas las cámaras federales.

A juicio oral una ex jueza colaboradora de Massera

Se trata de Emilia Marta García, cuya imputación se enmarca en la "megacausa" en la que se investigan delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA. Se la investiga por presunta participación en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos.

El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a la ex magistrada en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García en el marco de la "megacausa" en la que se investigan delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), confirmaron esta mañana fuentes allegadas a la causa.

En una resolución de 62 carillas, a la que Télam tuvo acceso, el magistrado elevó al Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) la causa por la participación de García en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos en la ESMA, entre ellos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.La ex jueza fue procesada el 24 de octubre de 2007 como "partícipe secundaria del delito de extorsión y por el de asociación ilícita en calidad de integrante" en una resolución que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal el 5 de marzo de 2008.

Nuevas autoridades en la Asociación de Derechos Civiles

Desde el próximo 15 de marzo de 2009, Alvaro Herrero, será el nuevo Director Ejecutivo de la organización, ocupando el lugar que dejó Roberto Saba luego de nueve años en el cargo.

"El Dr. Herrero comenzó a trabajar con la ADC en el año 2004, y desde 2007 se desempeñaba como Director del área Justicia y Cárceles. Ha trabajado en diversos países de América Latina con instituciones tales como el Diálogo Interamericano, el PNUD y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de justicia, estado de derecho y transparencia. Es abogado (UNLP) y Doctor en Ciencia Política (Universidad de Oxford)", explica la información de prensa que divulgó la Asociación.

"La ADC nació en el año 1995 con el objetivo de difundir el respeto por los derechos fundamentales y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas", añade.

Otro revés para el gobierno porteño: Gallardo ordenó que pague a los docentes por días de huelga de 2008

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aries, Roberto Gallardo, ordenó al gobierno local que pague a los docentes porteños dos días de huelga de 2008 que fueron descontados de sus haberes.

Gallardo consideró que mantener los descuentos "implicaría lesionar a la parte más débil de la relación laboral y a su vez desconocer los principios protectorios de los trabajadores".

Agregó que la omisión del llamado a la mesa de negociación previsto en el estatuto y "el haber concedido luego del conflicto parte de los requerimientos de los trabajadores, hablan de una conducta estatalmente reprochable" del GCBA.

Links vinculados:
Para Gallardo, "están vaciando su juzgado"
¿Quién es el juez Roberto Gallardo? Vea la entrevista de Lorena Maciel en "Los jueces que molestan al poder", programa de archivo del 7 de noviembre de 2008.

Una más y van...

El titular de la Secretaría de Medios de la Nación, Pepe Albistur, sumó una nueva investigación en su contra. Ahora el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid le imputó el delito de enriquecimiento ilícito.

Se pidieron informes para tratar de determinar el patrimonio de la familia de Albistur. El juez intentará determinar cuánto crecieron sus bienes.

Información relacionada:
¿Quién es el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid? Encuentre más datos en la sección Funcionarios, de Será Justicia Digital
Abrieron la causa contra Albistur por el manejo de publicidad oficial - Clarín, 25 de abril de 2008
Nueva denuncia contra Enrique Albistur: esta vez, por el presunto "financiamiento" K a Radio Del Plata - Perfil, 11 de febrero de 2009

Explosión de Río Tercero: la hora de pagar

La Cámara Federal de Córdoba determinó la responsabilidad civil del Estado nacional por daños ocasionados con motivo de las explosiones ocurridas en noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de aquella ciudad. Por primera vez, ordenó indemnizar a una víctima. A través del voto unánime de los señores Jueces, doctores Abel Guillermo Sánchez Torres, Luis Roberto Rueda e Ignacio María Vélez Funes -de la Sala B de la Cámara-, se determinó la responsabilidad civil extracontractual del Estado Nacional por los daños ocasionados con motivo de las explosiones acaecidas en noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero. La demandante, una vecina de la Fábrica, reclamaba indemnización por los daños ocasionados en su casa y por la desvalorización de su propiedad. La Cámara entendió que no estaban acreditados los daños, pero sí la devaluación y ordenó que se le paguen $ 5.520,97 más intereses.

Links vinculados:

En la sección Fallos de Será Justicia Digital, descargue la decisión de la Cámara Federal de Córdoba.

Más información sobre el caso.

La Corte Suprema en tiempos de cambio

El jueves 26 y el viernes 27 de marzo de 2009, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires presentará una actividad organizada por la Carrera de Especialización en Administración de Justicia del Departamento de Posgrado UBA.

14 – 15hs: Acreditación.
15hs: Palabras de bienvenida por Atilio Aníbal Alterini (Decano de la Facultad de Derecho, UBA) y Julián Ercolini (Director de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia, Departamento de Posgrado, UBA).
15:30 – 16:30hs: Alberto F. Garay (Docente de la UBA, profesor titular de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia) "La Corte, el recurso extraordinario y las propuestas de cambio. ¿Hacia dónde se quiere ir?".
16:30 – 17:30hs: Víctor Trionfetti (Secretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) "La Corte y la legitimación. Las nuevas voces".
17:30 – 17:50hs: Coffe Break
17:50 – 19hs: Julio Quiñones (Subsecretario de la C.S.J.N. e integrante de la Comisión Nacional de Gestión Judicial) y Eduardo Parody (Subsecretario de la C.S.J.N. e integrante de la Comisión Nacional de Gestión Judicial) "Los principios de la Gestión aplicados a la Oficina Judicial".
19 – 20:00hs: Exposición a cargo de Ricardo Luis Lorenzetti (Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Viernes 27 de marzo de 2009 – Aula Magna

15 – 15:40hs: Alejandro Slokar (Docente de la UBA, profesor de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia) "La nueva matriz penal de la Corte Suprema".
15:40 – 16:20hs: Pablo Vega (Secretario Letrado de la C.S.J.N.) "Ultimos cambios en los fallos penales de la C.S.J.N".
16:20hs: Coffe Break
16:30 – 17:20hs: María Angélica Gelli (Docente de la UBA, profesora titular de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia) “Perfiles actuales del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema”.
17:20 – 18:10hs: Rolando Edmundo Gialdino (Secretario de la C.S.J.N.) “Derechos constitucionales, económicos y sociales”.
18:10hs: Coffe Break
18:20hs: Damián Font (Secretario Letrado de la C.S.J.N.) “Acceso a justicia”.
19hs: Exposición de cierre a cargo de Elena Highton de Nolasco (Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

Más información en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

El Consejo apunta a la Cámara de Casación

El Consejo de la Magistratura citó a los querellantes de la causa ESMA para que hoy a las 13 horas, concurran a informar sobre la denuncia presentada en contra de dos jueces subrogantes de la Cámara de Casación Penal. Se trata de los magistrados Guillermo Jorge Yacobucci y Luis María García, que dispusieron la excarcelación de los represores de la ESMA Miguel Clements y Daniel Cuomo.

El grupo de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, que representan a numerosos querellantes en las causas de Primer Cuerpo, ESMA y Campo de Mayo y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención "Atlético" y el que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Delia Barrera y Graciela Daleo, respectivamente, suscriben la denuncia presentada en contra de García y Yacobucci ante el Consejo de la Magistratura; la denuncia penal presentada ante la Cámara Federal contra los mismos jueces; y el pedido de recusación contra el juez Yacobucci, ante la Cámara de Casación Penal.

Será Justicia Digital presenta la nueva Ley de Radiodifusión del kirchnerismo

El anteproyecto de nueva Ley de Radiodifusión del Gobierno, rebautizado como "Servicios de Comunicación Audiovisual" tiene 148 artículos. Fue presentado formalmente ayer, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata.

Será Justicia Digital presenta el texto completo con la propuesta oficial listo para descargar en PDF.

De críticas e independencias en la Justicia

Durante la presentación del libro "Independencia de la Justicia - Estándares Internacionales", del titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, la ministra de la Corte, Carmen Argibay comentó que "sin independencia no hay ninguna posibilidad de que el juez sea lo que realmente debe ser" y reconoció que ese trabajo "cuesta críticas, a veces muy duras".

Al mismo tiempo, remarcó que "regular el equilibrio que debe existir entre la soberanía del pueblo y la soberanía de los valores constitucionales, que es lo que constituye la democracia".

Por su parte, Despouy aclaró que "existe un principio universalmente aceptado acerca de la necesaria existencia de un tribunal imparcial e independiente encargado de llevar adelante y respetar las reglas del debido proceso".

La presentación del libro - tal como adelantó Será Justicia Digital - se desarrolló ayer en la Sala de Audiencias del Supremo Tribunal de Justicia.

Otro faltazo de Anzorreguy en Comodoro Py

El ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, debía presentarse hoy frente al juez federal Ariel Lijo pero, a última hora, adujo "problemas de salud" y postergó, por segunda vez, su presentación ante el juez en una causa por supuestas irregularidades en la investigación por la voladura de la AMIA, en 1994.

Anzorreguy junto al ex presidente Carlos Menem y el ex juez federal Juan José Galeano, entre otros, son investigados en este expediente por supuestamente haber entorpecido la investigación del atentado que causó 85 muertes.

Información relacionada:

El cuento de la buena pipa

La hora de Menem

¿Quién es el juez federal Ariel Lijo? Encuentre más datos en la sección Funcionarios, de Será Justicia Digital

Nueva ofensiva contra Casación

Los jueces subrogantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, que otorgaron la excarcelación a represores procesados por delitos de "lesa humanidad", fueron denunciados penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, donde se solicitó que se los remueva de sus cargos.

La ofensiva judicial contra los magistrados Luis García y Guillermo Yacobucci la efectuó el grupo de abogados encabezados por María Mónica González Vivero y Rodolfo Yanzón, letrado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos; y las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención "Atlético" y el que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), Delia Barrera y Graciela Daleo, respectivamente. Los jueces cuestionados son los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación que, por mayoría, en diciembre concedieron la excarcelación (suspendida por un recurso fiscal) de los represores Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta y la semana anterior excarcelaron a Daniel Néstor Cuomo y Miguel Angel Clements.

Una ONG pugna por la aplicación de "juicios por jurado"

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), reclamó la instauración del juicio por jurados en todo el país "como mecanismo de participación ciudadana".

La entidad, que formalizará el anuncio mediante una conferencia de prensa que realizará mañana a las 14:30 en su sede de Talcahuano 256, primer piso, impulsa que los juicios públicos se efectúen bajo la dirección de un juez profesional y 12 jurados.

"El juicio por jurados es un mecanismo por el cual se ejerce el poder judicial a través de la participación activa de los ciudadanos que, presentes durante todo el juicio, deliberan y deciden sobre la resolución de un caso concreto. En materia penal la función del jurado es verificar si existió un hecho delictivo y en su caso, la eventual participación de la persona acusada", justificaron en un documento al que tuvo acceso Será Justicia Digital y que puede leerse completo haciendo click aquí.

Los derechos humanos de los delincuentes

Por Roberto Gargarella, especial para Página/12

Cíclicamente reaparecen los miedos generados por la inseguridad y, con ellos, el discurso público vuelve a inundarse de bravatas altisonantes que, por su repercusión, conviene tomarse en serio. Quisiera concentrarme aquí en algunas de las expresiones que circulan en estos días, vinculadas con la relación aparentemente excluyente o de suma cero que existiría entre la protección de las víctimas y la defensa de los derechos de los delincuentes. La idea aparece en expresiones como la que dice que "en este país mueren inocentes mientras se protegen los derechos humanos de los delincuentes" o "estoy cansado de los derechos humanos de los delincuentes". ¿Qué se quiere decir con tales expresiones?

Una primera posibilidad sería que tales afirmaciones involucran un juicio descriptivo como el siguiente: "en los hechos, hoy, en la Argentina, se están favoreciendo los derechos humanos de los delincuentes, mientras se descuidan los derechos de las pobres víctimas". Apenas reflexionamos unos instantes sobre esta idea, sin embargo, se advierte que ella es, más que falsa, groseramente falsa. Resulta demasiado obvio que en nuestro país en la actualidad se violan cada día, y de modo gravísimo, los derechos de los que cometieron (o son acusados de haber cometido) ofensas hacia los demás, muy especialmente si ellos provienen de sectores económicamente desaventajados. Esas violaciones gravísimas incluyen la detención por años de personas a las que no se les ha probado la comisión de delito alguno; la privación de libertad a personas que han cometido delitos menores, y condiciones extremas, brutales, violentas para los que ya están encerrados. Es decir, descriptivamente, lo que la realidad nos muestra, sin ambages, sin ambigüedades, sin margen de duda alguno, es exactamente lo contrario de lo que aquella proposición vendría a sugerir. Si hoy tenemos un problema grave en materia de inseguridad, entonces, sin dudas, ése no es el de que el Estado argentino se está excediendo en la protección de los derechos de los delincuentes.

Una segunda posibilidad sería que al decir "estamos cansados de los derechos humanos de los delincuentes" se esté haciendo referencia a una explicación referida a la imposibilidad material de proteger, al mismo tiempo, los derechos de las víctimas y los derechos de los criminales. Pero esta respuesta también es, fundamentalmente, falsa: en los aspectos más básicos, resulta obvio que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Asegurarles a todos un juicio justo (escuchar a los acusados; asegurar que las pruebas de un juicio no sean inventadas); impedir la tortura; no encerrar a quien no ha sido encontrado culpable de ningún crimen; evitar que se trate a los detenidos como animales es perfectamente compatible con tener un presupuesto adecuado en materia de seguridad, o velar por la recuperación de las víctimas y la restauración de sus derechos. Es decir, no es en absoluto cierto que si queremos cuidar la seguridad de "los buenos ciudadanos" sea necesario, de algún modo, reducir los cuidados básicos hacia delincuentes.

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Una marcha sin cabeza

"Antes que nos maten, salgamos a la calle". Con ese fuertísimo slogan, vecinos marcharán hoy a las seis de la tarde hacia la Plaza de Mayo para pedir medidas contra la inseguridad. La manifestacón fue organizada por distintas ONGs y Radio Diez y habrá un escenario armado de espaldas a la Casa Rosada, donde hablarán el rabino Sergio Bergman y el sacerdote católico Guillermo Marcó, además de representantes de los credos musulmán y evangélico. También se leerán cartas de adhesión al acto enviadas por algunos famosos, como Susana Giménez, miliante pro pena de muerte, quien no estará presente. ¿Lograrán movilizar a la multitud que arrastró Juan Carlos Blumberg en 2004? Los organizadores estiman que habrá más de 50.000 personas.

Los abogados se ofrecen para custodiar a los presos

El Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Dr. Jorge Rizzo, anunció hoy una respuesta concreta para frenar los índices de delincuencia que golpean fuertemente a la población.

El Colegio Público propone que todas las personas que hayan recibido el beneficio de la libertad condicional, realicen tareas comunitarias o deban cumplir con estricto arresto domiciliario, cuenten con un oficial de supervisión que garantice a la comunidad el efectivo cumplimiento de la condena oportunamente impartida por la Justicia.

El Colegio Público cuenta con una gran cantidad de profesionales altamente capacitados para hacer el seguimiento correspondiente y velar por el cumplimiento de las penas previstas en cada caso.

Por eso se está ofreciendo al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la firma de un convenio por el cual se designen abogados para cumplir esta tarea que redundaría en beneficio de toda la población.

Un libro de Despoy sobre la independencia judicial

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, hablará en la Corte Suprema sobre su libro "Independencia de la Justicia". Será el miércoles 18 y en la oportunidad disertará la ministra Carmen Argibay.

Con la presencia de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos la vicepresidenta del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, y la ministra Carmen Argibay, se presentará el próximo miércoles 18, a las 14, en la Sala de Audiencias del 4º piso del Palacio de Justicia, el libro “Independencia de la Justicia – Estándares Internacionales”, escrito por Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación y Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados.

Junto al autor, hablarán en el acto la ministra Argibay, quien redactó el prólogo del libro; Luis María Cabral, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación; Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura; Rafael Gutiérrez, titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; el embajador Rafael Estrella, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; y Horacio Ravenna, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La Sedronar y el lío de los 14 paquetes de cocaína

La pericia ordenada por el juez federal de Quilmes, Luis Armella sobre la droga secuestrada en un auto de la SEDRONAR a fines de año pasado dio negativa, es decir que no es la misma droga secuestrada en un operativo realizado en Santa Fe, tal cual informaron en ese entonces funcionario del organismo.

Ahora el juez Armella ordenó una nueva pericia, esta vez con técnología proveniente de Australia, según informaron fuentes judiciales. En su momento el diario Crítica publicó que ocho kilos de cocaína fueron encontrados en una camioneta del SEDRONAR en 14 paquetes de la sustancia estaban camuflados en la carrocería de la Peugeot Partner, a cargo de Carlos Alberto Oreiro, chofer de José Ramón Granero, el titular de la Sedronar.

La cocaína fue encontrada el 30 de octubre del año pasado cuando mando a refaccionar el asiento del conductor del vehículo en la tapicería El Porve, de Avellaneda. En ese momento la SEDRONAR, a cargo de José Granero (foto) afirmó que no había nada raro en el hallazgo porque esa camioneta había sido cedida a la Sedronar tras haber sido secuestrada por la Gendarmería a un narcotraficante boliviano hacía más de un año, el 15 de octubre de 2007, en San Lorenzo, Santa Fe.

La SEDRONAR y el Ministerio de Justicia están enfrentados por la ley de despenalización del consumo privado de drogas. En el pasado el SEDRONAR se opuso a la reforma y esto llevó a un duto enfrentamiento con el Ministro Anibal Fernández. Algunos en el SEDRONAR recurdan que Armella, el juez de la causa, respondería al Ministro de Justicia.

Adiós a Biondini

Tal como anticipó Será Justicia Digital, la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la despenalización del consumo de drogas y acaba de rechazar definitivamente la personería política del partido neonazi de Alejandro Bioni. El Partido Nuevo, según la Corte, tiene un objetivo "ilícito" porque "promueve prácticas discriminatorias prohibidas por la ley". Aquí, el fallo de una decisión políticamente correcta pero no carente de polémica.

La Corte, sin despenalización y en contra de Biondini

Hoy, martes, hay reunión de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia. El anunciado fallo sobre la despenalización del consumo de drogas quedará para más adelante, ya que los jueces no quieren sacar un fallo de polémica en medio de la puja política por el adelanto electoral. Falta, en lo formal, el voto de Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal, y es muy probable que no se haga efectivo antes del 28 de junio.

Un fallo que sí podría salir es la declaración de inconstitucional de la candidatura a las elecciones de la agrupación de Alejandro Biondini (foto), el neonazi porteño, a la que, al parecer, se lo considerará antidemocrático. Y se anticipa un nuevo fallo sobre el corralito.

Una discusión sólo política

El proyecto de ley enviado anoche por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que establece el adelantamiento de las elecciones legislativas para el próximo 28 de junio, no merece objeciones jurídicas, según venían diciendo, antes de conocer la letra chica del proyecto, los distintos juristas de aparición mediática. ¿Pero será finalmente así? Aquí, los principales puntos del proyecto, que ya está en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados:

- "Fijase, por única vez y con carácter excepcional, en virtud de la profundidad y extensión de la crisis económica internacional, el día 28 de junio, como fecha para las elecciones de diputados nacionales para el período 2009-2013, y, en los distritos que corresponda para las elecciones de senadores nacionales para el período 2009-2015.

El Poder Ejecutivo efectuará la convocatoria al electorado de la Nación Argentina para que el 28 de junio proceda a elegir diputados y senadores nacionales según corresponda a cada distrito.

Se invita a las provincias cuyas constituciones lo permitan, a la convocatoria a elecciones provinciales simultáneas con las nacionales, a los fines del acortamiento de las campañas y la disminución de los costos respectivos.

Las elecciones se realizarán con el sistema establecido en el Código Electoral conforme al siguiente cronograma:

30 de diciembre: Cierre de registro de electores

14 de abril: Distribución y exhibición de listas provisorias.

28 de abril: Fin de plazo de constitución de alianzas.

29 de abril: Fin de plazo de reclamos electorales.

29 de abril: Inicio de campaña electoral de diputados y senadores.

9 de mayo: Fin de plazo de registro de candidatos y oficialización de listas.

27 de mayo: Inicio de campaña por medios de comunicación.

29 de mayo: Distribución y exhibición de padrones.

29 de mayo: Presentación de boletas para su oficialización.

29 de mayo: Límite para la designación y ubicación de mesas.

8 de junio: Limite para la designación de autoridades de mesa.

21 de junio: Restricción publicidad actos de gobierno.

28 de junio: Elecciones.

Mañana Righi designará al reemplazo de Garrido

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, nombrará mañana a Guillermo Noailles como fiscal de Investigaciones administrativas, tras la renuncia de Manuel Garrido de la semana pasada.

La designación estaba prevista para hoy, pero fuentes de la Procuración señalaron que se postergó, ya que no se había completado una serie de diligencias vinculadas al nombramiento, como la redacción de los fundamentos de la resolución.

Noailles ya ocupó ese lugar en la Fiscalía cuando, en forma provisora, quedó en el cargo desde la muerte de Néstor Pinzón, en 2001.

Lea en Será Justicia:
Se fue Garrido y el gobierno respira
Según los K, apenas un desencuentro
El yo no fui de Righi

¿Justicia o caza de brujas?

Estudios de abogados de la dictadura litigan contra Argentina en el CIADI (foto). Las empresas extranjeras que demandaron al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones cuentan en su mayoría con patrocinadores legales que son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén del último gobierno de facto.

Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cuentan en su mayoría con abogados que son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar.

Según informó ayer el diario Página/12, esos directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Mauricio Macri y Francisco de Narváez. El artículo indicó que Rodolfo Barra representa ante el CIADI a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares, pero su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi. También figuran en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.

Polémica decisión contra una ONG que seguía el caso Skanska

La cámara en lo Penal Económico condenó al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una entidad no gubernamental que se ocupa de causas por delitos económicos contra el Estado, a pagar parte de los gastos de la causa porque pidió participar en las medidas de investigación.

Pedro Biscay, su titular, había intentado participar como "amicus curiae" en la causa, una figura aceptada incluso por la Corte Suprema, que permite a los "amigos del tribunal" aportar documentación, puntos de vista o datos que pudieran ser relevantes para la investigación. Pero esa aspiración fue rechazada por la Sala B de la Cámara, que resolvió aplicarle las "costas" a la entidad, por solicitar el acceso a las actuaciones en la causa Skanska.

Biscay explicó - a través de un comunicado - que "esta decisión atenta contra el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de participar en este tipo de casos" y agregó que "el único objetivo de esta decisión es, claramente, desalentar a las ONG’s que fortalecen las investigaciones, aportan datos y pretenden monitorear el desempeño del poder judicial en este tipo de casos".

Información relacionada: Vea la entrevista de Lorena Maciel a Pedro Biscay sobre la lentitud de la justicia y las causas de corrupción pendientes en 2008.

La responsabilidad patrimonial de los funcionarios

Por Alejandro Drucaroff Aguiar

El bien común, la vigencia del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales, la vida digna de los ciudadanos, dependen, en gran medida, del cumplimiento por los funcionarios públicos de los deberes que les incumben, como representantes o mandatarios de la sociedad.

El funcionario debe ser idóneo (art. 16 CN), no puede ser designado ni aceptar serlo si no cumple ese requisito básico. Debe ser eficaz y eficiente, su gestión debe ser transparente, debe informar con amplitud y rendir cuentas periódicas. Son principios elementales de las leyes vigentes (Etica Pública; 25188, Empleo Público: 25164, Administración Financiera del Estado: 24156, -Código de Etica: Dec.41/99 entre otras).

La corrupción es un fenómeno muy grave por su magnitud y sus consecuencias. Priva a la comunidad de enormes sumas –más de 7.000 millones de dólares evaluados por la Procuración sólo en los casos llevados a juicio en la Argentina, un billón de igual moneda al año en el mundo según el Banco Mundial- e impide atender las necesidades básicas de millones de personas.
Se añaden conductas ilícitas demasiado habituales: uso de bienes y recursos estatales en beneficio personal, manejo groseramente negligente, compras superfluas, innecesarias o a precios superiores a los normales, contrataciones masivas de gente no idónea (por lo general parientes o amigos), desvíos de fondos, inejecución presupuestaria, etc.

No hay respuestas serias, desde el Gobierno ni desde la sociedad, ante los daños que causa la actuación dolosa o culposa de los funcionarios. Ahora bien, tales actos están sancionados por las leyes no sólo penalmente sino también con la responsabilidad patrimonial que impone indemnizar los perjuicios. Dicho con claridad: la mala gestión –sea intencional o culposa- obliga a los funcionarios a abonar de su peculio los daños causados. Conforme arts. 1112 del Código Civil, 130 de la Ley 24.156 y normas de procedimiento, cada repartición debe informar a su superior de cualquier hecho dañoso, su servicio jurídico debe determinar el daño y reclamarlo a su autor por vía administrativa o judicial. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro intervienen en el sumario (Dec.1154/97) y la Sindicatura General de la Nación debe informar al Presidente trimestralmente de los perjuicios y los procedimientos adoptados para su resarcimiento (Ley 24.156 art. 104 k).

Pese a existir las normas y los procedimientos el resultado es pobrísimo, en daños identificados como en acciones para recuperar el patrimonio perdido o lograr las indemnizaciones. Ni siquiera a quienes confesaron apropiarse de los tristemente conocidos “sobresueldos”, les fue reclamada su devolución. Peor aún, se restringe la actuación de los Fiscales que mayor preocupación en el tema demuestran, como acaba de suceder con el Fiscal Garrido.

En un mundo donde el dinero es el principal objeto de culto, si quienes ejercen el poder –o se asocian a él para obtener beneficios- fueran forzados a devolver lo mal habido o a indemnizar por los perjuicios, su actuación sería sustancialmente diversa. La sociedad civil tiene a su alcance acciones individuales y colectivas, a través del Defensor del Pueblo y de las ONG- para controlarlo y exijirlo.

El yo no fui de Righi

Tras la renuncia de Manuel Garrido , autor de algunas de las más importantes denuncias de corrupción contra funcionarios kirchneristas, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, señaló hoy que no tiene "la menor idea" sobre los motivos de la dimisión del fiscal, quien lo acusó de limitar sus pesquisas.

"Yo no le recorté a Garrido ninguna atribución", sostuvo Righi, autor de la resolución 147 que en 2008 impuso al fiscal la prohibición de actuar en causas penales contra funcionarios públicos por corrucpión en las que no se hubiese constituido desde el inicio. Garrido renunció ayer como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y atribuyó la decisión al "recorte de facultades" dispuesto en noviembre por el procurador general de la Nación, Esteban Righi. En un texto de 21 páginas dirigido al jefe de los fiscales, Garrido criticó en duros términos la resolución que acotó la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas judiciales, expuso las limitaciones que sufre el organismo, se quejó por el escaso avance de los expedientes sobre corrupción y llamó a discutir el papel de los organismos de control en el sistema democrático.

"El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar -dijo en referencia a la resolución de Righi- deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes". Righi, digamos, se hizo el distraido. Lo llamarà el Congreso para que de explicaciones. El adelanto de las elecciones dispuesto por el gobierno de Cristina Kirchner hace que los políticos estén mirando para otro lado.

Segun los K, apenas un desencuentro

La versión oficial sobre la renuncia del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, fue bien livianita. El diario Página/12 le dio más lugar a la postura del Esteban Righi, jefe de todos los fiscales, con quien Garrido estaban enfrentado. Según el diario, "Garrido afirmó que le recortaron sus funciones mediante una resolución en la que Righi tuvo que contestar una consulta de la Cámara Federal y del propio Garrido". Agrega que "el procurador sostuvo que el fiscal de Investigaciones Administrativas sólo puede encabezar causas cuando el fiscal a cargo del caso desistiere de requerir la instrucción, acusar o elevar a juicio el expediente. Righi opinó que había un choque, una superposición, con los fiscales federales encargados de cada causa".

Además, Página sugiere el pase de Garrido a la oposición. Dice así: "Garrido dio el paso al costado. Se dice que tal vez realice tareas académicas en el exterior. Otros sostienen que su idea es encabezar o sumarse a una ONG y tampoco faltan quienes afirman que pegará un salto a alguna candidatura, tal vez de la Coalición Cívica, algo que Garrido desmiente taxativamente." La agencia oficial de noticias, Telam, directamente ignoró la renuncia del funcionario que denuncia la corrupción kirchnerista más que ningún otro. Para qué hablar de aquello que duele.

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Se va Garrido y el Gobierno respira

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, impulsor de muchos de los expedientes por presuntos casos de corrupción en la era kirchnerista, renunció a su cargo ayer. El funcionario fue quien destapó el llamado caso Skanska. A fin del año pasado, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, había recortado las facultades de la FIA, lo que generó un fuerte conflicto. ¿Qué será de Garrido? ¿Habrá brindis en Olivos?

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Dejar al enfermo al borde del abismo

La Cámara del Crimen confirmó hoy el procesamiento de cinco de los seis médicos que atendían al conductor Juan Castro antes de morir por el delito de homicidio culposo. Además, les trabaron un embargo por 1.100.000 pesos.

En la tarde del 2 de marzo, Castro, de 33 años, cayó desde el balcón del primer piso de un edificio ubicado en El Salvador al 4753. Se precipitó desde unos 6 metros de altura, los 4,80 metros de altura del primer piso, más 1,20 metro del balcón.

El conductor televisivo debía estar internado por su adicción a las drogas y, a pesar de ello, se le permitió salir de la clínica donde se rehabilitada, tras lo cual murió. La autopsia realizada al cuerpo del periodista confirmó que cuando cayó del balcón de su departamento estaba bajo los efectos del consumo de drogas. Los médicos procesados son quienes estaban a cargo de su cuidado.